Managua, 6 may (EFE).- El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunciaron hoy que en Nicaragua continúa el deterioro de la situación de los derechos humanos.

Esos tres grupos presentaron hoy martes un informe ante la segunda revisión del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas prevista a realizarse esta semana en Ginebra, Suiza, durante el 19 período de sesiones del grupo de trabajo y que evaluará al Estado de Nicaragua y a otros países.

El director ejecutivo del Cenidh, Mauro Ampié, dijo durante la presentación del informe que el Estado nicaragüense ha incumplido con al menos 68 de las 109 recomendaciones que fueron hechas en materia de derechos humanos en la primera revisión del EPU, en 2010.

"A cuatro años de la primera revisión confirmamos que ha faltado voluntad estatal para cumplir las recomendaciones recibidas", señaló Ampié, al leer un documento de los tres organismos defensores de los derechos humanos.

En el informe esos organismos denuncian "un grave deterioro de la situación de los derechos humanos en el país", principalmente sobre el estado de la libertad de expresión y la situación de los indígenas y los negros.

Asimismo, señalan un deterioro de los derechos civiles y políticos, "directamente vinculado al afán del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Gobierno, de mantenerse en el poder mediante la violación de los estándares mínimos de la democracia".

En ese sentido mencionan las irregularidades de los procesos electorales de 2008, 2011 y 2012; la negativa de las autoridades de autorizar la observación a organismos independientes y el reprimir a la ciudadanía que protesta, entre otros.

"Durante el período objeto de revisión, el gobierno (que preside el sandinista Daniel Ortega) no mostró voluntad de incrementar las asignaciones presupuestarias para salud y educación y optó por continuar desarrollando programas sociales que se administran sin transparencia con fines de clientelismo político", denuncian en el documento.

Advierten que con un incremento anual del 4,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) es difícil lograr reducir la pobreza general que viven los nicaragüenses y menos aún la pobreza extrema.

Asimismo, esas ONGs critican que Nicaragua aún no ha ratificado importantes instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, entre otros.

También señalan la falta de independencia del Poder Judicial y el Poder Electoral como parte del deterioro de la institucionalidad del país.

"La institucionalidad de la Policía, principalmente y la del Ejército, en menor grado, también se ha deteriorado durante el período reportado", de acuerdo con el informe de esos organismos.

En el caso de la Policía Nacional, las ONGs aseguran que esa institución ha mostrado su disposición a ser instrumentalizada mediante la represión de distintas protestas.

Sobre el Ejército, aunque aclaran que no ha participado en la represión, alertan que en algunos casos ha sido movilizado a los municipios en los que la ciudadanía ha reclamado por la irregularidad de las elecciones, con el propósito de intimidar. EFE