El Parlamento Europeo subrayó que el capítulo exhaustivo y vinculante sobre comercio y desarrollo sostenible que se ocupa de los objetivos políticos de la UE en materia de derechos laborales y medioambientales "podría mejorarse considerablemente, en primer lugar mediante la consideración —entre otros métodos de garantía del cumplimiento— de un mecanismo sancionador como último recurso y, en segundo lugar, mediante una reforma del sistema de grupos consultivos internos, como ha pedido reiteradamente el Parlamento y también se menciona en la carta de mandato para el nuevo comisario de Comercio de la Unión."
La FIDH y su organización miembro, el Comité de Derechos Humanos de Vietnam (VCHR), han permanecido movilizadas durante todo el proceso, presentando la reclamación original contra la Comisión Europea por no haber llevado a cabo una evaluación previa de impacto en materia de derechos humanos relativa al Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam. La Defensora del Pueblo Europea confirmó esta reclamación y en febrero de 2016 concluyó que la negativa de la Comisión constituía una mala administración. El Parlamento Europeo cita esta decisión, lamentando que "la Comisión no haya realizado una evaluación exhaustiva del impacto en materia de derechos humanos del Acuerdo; pide a la Comisión que lleve a cabo dicha evaluación; pide a la Comisión que incluya sistemáticamente los derechos humanos en sus evaluaciones de impacto cada vez que estas se lleven a cabo, en particular en el caso de los acuerdos de libre comercio que tengan importantes repercusiones económicas, sociales y medioambientales; señala que la Comisión también se ha comprometido a realizar una evaluación ex post del impacto económico, social y medioambiental."
Retomando las recomendaciones de FIDH, el Parlamento Europeo pidió que se preparen y se establezcan rápidamente grupos consultivos internos amplios e independientes, recalcó la fundamental importancia de la participación de la sociedad civil y de unos interlocutores sociales independientes en el seguimiento de la aplicación del acuerdo. Concretamente, el Parlamento Europeo pidió que "dichos grupos cuenten con una representación amplia y equilibrada de organizaciones de la sociedad civil independientes, libres y variadas, incluidas organizaciones vietnamitas independientes que trabajan en los ámbitos laboral y medioambiental, y defensores de los derechos humanos."
La FIDH ha abogado de sistemáticamente por la creación de un mecanismo independiente de seguimiento en materia de derechos humanos y un mecanismo de reclamación independiente. El Parlamento Europeo insta ahora a la UE y a Vietnam a su creación para "que proporcione a los ciudadanos y a las partes interesadas locales una vía de recurso efectiva y una herramienta para defenderse de los posibles efectos negativos para los derechos humanos, en particular a través de la aplicación del mecanismo de solución de diferencias entre Estados al capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible." Por consiguiente, el Parlamento Europeo pide al Comité Mixto (UE-Vietnam) que empiece a trabajar inmediatamente para reforzar la ejecutabilidad de las disposiciones sobre comercio y desarrollo sostenible.
En su resolución sobre el Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Vietnam, votado ese mismo día, el Parlamento Europeo declaró que no estaba convencido de las salvaguardias en materia de derechos humanos. La relación comercial y de inversión entre la UE y Vietnam debe "promover el comercio y las inversiones, respetando plenamente los derechos humanos reconocidos internacionalmente y las normas y acuerdos en materia laboral y medioambiental." En consonancia con las exigencias de la FIDH, el Parlamento Europeo hace hincapié en las responsabilidades de los inversores, tal como establecen las Líneas Directrices de la OCDE y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y en la obligación todas las partes e inversores de respetar todas las normas y obligaciones internacional pertinentes en materia de derechos humanos. Asimismo, tanto el ACC como el ALC, junto con el sistema de evaluación periódica, sirven para "proporcionan herramientas para abordar las preocupaciones en materia de derechos humanos relacionadas con la aplicación del API, pero que deben ir acompañadas de un control por parte de la Unión y sus Estados miembros, así como de un mecanismo independiente de seguimiento y reclamación, que proporcionen a los ciudadanos y a las partes interesadas afectados una vía efectiva de recurso y una herramienta para abordar las posibles repercusiones negativas en los derechos humanos."