La comunidad Piquiá de Baxio será reasentada!

La comunidad de Piquiá de Baixo asentada en el Municipio de Açailândia (Maranhão,Brasil) ha sufrido desde hace treinta años los efectos devastadores de la contaminación incesante y el daño continuo de los recursos hídricos, así como un sistema de limpieza urbana precario, producto del ciclo de minería y de industrias siderúrgicas en su región.

Durante años, la comunidad ha demandado la reparación adecuada de sus derechos ante las autoridades competentes. En 2011, la FIDH, junto con las organizaciones Justiça nos Trilhos y Justiça Global a través de su informe “Quanto valem os direitos humanos?” (en portugués) denunciaron los graves impactos de la industria minera/siderúrgica sobre esta comunidad. Desde entonces se ha acompañado a los habitantes, para denunciar ante las autoridades en Brazil, la OEA y las Naciones Unidas, la desatención del Estado y las responsabilidades de las empresas, reivindicando el reasentamiento colectivo en una área libre de polución. Recientemente, en octubre de 2015, se llevo a cabo una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se llamó la atención al Estado brasileño sobre la necesidad de garantizar el reasentamiento de esta comunidad.

Es así que gracias a la movilización de la comunidad de Piquià do Baixo, el día 29 de diciembre la Asociación Comunitaria de los Vecinos de Piquiá, que reagrupa las familias afectadas, recibieron la escritura con el título de propiedad del “Sitio São João”; terreno de 38 hectáreas donde se construirá un barrio nuevo alejado de la contaminación del ciclo de minería y de industrias siderúrgicas. Así mismo, el día 31 de diciembre, el Ministerio de las Ciudades formalizó la selección del proyecto presentado por la Asociación que permite garantizar el aporte financiero del Estado y de las empresas responsables para la construcción de 312 habitaciones y de la infraestructura básica.

La FIDH recuerda que este importante avance no puede dejar de lado las obligaciones del gobierno brasileño de controlar los niveles de emisiones, de garantizar que todas las personas que necesiten ser reasentadas queden contempladas y de apoyar a la comunidad en su gran desafío de construir su nuevo barrio en regimen de autogestión. Además, el Estado no puede dejar de compensar igualmente las violaciones de los derechos a la salud y a la educación de la comunidad, lo que implica como protección básica, la financiación de servicios esenciales, tales como una escuela y un puesto de salud en la nueva localidad.

Ver Resumen Ejecutivo del informe en español

Leer más