Tras las protestas de noviembre de 2019, la organización miembro de la FIDH Justice for Iran realizó una exhaustiva investigación sobre las violaciones cometidas durante las manifestaciones, entre otros, sobre el uso generalizado de una fuerza letal excesiva contra quienes se manifestaban, lo que provocó la muerte de cientos de personas y heridas a varios miles. Estas muertes se produjeron en el contexto de un apagón casi total de Internet impuesto por las autoridades iraníes, un cierre cuyo objetivo era restringir la capacidad de las personas manifestantes para documentar y compartir información sobre las violaciones que se estaban produciendo. La investigación de Justice for Iran identificó a los principales responsables de dictar estas órdenes y de efectuar los disparos, entre ellos el Cuerpo de Policía, el Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos (IRGC) y la Organización Basij.
Desde el que terminaron las manifestaciones, se han continuado produciendo violaciones, y las personas detenidas en las protestas han tenido que enfrentarse a cargos y sentencias, en algunos casos, incluso a la pena de muerte. Los autores de estas violaciones no han rendido cuentas y continúan ocupando puestos de alto nivel en el aparato estatal y de seguridad iraní.
Desde febrero de 2020, la FIDH y Justice for Iran han llevado a cabo una labor de incidencia conjunta ante la Unión Europea y sus Estados miembros para instarles a que amplíen la lista de personas sometidas a sanciones a fin de incluir a los miembros de la red de responsables de las numerosas violaciones que tuvieron lugar durante las protestas de noviembre de 2019 y después de las mismas.
A lo largo de las últimas décadas, la FIDH y sus organizaciones miembros en Irán también han llevado a cabo una larga labor de incidencia ante la Unión Europea y sus Estados miembros para pedir que se dé prioridad a los derechos humanos en las relaciones entre la Unión e Irán. La ampliación de las sanciones es un paso adecuado en la dirección corre