Los hechos: desapariciones forzadas de una magnitud comparable a la de un conflicto armado en México
Javier Sicilia, poeta e impulsor de los colectivos de víctimas, describe la situación en México como "una fosa común a cielo abierto". Jimena Reyes, responsable de la Oficina de América Latina de la FIDH, lo explica como sigue: "La FIDH lleva diez años documentando las desapariciones forzadas en México. En 2026 se ha alcanzado un nivel de gravedad propio de un contexto de conflicto armado, sin que exista tal conflicto".
Desde 2006 se ha observado un aumento de la violencia en México notable y preocupante: más de 250.000 homicidios, 100.000 desapariciones forzadas, el descubrimiento de miles de fosas comunes, todo ello en un contexto de impunidad del 98% de los crimenes.
La mayoría de estas desapariciones están relacionadas con el crimen organizado. Afectan principalmente a personas jóvenes y pobres, de las cuales el 75% son hombres y el 25% son mujeres. Los grupos del crimen organizado pretenden controlar el territorio mediante el terror. Se silencia a las víctimas de por vida, ya sea por negarse a pagar el chantaje, trabajar para un grupo rival, ser testigos de hechos que no debían presenciar o simplemente por encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado.
La movilización: diez años de investigaciones y denuncias
La FIDH, junto a las asociaciones de víctimas y la sociedad civil mexicana, documenta estos crímenes de lesa humanidad. Ha investigado sobre lo siguiente:
– las desapariciones forzadas en Coahuila de Zaragoza, con 90 organizaciones locales (2017); [1]
– las desapariciones forzadas en Chihuahua entre 2008 y 2010 (2018); [2]
– el descubrimiento de fosas comunes en Colinas de Santa Fe (305 cuerpos) y en El Arbolillo (310 cuerpos) en la provincia de Veracruz, y hasta 20.000 desapariciones forzadas en ese mismo estado desde 2006, debido a las cuales la justicia ha condenado a algunas autoridades oficiales (2021); ;
– las desapariciones forzadas en Nayarit y el descubrimiento de 140 cadáveres en fosas clandestinas, vinculado con una alianza criminal con el gobernador y el fiscal general de Nayarit, que cumplen condenas de prisión en Estados Unidos (2021). [3]
Se hizo un trabajo riguroso, preciso e indispensable para denunciar estos crímenes ante las autoridades mexicanas y apelar al derecho penal internacional.
Gracias a esta movilización ante las instancias mexicanas se ha logrado que el Gobierno reconozca al menos parcialmente la existencia de desapariciones forzadas tras lo cual se ha aprobado una ley que obliga a las personas juezas de instrucción a realizar análisis de contexto. Estos análisis tienen por objeto identificar los factores sociales, políticos o históricos que hacen posibles las violaciones de los derechos humanos que se cometen, en el marco de la instrucción de un caso penal. De este modo, la FIDH ha capacitado a más de 30.000 personas del funcionariado en materia de análisis de contexto.
Sin embargo, los esfuerzos de la FIDH todavía no han logrado sus objetivos en el ámbito de la justicia internacional. Se ha alertado en repetidas ocasiones a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que abra una investigación preliminar en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma, pero esta investigación nunca se ha iniciado debido a las presiones del Estado mexicano.
El reto: frente a la impunidad, el reconocimiento del carácter sistemático y generalizado de las desapariciones forzadas
¿Por qué persiste una situación tan grave, a pesar de las denuncias y las pruebas? Si las desapariciones forzadas continúan y las fosas clandestinas se multiplican, es sobre todo debido a la impunidad generalizada que impera.
Una causa es la connivencia de las autoridades locales mexicanas. Con mucha frecuencia, estos crímenes se cometen con la complicidad de autoridades que miran hacia otro lado, cuando no colaboran directamente en las desapariciones forzadas. A pesar de este reconocimiento parcial de los hechos, México continúa negando la magnitud de los crímenes, así como su carácter sistemático y generalizado.
