En 2003, la FIDH y la CODEPU, su organización chilena, presentaron la denuncia ante la CIDH contra Chile y presentaron los alegatos de admisibilidad en 2007, después prepararon el proceso y participaron en reuniones con el Estado chileno en 2008 - 2009. Igualmente en 2009, la FIDH permitió el encuentro de las vícitmas en Washington D.C. sede de la CIDH, donde las víctimas pudieron llevar actividades de cabildeo.
La decisión de la Corte es un paso importante para la lucha contra la impunidad en Chile, especialmente en relación con el destino de los militares legalistas y el acceso a la justicia para las víctimas de la justicia militar bajo regímenes dictatoriales.