La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe el 12 de febrero, en el que se identifican 112 entidades empresariales que participan en actividades concretas relacionadas con los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encomendó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) la elaboración de una base de datos de las empresas que participan en actividades concretas relacionadas con los asentamientos. De las entidades identificadas, 94 tienen su sede en Israel y 18 en otros seis Estados: Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Tailandia y el Reino Unido.
La FIDH, junto con sus organizaciones miembro y asociadas, acoge con satisfacción la publicación de esta tan esperada base de datos, reflejo de la incansable labor de movilización y documentación de la sociedad civil, que sirvió de base para el informe del ACNUDH. En el territorio palestino de Jerusalén Oriental, la FIDH denunció la participación de empresas francesas, EGIS y SYSTRA –ambas filiales de instituciones públicas– y ALSTOM, en la construcción de una línea de metro ligero destinada a conectar Jerusalén Occidental con los asentamientos israelíes ilegales del lado palestino de Jerusalén, en violación del derecho internacional. Systra y Alstom se retiraron del proyecto en junio de 2018 y mayo del 2019, respectivamente, hecho que fue seguido de la retirada parcial de Egis en noviembre del 2019. Egis y Alstom siguen figurando en la base de datos de las Naciones Unidas, ya que participan en otras actividades relacionadas con los asentamientos israelíes.
Tras la difusión del informe sobre la marcha de los trabajos del ACNUDH en enero de 2018, la FIDH, la Red Global de Acción Legal (GLAN) y el Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (SOMO) publicaron una comunicación conjunta, en la que se proponía un marco normativo y criterios sólidos para la incorporación de una empresa a la base de datos, y se exponían las diversas formas en que las empresas israelíes y extranjeras participaban en los asentamientos. La FIDH también abogó ante la Unión Europea, subrayando la suma importancia del apoyo de la UE y sus Estados miembros a la base de datos de las Naciones Unidas como medida necesaria y proporcionada para promover una mayor transparencia, responsabilidad y respeto del derecho internacional tanto por parte de los Estados como de las empresas.
La FIDH insta a la comunidad internacional a utilizar el informe de las Naciones Unidas como referencia para poner fin al comercio de productos de los asentamientos y a las actividades de las empresas que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de los asentamientos. La FIDH advierte a las empresas mencionadas en la base de datos de que no deben llevar a cabo ninguna actividad que pueda ser contraria a los compromisos adquiridos en materia de derecho internacional y de derechos humanos, y les recuerda el riesgo de ver comprometida su responsabilidad legal.