La justicia parece desbordada. El personal de investigación estima que serían necesarios 130 años para juzgar individualmente los casos.
La solución clave para salir de este círculo infernal es el reconocimiento del carácter sistemático y generalizado de las desapariciones forzadas, tanto por parte de México como de los organismos internacionales. Este reconocimiento permitiría:
– afrontar la investigación con otra metodología, agrupando los casos por lugar, método y dimensión temporal para constituir “macro-casos”, lo que permitiría a la justicia mexicana juzgar “bloques” de delitos, en lugar de cada situación caso por caso;
– juzgar a las personas autoras materiales, así como también a las intelectuales de estos delitos al identificar las cadenas de mando y el modus operandi;
– solicitar la ayuda de la Corte Penal Internacional y la cooperación internacional con el fin de avanzar en estas complejas investigaciones.
Sin embargo, actualmente el Gobierno mexicano insiste en negar el carácter sistemático y generalizado de las desapariciones forzadas, a pesar de las pruebas abrumadoras que se acumulan desde hace veinte años, el conocimiento de los hechos por parte de los organismos internacionales y su notoriedad pública.
Impacto: primer reconocimiento internacional de "la existencia de indicios" sobre la naturaleza sistemática y generalizada de las desapariciones forzadas en México
Ante estos obstáculos, la FIDH decidió actuar al más alto nivel. En 2025, en vistas de la negación de México y la falta de acción de la CPI, remitió toda la documentación y las denuncias al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
El Comité no ignoraba estos hechos, ya que México es uno de los dos países, junto con Iraq, sobre los que recibe más información urgente en materia de desapariciones forzadas. Sin embargo, el trabajo de la FIDH tuvo un efecto acelerador y desencadenó, por primera vez en la historia, un procedimiento inaudito. Se trata de un instrumento jurídico nunca antes utilizado, lo que hace de este un caso emblemático del logro del trabajo de la sociedad civil mexicana y la FIDH.
De hecho, el Comité indica que la FIDH le transmitió "indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio" bajo la jurisdicción de México. Continúa como sigue: "
La información recibida más recientemente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, en febrero y en abril 2025, sugiere que el fenómeno de las desapariciones, incluidas las desapariciones forzadas, es lo suficientemente grave en el Estado parte como para merecer la acción del Comité en virtud del artículo 34 de la Convención.
"
En efecto, el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece lo siguiente: "Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas".
Repercusiones: México ante sus responsabilidades, la sociedad civil dispuesta a colaborar con la justicia
A raíz de este dictamen, el Comité recibió una carta firmada por 20.495 personas y colectivos que respaldaban la puesta en marcha del procedimiento.. El 4 de abril de 2025, el Comité aprobó la decisión de solicitar a México toda la información pertinente sobre la situación.
México reacciona tras la apertura del procedimiento, aunque lamentablemente sigue negando los hechos y rechaza públicamente la decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas. Esta reacción es contraria a sus compromisos internacionales, ya que México es parte del Estatuto de Roma, y, por otra parte empaña su credibilidad internacional en lo que respecta a su capacidad para respetar el Estado de derecho y actuar cuando se cometen crímenes de lesa humanidad en su propio territorio.
Por su parte, la sociedad civil mexicana está dispuesta a colaborar con la justicia. Ante la falta de acción de la policía, las madres buscadoras han aprendido a encontrar los cuerpos, y, por su parte, la FIDH respalda a estos grupos de mujeres para que se capaciten y se institucionalicen. La sociedad civil lleva a cabo análisis de sistematicidad con ayuda de cuadros rigurosos. El funcionariado ya recibe capacitación en análisis de contexto.
México debe reconocer ante el Comité de Desapariciones Forzadas lo que el mundo ya sabe: el carácter sistemático y generalizado de las desapariciones forzadas. Si el Estado mantiene su postura negacionista, el Comité no tendrá más remedio que alertar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, exponiendo a los Estados miembros la falta de acción de México ante la impunidad.
El Comité de Desapariciones Forzadas tomará una decisión en las próximas semanas.