"Estos ataques están minando la democracia en Hungría y afectan también a los valores fundacionales de la Unión Europea. Si no se toman medidas, lo que se cuestiona es todo el proyecto de la Unión Europea como comunidad de valores."
El informe, de 84 páginas, elaborado tras una investigación de un año sobre la situación de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Hungría, muestra el modo en que el Gobierno ha modificado el marco jurídico e institucional del Estado en su propio beneficio, mediante una erosión progresiva de los mecanismos de control y de los equilibrios democráticos, menoscabando el Estado de derecho en el país.
El informe explica el modo en que la nueva constitución, la ley fundamental, así como más de 600 leyes y medidas adoptadas desde 2010 han repercutido de forma negativa en los derechos humanos en todos los ámbitos y en la separación de poderes, un elemento fundamental de la democracia y del Estado de derecho. Todos los contrapoderes, de forma sistemática, se han ido debilitando o poniendo bajo control del ejecutivo, desde el poder judicial y el legislativo, a los medios de comunicación y la sociedad civil. En Hungría, se han socavando los mecanismos que en un Estado democrático funcionan como elementos de control y de equilibro para garantizar la supervisión democrática y la rendición de cuentas de las acciones del Gobierno, hasta el punto en que ya no pueden salvaguardar la democracia, el Estado de derecho ni los derechos humanos. La mayoría de las leyes se aprueban por procedimientos expeditivos, que eluden las normas democráticas y limitan el debate parlamentario y público así como la participación de las partes interesadas.
También se ha restringido el espacio de la sociedad civil. Las ONG críticas con el Gobierno han sido creciente objeto de campañas orquestadas por fuerzas gubernamentales así como de investigaciones y procesos por motivos políticos. Estos hechos obstaculizan de forma significativa la posibilidad de las organizaciones de la sociedad civil de llevar a cabo su labor y contribuyen a crear un clima de intimidación para las ONG.
El informe expone asimismo las violaciones de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas provocadas por la drástica y profunda transformación del sistema húngaro de asilo en respuesta al aumento de los flujos migratorios de llegada al país en 2015. Estas violaciones y la campaña de información antimigrantes que lleva a cabo el Gobierno desde 2015 y que culminó el 2 de octubre con un referéndum sobre cuotas de refugiados, muestran el desafío constante de Hungría a las obligaciones adquiridas en virtud del derecho internacional y del derecho comunitario. La séptima y última enmienda a la Ley Fundamental de Hungría, que está prevista sea votada el próximo 8 de noviembre, supondrá un paso más en este proceso. Al exigir la aprobación por parte del parlamento húngaro para poder reubicar a personas refugiadas en Hungría de acuerdo al plan de emergencia de la UE, la enmienda propuesta desafía a las decisiones que tomen los Estados miembros de la UE en el Consejo de la UE.
Además de los procedimientos por infracción y de los intercambios entre la Comisión Europea y el Gobierno húngaro en relación a aspectos específicos de la legislación que plantean dudas en cuanto a su compatibilidad con el derecho de la UE, la Unión no ha tomado, hasta la fecha, ninguna medida concreta para hacer frente a la situación de un modo más amplio. Esto, a pesar de las preocupantes señales de que se están produciendo hechos similares en otros Estados miembros de la UE, que socavan aún más el Estado de derecho, sumado a la falta de acción de la UE hacia Hungría parece allanar involuntariamente el terreno para que se extienda a otros países.
"La Unión Europea debe mostrar su firmeza a la hora de garantizar el pleno cumplimento, por parte de sus Estados miembros, de las obligaciones adquiridas en virtud de los Tratados, entre ellas las que derivan del artículo 2 del TUE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Debería dejar de justificarse mediante deficiencias de procedimiento y velar por que se exija el mismo grado de respeto por la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos a todos los Estados miembros antes y después de su incorporación"
La continua falta de acción por parte de la UE contra Hungría es aún más sorprendente tras la activación por parte de la Comisión Europea, a principios de este año, del Marco de la UE para reforzar el Estado de derecho contra Polonia. La FIDH acogió esta medida con satisfacción, pero lamenta que la UE no haya mostrado el mismo compromiso para mantener sus propios valores fundacionales ante la situación de Hungría, igualmente alarmante.
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| Antecedentes Artículo 7 TUE El artículo 7 del TUE proporciona un mecanismo que se debe activar cuando exista un riesgo claro de incumplimiento grave por parte de un Estado miembro de los valores a los que se hace referencia en el artículo 2 del TUE (artículo 7.1). Cuando se haya constatado la existencia de una violación grave y persistente, y después de invitar al Estado en cuestión a presentar sus observaciones (artículo 7.2), el Consejo podrá decidir que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados respecto al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto del representante del Gobierno de dicho Estado miembro en el Consejo (artículo 7.3). El Consejo podrá decidir posteriormente, por mayoría cualificada, la modificación o revocación de las medidas adoptadas, de conformidad con el apartado 3, como respuesta a cambios en la situación que motivó su imposición (artículo 7.4). El marco de la UE para reforzar el Estado de derecho El marco del Estado de derecho fue adoptado por la Comisión Europea en marzo de 2014 para hacer frente a las amenazas sistémicas contra el Estado de derecho en los Estados miembros de la UE. Establece una herramienta que permite a la Comisión iniciar un diálogo con el Estado miembro en cuestión para impedir que surja y se produzca una escalada de una amenaza sistémica que podría convertirse en un "riesgo claro de violación grave" que podría desencadenar el uso del mecanismo del artículo 7 del TUE. El marco, que estaba destinado a suplir las deficiencias de los demás instrumentos que la UE tiene a su disposición para abordar violaciones específicas del derecho de la Unión en sus Estados miembros (como los procedimientos por infracción establecidos en el artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 7 del TUE, que se activó por primera vez en enero de 2016 contra Polonia. Este procedimiento está pendiente de resolución. |