Vigilancia - la FIDH y la LDH impugnan la decisión de la Fiscalía de no realizar una investigación

06/05/2015
Comunicado
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Hoy la FIDH y la LDH han presentado ante el fiscal general de París una solicitud de revisión administrativa de su decisión del pasado 13 de abril, en la que rechazaba la apertura de una investigación en relación a la demanda presentada en diciembre de 2014 contra los servicios franceses de inteligencia por vigilancia ilegal.

"Esta decisión, basada en motivos falaces, demuestra la falta de voluntad de la Oficina del Fiscal de París de arrojar luz sobre las prácticas de los servicios de inteligencia franceses. Esta postura es inaceptable, en vista de la protesta pública contra la ley de vigilancia aprobada por el Parlamento el 5 de mayo ," afirmó Patrick Baudouin, abogado y presidente honorario de la FIDH.

"Ha llegado el momento de que las autoridades francesas asuman sus responsabilidades. No se puede admitir, tal como hizo el presidente de la República en una entrevista reciente, que estas prácticas han existido con anterioridad fuera de cualquier marco legal, y al mismo tiempo permitir que la Oficina del Fiscal se niegue investigar," declaró Michel Tubiana, abogado y presidente honorario de la FIDH.
Según los informes publicados en la prensa en 2010, los servicios de inteligencia franceses reunieron cantidades ingentes de datos sin ninguna autoridad legal para hacerlo.

La demanda presentada por la FIDH y la LDH el pasado 26 de diciembre de 2014 denunciaba el acceso fraudulento por parte de los servicios de inteligencia a un sistema informatizado, la recopilación de datos personales a través de medios fraudulentos, la vulneración deliberada de la intimidad y el almacenamiento de grabaciones y documentos obtenidos mediante actos que violan la intimidad.

La FIDH y la LDH también han iniciado acciones legales en Francia contra la NSA y el FBI y sus prácticas de vigilancia a través del programa PRISM. Nuestras organizaciones presentaron una primera demanda en julio de 2013 y posteriormente, ante la falta de acción por parte de la Oficina del Fiscal, una segunda en abril de 2015 en la que se personaron como parte civil con esperanza de arrojar luz sobre estas prácticas que vulneran las libertades individuales.

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