Mencionando los abusos cometidos por la industria minera y siderúrgica, destacó la grave situación en Piquiá de Baixo (Maranhão), que visitó la semana pasada: "Hace décadas que se está envenenando a la comunidad... Aunque se han realizado avances en la reubicación de esta resiliente comunidad en hogares en los que vivir con dignidad, las caóticas políticas del Gobierno y los recortes presupuestarios amenazan con permitir que Vale, Viena Siderúrgica y Gusa Nordeste continúen vulnerando indefinidamente los derechos de esta comunidad."
En un informe publicado en 2011, FIDH, Justiça nos Trilhos y Justiça Global denunciaron los abusos cometidos por estas empresas y la negligencia del estado hacia Piquiá. Desde entonces, las organizaciones han pedido reiteradamente a la comunidad internacional, entre otros al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Desechos Tóxicos, que presione a Brasil y solicite una pronta reparación. En mayo de 2019, la FIDH y Justiça nos Trilhos publicaron un segundo informe en el que se relataba la lucha excepcional liderada por la comunidad en Piquiá ante las persistentes violaciones, así como el riesgo que corría la finalización del proyecto de reubicación que tanto había costado conseguir.
La FIDH acoge con satisfacción la declaración del Relator Especial y espera con interés la presentación del informe completo sobre su visita a Brasil que realizará en septiembre de 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El trabajo de Tuncak proporciona visibilidad a la lucha de la comunidad por sus derechos y vuelve a reafirmar, desde el sistema de la ONU, el duro diagnóstico de los informes de la FIDH. Hoy más que nunca, el Estado brasileño y las empresas implicadas deben proporcionar una reparación plena tras décadas de violaciones y de permisividad en Piquiá.