Los hechos
El 17 de abril de 2026, pocos días después de la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) de remitir la situación de México ante la Asamblea General de la ONU bajo el artículo 34 de la Convención, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció un cambio en su modelo de procuración de justicia. La Fiscal General Ernestina Godoy reconoció públicamente que, durante años, el Estado respondió de manera “fragmentada e insuficiente” frente a fenómenos criminales complejos, y presentó un nuevo Plan Estratégico de Procuración de Justicia orientado a priorizar la investigación de desapariciones, los feminicidios y las extorsión. “El diagnóstico es claro: la criminalidad ha cambiado hacia estructuras de macrocriminalidad que no pueden ser combatidas con investigaciones fragmentadas, esfuerzos aislados o burocracia ministerial. Por ello, la Institución ha determinado que el éxito de la procuración de justicia ya no se medirá por el volumen de carpetas de investigación iniciadas o archivadas” indica el plan estratégico.
La presentación de esta plan se produjo tras la activación del procedimiento del artículo 34, luego de que el CED concluyera que en México existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada y sistemática como crímenes de lesa humanidad. La decisión abrió un espacio internacional clave para exigir respuestas más coordinadas frente a la crisis de desapariciones y la impunidad estructural que afecta a las víctimas y sus familias.
La movilización
La FIDH a lo largo de estos últimos 10 años ha documentado la existencia de crímenes de lesa humanidad en Coahuila, Vera Cruz, Nayarit y Baja California, ha insistido, en documentos y reuniones con las fiscalías locales y la FGR, en conferencias de prensa, en comunicaciones ante la Corte Penal Internacional, en la necesidad de abandonar las investigaciones aisladas persona por persona y adoptar metodologías que permitan identificar patrones, vínculos entre casos, cadenas de mando y estructuras criminales más amplias. En febrero de 2025 solicitó formalmente la activación del procedimiento del artículo 34 del CED, sobre la base de más de una década de documentación e incidencia realizada junto con organizaciones mexicanas, sus organizaciones miembros y colectivos de víctimas.
Asimismo, ha documentado y publicado dos informes sobre las desapariciones de mujeres: uno sobre las desapariciones vinculadas a la trata de personas en el Estado de México y otro sobre las deficiencias en la respuesta de las autoridades del estado de Guerrero frente a las desapariciones de mujeres y niñas.
Estos informes fueron complementados por unamisión de incidencia realizada en México en noviembre 2025 junto con Idheas y el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), entre las principales recomendaciones figuraban la necesidad de investigar de manera articulada las desapariciones, la trata de personas y el feminicidio entre otras reforzando la coordinación entre las fiscalías especializadas.
En este contexto, el reconocimiento público por parte de la Fiscalía General de la República de las limitaciones del enfoque fragmentado y el anuncio de una estrategia basada en la coordinación interinstitucional, la unificación de criterios de investigación y el fortalecimiento de unidades especializadas representan un avance significativo frente a las preocupaciones planteadas durante años por la FIDH, sus socios y los colectivos de víctimas.
Qué sigue
Si bien la FIDH acoge con gran satisfacción estos anuncios, subraya que un cambio significativo requerirá voluntad política, recursos adecuados y un acompañamiento internacional sostenido.
La FIDH espera que estas anunciadas reformas se materialicen y que la metodología de investigación en México evolucione hacia un enfoque que garantice el acceso digno a la justicia para las víctimas y sus seres queridos, la identificación de patrones, el reconocimiento de la frecuente colusión entre servidores públicos y el crimen organizado y en algunos casos la existencia de crímenes de lesa humanidad y que, en última instancia, todo esto contribuya a la sanción de los más altos responsables de estos crímenes, al desmantelamiento de las principales estructuras delincuenciales y a una reducción significativa de las desapariciones forzadas y los feminicidios en el país.
La FIDH seguirá monitoreando de cerca la implementación de estas reformas.