Tras un largo procedimiento que ha tardado más de 4 años en resolverse, el CEDS falló a favor de las organizaciones denunciantes y condenó a Bélgica, y en concreto a las escuelas de la Comunidad Francesa (Federación Valona-Bruselas) por no realizar esfuerzos para la inclusión educativa del alumnado con discapacidad intelectual, y puso de manifiesto que “los argumentos esgrimidos por Bélgica para justificar el mantenimiento de la educación separada para el alumnado con discapacidad intelectual, es decir, su interés así como el de los niños y las niñas sin discapacidad, demuestran que Bélgica se encuentra lejos de lograr el cambio de actitud y el fin de los prejuicios necesario para alcanzar el respeto del derecho a la educación inclusiva”.
El CESR decidió por unanimidad que Bélgica había violado claramente la Carta Social Europea (revisada), opinión que compartieron tanto el Delegado General de la Comunidad Francesa para los Derechos del Niño (DGDE) como el Centro Interfederal para la Igualdad de Oportunidades y la Oposición al Racismo y la Discriminación (Unia), que presentaron sus observaciones a favor de los demandantes. El CESCR condenó a Bélgica por violar el apartado 1 del artículo 15 de la Carta Social Europea (revisada) ya que “el derecho a la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad intelectual no está efectivamente garantizado en la Comunidad Francesa en Bélgica” y el apartado 2 del artículo 17 debido a que “los niños con discapacidad intelectual no tienen un derecho efectivo a una educación inclusiva en la Comunidad Francesa.”
La FIDH y sus organizaciones asociadas en la reivindicación, junto con su organización miembro en Bélgica, la Ligue des Droits Humains (LDH, Liga de Derechos Humanos), celebraron una conferencia de prensa el 3 de febrero en la que expusieron en detalle el caso y las demandas que ahora debería satisfacer la Federación de Valonia-Bruselas. Además de establecer un presupuesto educativo a medida para el alumnado afectado y sus familias, las organizaciones piden a la Comunidad Francesa que adopte un plan de transición hacia una escuela inclusiva con plazos claros e indicadores concretos, que tenga en cuenta de forma inequívoca al alumnado con discapacidad intelectual en todas las disposiciones destinadas a hacer el sistema escolar más inclusivo, que ofrezca incentivos para apoyar a los centros que desarrollen una verdadera política inclusiva, que integre la educación por parte de profesionales competentes y que refuerce la formación del profesorado para incluir un breve curso de ortopedagogía. La ministra de Educación belga, Caroline Désir, que participó en la rueda de prensa, se comprometió públicamente a aplicar la decisión del Comité y a llevar estas demandas a la práctica.
La FIDH y su organización miembro belga LDH llevan mucho tiempo defendiendo la aplicación de una política más inclusiva hacia las personas con discapacidad en Bélgica, e incluso presentaron otra queja contra Bélgica ante el mismo Comité en 2011, en relación con el derecho de las personas con discapacidad altamente dependientes a acceder a instalaciones de acogida y alojamiento. También en esa ocasión, el CEDS condenó a Bélgica por violar los derechos de las personas con discapacidad en virtud de la Carta Social Europea.