Federación Internacional
por los Derechos Humanos

24 de marzo de 2015
En un estudio publicado hoy, la FIDH clasifica a los 28 Estados miembros de la UE en función de 67 indicadores relativos a los derechos humanos y de 17 indicadores medioambientales, en una útil guía para inversores responsables. El estudio EU Member States under the Spotlight [Los Estados miembros de la UE a examen] anima a los inversores en los mercados de bonos soberanos a invertir en Estados que respeten los derechos humanos.

El trabajo de la FIDH se ha realizado con el objetivo de servir de herramienta a los inversores y a la ciudadanía, y se enmarca dentro del movimiento mundial para la inclusión de criterios medioambientales y sociales en las decisiones empresariales. Permite comparar el historial de los diferentes Estados en lo relativo al respeto y la promoción de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

"Este estudio somete a los emisores de bonos del Estado —claves en la gestión de carteras— a la más rigurosa y completa evaluación de sus compromisos en el ámbito de los derechos humanos," afirma Debbie Stothard, secretaria general de la FIDH. "Es fundamental que los inversores responsables actúen en función de esta evaluación para alentar a los Estados a que mejoren su desempeño en materia de derechos humanos. Debería considerarse el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente parte integrante de las ventajas competitivas de los Estados y no un complemento opcional que puede modificarse según convenga," añade la Sra. Stothard.

El estudio constata que los Estados del norte de Europa monopolizan los primeros puestos de la clasificación, con Suecia, Finlandia y Dinamarca a la cabeza, seguidos de Eslovenia y Francia. Los doce criterios de derechos humanos incluyen la igualdad de género, los derechos laborales, la libertad de expresión, los derechos de las personas migrantes y la promoción de los derechos humanos en el exterior.

A raíz de esta exhaustiva investigación, realizada en colaboración con investigadores de la universidad de Essex (Reino Unido), la FIDH insta asimismo a las instituciones europeas y nacionales a que evalúen las repercusiones de los Estados en los derechos humanos. El estudio revela que los Estados carecen de sistemas adecuados de recopilación de datos que les permitirían controlar su propio desempeño en cuanto al cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos, entre ellas las que se refieren a ámbitos claves como la protección de la privacidad en la era digital o la lucha contra la discriminación racial.

"Con este estudio, la FIDH desea contribuir a la reflexión y al debate sobre el modo en que los Estados deberían informar de sus propios esfuerzos en este ámbito así como de las repercusiones que causan sobre los derechos humanos, tanto en su territorio como en el extranjero," sostiene Geneviève Paul, responsable de la Oficina Globalización y Derechos Humanos de la FIDH. "Para los Estados, la necesidad de evaluar el cumplimiento de sus obligaciones es cada vez más apremiante, ya que Europa se enfrenta a crecientes desafíos en el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales, así como en el de los derechos civiles y políticos. Es responsabilidad de los Estados contar con la capacidad de establecer la medida en la que se respetan los derechos humanos."

Clasificación 2014:

Cada dos años, la FIDH evalúa a los Estados a través de indicadores actualizados que reflejan la normativa internacional más reciente y tienen en cuenta las fuentes de información más relevantes. En 2007, la FIDH decidió centrarse en los Estados miembros de la UE puesto que los datos sobre estos países estaban disponibles y eran comparables. Los criterios seleccionados fueron:

• Igualdad de género y derechos de las mujeres.
• No discriminación.
• Derechos de las personas migrantes, demandantes de asilo y refugiadas.
• Corrupción y gobernanza.
• Cohesión social/derechos sociales y económicos.
• Sistema judicial.
• Libertad de expresión y derecho a la información.
• Derechos laborales y condiciones de trabajo.
• Justicia internacional.
• Ayuda internacional al desarrollo/contribuciones financieras a la ONU.
• Control de armas.
• Promoción de la responsabilidad empresarial.
• Protección del medio ambiente.

Este estudio se inscribe en las actividades de Libertés & Solidarité, el fondo de inversión ético de la FIDH. Este fondo, creado en 2001 con el apoyo de La Poste, Caisse des dépôts y Macif, permite a inversores privados e institucionales conjugar ética y solidaridad mediante la inclusión de criterios de respeto de los derechos humanos en la selección de valores, y a través de un mecanismo de participación en los beneficios de la FIDH y los suscriptores.

El porcentaje de bonos del Estado que el gestor de activos incluye en la cartera se basa en este sistema de calificación de países. Los países clasificados en las posiciones 1 a 5 son responsables del 50 por ciento de los bonos del fondo, mientras que los países que ocupan las posiciones 6 a 10 y 11 a 15, del 30 y el 20 por ciento, respectivamente.

Descargar el estudio [en inglés] La inclusión de los derechos humanos a las estrategias de inversión: Calificación no financiera de los 28 Estados miembros de la UE en 2014.