Haciéndose eco de las cuestiones planteadas por la FIDH y sus organizaciones miembros en Camboya, Licadho y Adhoc, la Comisión concluyó que a pesar de un largo periodo de "diálogo reforzado" con el Gobierno camboyano y tras un año completo de investigaciones, continúan produciéndose violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en el país. La UE reiteró la necesidad de que Camboya "reabra el espacio político del país, dé paso a las condiciones necesarias para el restablecimiento de una oposición creíble e inicie un proceso democrático de reconciliación nacional mediante un diálogo auténtico e inclusivo. Para ello han de restablecerse los derechos políticos de los miembros de la oposición y han de derogarse/revisarse ciertas leyes, como la de Partidos Políticos y la de Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales."
La Comisión Europea inició el procedimiento en febrero del 2019. Un año después, continúan produciéndose violaciones de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la denegación de derechos políticos, medidas restrictivas contra la sociedad civil y los sindicatos, y violaciones relacionadas con las concesiones económicas de tierras, especialmente en el sector azucarero. La decisión entrará en vigor el 12 de agosto del 2020. Hasta entonces, Camboya puede presentar sus observaciones a la Comisión.