Durante más de 30 años, la comunidad de Piquiá de Baixo sufrió las devastadoras consecuencias de la contaminación del aire, el agua y el suelo, causada por las actividades de la corporación minera Vale S.A. y empresas siderúrgicas como el Grupo Ferroeste. Los residentes vivían con amenazas constantes para su salud como consecuencia de la degradación medioambiental, con varios casos de cáncer de pulmón, enfermedades de la piel y los ojos, y quemaduras.
La FIDH y sus organizaciones miembros Justiça Nos Trilhos y Justiça Global documentaron ampliamente la crisis en sus informes, apoyando a las comunidades y a los defensores de los derechos humanos en su misión durante años.
Lamentablemente, un informe de seguimiento en 2019 demostró que las empresas continuaron eludiendo la responsabilidad de remediar el impacto de sus actividades y ofrecer reparaciones, gracias a la debilidad de las normas nacionales y a las omisiones de las autoridades.
Estos esfuerzos colectivos dieron lugar a un llamamiento al gobierno de Brasil del Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas. Sin embargo, ante la continua resistencia empresarial, la FIDH decidió enviar a las empresas una «invitación» a Piquiá de Baixo para que pudieran ver con sus propios ojos lo que el business as usual significa para las personas cuyos derechos se violan a diario.
Gracias a una campaña incesante, los habitantes de Piquiá pueden disfrutar ahora de unas condiciones de vivienda dignas y están unidos para preservar la memoria del antiguo barrio, donde se va a construir un parque medioambiental. La FIDH felicita a la comunidad y a todas las organizaciones de la sociedad civil y de base que han luchado para obtener recurso frente a la impunidad de las empresas. La lucha por la justicia medioambiental y la plena reparación de todos los abusos contra los derechos humanos cometidos por las empresas de la zona sigue adelante.