El informe afirma que las políticas comerciales de la UE y los derechos humanos pueden y deben reforzarse mutuamente e insta a la UE a hacer un uso efectivo de las cláusulas de derechos humanos en sus acuerdos internacionales a través de "la creación de un mecanismo eficaz de seguimiento de las violaciones graves de derechos humanos que puedan producirse en el marco de actividades empresariales; pide que garantice debidamente el cumplimiento y el seguimiento de las cláusulas de derechos humanos, en particular a través de valores de referencia, con la participación del Parlamento, la sociedad civil y las organizaciones internacionales pertinentes; pide que se establezca un mecanismo de reclamaciones eficaz e independiente destinado a los grupos de ciudadanos y a las partes interesadas que resulten afectados por violaciones de los derechos humanos; recalca que la Unión y sus Estados miembros deben impedir todo tipo de violaciones de los derechos humanos cometidos por las empresas, así como las repercusiones negativas de las actividades empresariales."
El Parlamento Europeo subraya la importancia de que las empresas de la UE desempeñen un papel destacado en la promoción de las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos. Es responsabilidad de las empresas garantizar que "sus actividades y cadenas de suministro no estén implicadas en abusos de los derechos humanos, como el trabajo forzoso o infantil, la violación de los derechos de los pueblos indígenas, el acaparamiento de tierras, las amenazas y los ataques a defensores de los derechos humanos o la degradación medioambiental," tanto si operan en su propio país como en el extranjero, y siempre deben cumplir plenamente las normas internacionales de derechos humanos.
Asimismo, el Parlamento Europeo destaca la necesidad de establecer "un instrumento internacional vinculante que regule, en el Derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las sociedades transnacionales y otras empresas; pide una propuesta legislativa sobre la diligencia debida de las empresas y su actuación en materia de derechos humanos, con el fin de prevenir abusos en sus operaciones internacionales y de mejorar el acceso de las víctimas de abusos empresariales a la tutela judicial; subraya la necesidad de que todos los países apliquen plenamente los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y pide a los Estados miembros de la Unión que aún no hayan adoptado planes de acción nacionales en materia de empresas y derechos humanos que lo hagan a la mayor brevedad; anima a la Unión y a sus Estados miembros a que participen de manera constructiva en la labor del grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a derechos humanos; considera que se trata de un paso necesario en la promoción y protección de los derechos humanos." Lea la declaración conjunta de la FIDH y de una coalición de grupos de la sociedad civil europea en la que se exige a la UE que deje de obstaculizar un tratado para garantizar que las empresas respeten los derechos humanos del Parlamento Europeo, aprobada el 15 de enero, que destaca un gran número de áreas de trabajo clave de la FIDH sobre las políticas de la UE que afectan a los derechos humanos, en particular sobre la globalización, el comercio, las nuevas tecnologías, las armas, los conflictos y la impunidad, los mecanismos de sanciones y el clima.].
En el informe se destacan importantes cuestiones relacionadas con el sistema de preferencias del SGP+ en vigor y se subraya que los países beneficiarios deben "presentar avances en todos los aspectos de los derechos humanos; observa que unos mecanismos de control reforzados y eficaces podrían fortalecer la capacidad de influencia de los regímenes de preferencias comerciales ante las violaciones de los derechos humanos; apoya la introducción y la aplicación de cláusulas de condicionalidad en materia de derechos humanos en los acuerdos internacionales celebrados entre la Unión y terceros países, también en los relativos al comercio y la inversión; pide a la Comisión que vigile sistemáticamente la aplicación de estas cláusulas para garantizar que los países beneficiarios los respetan, y que informe periódicamente al Parlamento sobre el respeto de los derechos humanos por los países socios." Lea también el documento en el que se expresan las inquietudes por la futura regulación del sistema generalizado de preferencias que otorga ventajas comerciales a los países en desarrollo de la Plataforma de Reforma del SGP de la que es miembro la FIDH.
