Durante más de 30 años, la comunidad de Piquiá de Baixo sufrió las devastadoras consecuencias de la contaminación del aire, el agua y el suelo, causada por las actividades de la corporación minera Vale S.A. y empresas siderúrgicas como el Grupo Ferroeste. Los residentes vivían con el peligro constante para su salud que representaba la degradación medioambiental, con varios casos de cáncer de pulmón, enfermedades de la piel y los ojos, y quemaduras.
La FIDH y sus organizaciones miembros Justiça Nos Trilhos y Justiça Global en el 2011 documentaron ampliamente la crisis en esta contaminación en el informe Cuánto valen los derechos humanos en la industria minero-siderúrgica brasileña?, con la metodología COBRIAH (estudio de impacto sobre los derechos humanos fondado en las comunidades). También apoyaron a las comunidades y a los defensores de los derechos humanos en sus denuncias. En el 2013 la empresa Vale a pesar de negar su responsabilidad aceptó financiar conjuntamente con el Estado la reubicación de las comunidades.
Lamentablemente, , luego de 6 años de discusiones la FIDH en un informe de seguimiento en 2019 mostró que las empresas continuaron eludiendo la responsabilidad de remediar el impacto de sus actividades y ofrecer reparaciones, gracias a la debilidad de las normas nacionales y a las omisiones de las autoridades.
Estos esfuerzos colectivos dieron lugar a un llamamiento al gobierno de Brasil del Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas. Sin embargo, ante la continua resistencia empresarial, la FIDH decidió enviar a las empresas una «invitación» a Piquiá de Baixo para que pudieran ver con sus propios ojos lo que el business as usual significa para las personas cuyos derechos se violan a diario.
Gracias al trabajo conjunto e incesante de los habitantes y de la sociedad civil, la población de Piquiá puede disfrutar ahora de unas condiciones de vivienda dignas y están unidos para preservar la memoria del antiguo barrio, donde se va a construir un parque medioambiental. La FIDH felicita a la comunidad y a todas las organizaciones de la sociedad civil y de base que han luchado para obtener este gran logro. La lucha por la justicia medioambiental y la plena reparación de todos los abusos contra los derechos humanos cometidos por las empresas de la zona sigue adelante.