En una resolución urgente aprobada el 16 de febrero de 2017, los miembros del Parlamento Europeo manifiestan su preocupación por el "continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua" y deploran "los ataques y actos de acoso de los que han sido objeto las organizaciones defensoras de los derechos humanos y sus miembros y periodistas independientes por parte de personas individuales, fuerzas políticas y órganos vinculados al Estado". Destacan asimismo el grave problema que supone la corrupción del sector público como marco para estas violaciones.
La FIDH y su organización miembro CENIDH publicaron un informe en octubre de 2016 sobre "El impacto de la concesión del canal interoceánico sobre los derechos humanos. La resistencia de las comunidades rurales" , en el que se informaba a los agentes europeos de los serios problemas que rodeaban la concesión de cien años otorgada a una empresa privada china, HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd (HKND). La resolución recoge las principales cuestiones señaladas en el informe, entre ellas, que no se había realizado ningún estudio sobre el impacto medioambiental, que tampoco se había procedido a una consulta previa con los pueblos indígenas, así como el hecho de que la ruta propuesta para el canal atravesará tierras indígenas y desplazará entre 30 000 y 120 000 indígenas.
El Parlamento Europeo instó al Gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada en 2008, y el Convenio n.º 169 de la OIT, que establece la necesidad de contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.