Con respecto a las nuevas tecnologías, existe una gran necesidad de "abordar la amenaza potencial de las nuevas tecnologías para los derechos humanos, incluida la desinformación, la vigilancia masiva, las noticias falsas, la incitación al odio, las restricciones impuestas por Estados y el uso abusivo de la inteligencia artificial," entre otros, el uso creciente de tecnologías de cibervigilancia de doble uso contra activistas de derechos humanos, periodistas, opositores políticos y abogados, y el Parlamento Europeo pide a la Unión que "colabore con los Gobiernos de terceros países para poner fin a las prácticas y la legislación represivas en materia de ciberseguridad y lucha contra el terrorismo." Los eurodiputados piden además a todos los Estados miembros de la UE que cumplan estrictamente el Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas y, en particular, que "pongan fin a todas las transferencias de armas y de equipos de vigilancia e inteligencia que los gobiernos puedan utilizar para conculcar los derechos humanos, especialmente en el contexto de conflictos armados; insiste en la necesidad de una transparencia total y de que los Estados miembros informen periódicamente sobre sus transferencias de armas; expresa su grave preocupación en relación con el empleo de drones armados fuera del marco jurídico internacional; pide, asimismo, a la Comisión que le mantenga debidamente informado acerca del uso de fondos de la Unión para proyectos de investigación y desarrollo asociados con la fabricación de drones; insta al VP/AR a que prohíba el desarrollo, la producción y el uso de armas totalmente autónomas que permitan llevar a cabo ataques sin intervención humana." Lea más sobre el trabajo de FIDH sobre terrorismo, vigilancia y derechos humanos.
Los conflictos, la impunidad y la cuestión de las sanciones son también una característica importante del informe. Además de condenar enérgicamente todos "los execrables crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por actores tanto estatales como no estatales, incluidos los perpetrados contra ciudadanos que ejercían pacíficamente sus derechos humanos," el Parlamento Europeo pide "que movilicen todos los recursos necesarios para llevar ante la justicia a todos los responsables, que asistan a las víctimas y que respalden los procesos de estabilización y reconciliación; (…) pide al SEAE y a la Comisión que incluyan una ambiciosa estrategia de lucha contra la impunidad en el tercer Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia; recomienda encarecidamente la creación de un observatorio europeo de prevención, rendición de cuentas y lucha contra la impunidad; reitera su petición al VP/AR de que nombre a un representante especial de la Unión en materia de Derecho humanitario internacional y justicia internacional con el mandato de fomentar, integrar transversalmente y representar el compromiso de la Unión en favor de la lucha contra la impunidad; (...) la creación de un mecanismo de sanciones de la Unión en materia de derechos humanos, la denominada ‘lista Magnitski’, que permita imponer sanciones selectivas contra los cómplices de graves violaciones de derechos humanos, (…) y que el Consejo que acelere sus debates para que en el plazo más breve se adopte la legislación correspondiente, se ponga en marcha dicho mecanismo y se le financie adecuadamente; destaca la importancia de que este sistema esté sujeto al mecanismo de control jurisdiccional de la Unión; destaca asimismo, como ejemplo a seguir, la promulgación por parte de algunos Estados miembros de la Unión de leyes que prevén la imposición de sanciones a las personas consideradas responsables de violaciones de los derechos humanos.” Véanse también las recomendaciones de la FIDH para el examen del Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos y democracia.
El Parlamento Europeo destaca además los beneficios del mecanismo de ProtectDefenders.eu, un consorcio de 12 ONG, entre ellas la FIDH, que presta un apoyo fundamental a un gran número de defensores de los derechos humanos en situación de grave riesgo, y pide que se refuerce.
Por último, el Parlamento Europeo recuerda las obligaciones y responsabilidades de los Estados y del resto de organismos responsables de mitigar los efectos del cambio climático e impedir que este tenga un impacto negativo en los derechos humanos y "pide a la Unión que participe activamente en el debate internacional sobre un posible marco normativo para proteger a los ’desplazados por motivos medioambientales y climáticos". Lea la declaración de la FIDH sobre el reconocimiento de la interdependencia de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.