Presidente de la Asamblea Provincial de Defensa de los Derechos Humanos y la Naturaleza Viva de Bolívar, Cristian Montero es originario de la comunidad de Balzapamba, lugar en el que se ha otorgado una concesión de unas 160 000 hectáreas para una mina industrial a cielo abierto, una actividad que amenaza los recursos naturales. Cristian Montero ha sido objeto de acoso e intimidación por parte de las empresas mineras desde 2018 debido a su defensa de los derechos del campesinado y la naturaleza. Fue detenido el 27 de diciembre de 2019, acusado de "paralizar el servicio público" durante la huelga nacional de octubre de ese mismo año. Durante su encarcelamiento, Cristian Montero contrajo la fiebre del dengue y, probablemente, tuberculosis, pero se le denegó la atención médica. Perdió casi 20 kilos.
FIDH, a través de su Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y su organización miembro en Ecuador, Acción Ecológica, pidió la puesta en libertad de Cristian Montero mediante campañas en redes sociales y labores de incidencia, incluida una carta de apoyo en el marco de la vista, que tuvo lugar el 22 de abril de 2020.
La FIDH celebra la liberación de Cristian Montero y continúa trabajando para poner fin al acoso judicial contra él y otras personas defensoras de derechos ambientales en Ecuador.
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