El martes 14 de abril, los diputados y diputadas españoles adoptaron una enmienda a la ley del aborto. Este nuevo texto obliga a las mujeres menores de edad pero de más de 16 años a obtener una autorización de sus padres para poder practicar una interrupción voluntaria del embarazo. En caso de conflicto, corresponderá a un juez tomar la decisión. Hasta ahora, las jóvenes de entre 16 y 18 años que querían abortar simplemente tenían que informar a sus padres, salvo si hacerlo pudiera suponer un riesgo para ellas. El Partido Popular, partido mayoritario en España, ya había intentado que se aprobase una ley prohibiendo el aborto salvo en algunas excepciones, y ha vuelto a la carga antes de las elecciones municipales y legislativas con una reforma más modesta pero igualmente peligrosa. "Se trata de una ley electoralista para contentar al sector más conservador sin levantar ampollas. Una vez más, se busca obtener beneficio político a costa de las mujeres," denuncia Khadija Cherif, coordinadora del Grupo de Acción por los Derechos de las Mujeres de la FIDH.
Las restricciones del derecho al aborto tienen consecuencias dramáticas sobre el derecho a la vida, a la salud, a la educación y a la participación en la vida pública de las mujeres y las niñas. "Esta ley ataca a las mujeres más vulnerables, las que tienen edad de mantener relaciones sexuales pero que, a causa de su juventud, no siempre tienen acceso a métodos anticonceptivos y a información sobre planificación familiar. Este texto va contra las mujeres cuyo futuro puede verse más comprometido por un embarazo que se lleve hasta el final," declara Karim Lahidji, presidente de la FIDH. "Las mujeres jóvenes también son, con más frecuencia, víctimas de abusos sexuales y sobre todo de incesto. Se les debería facilitar el acceso al aborto y no al contrario," añade Karim Lahidji.
En 2013, el ministro de justicia español había presentado un proyecto de ley prohibiendo el aborto salvo en caso de violación (siempre y cuando la víctima hubiera presentado una denuncia) o de grave peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la madre. En septiembre de 2014, tras una intensa movilización contra este texto, el Gobierno dio marcha atrás y abandonó el proyecto.
Organizaciones firmantes
FIDH - Federación Internacional de Derechos Humanos
APDHE - Asociación Pro Derechos Humanos de España