En una conferencia de prensa organizada el pasado martes 4 de marzo en el Congreso de Diputados por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), miembro de la FIDH, el Grupo Parlamentario Socialista anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma de la ley sobre la jurisdicción universal.
Esta controvertida reforma ha sido tramitada de urgencia por el Grupo Parlamentario Popular, a raíz de las fricciones diplomáticas surgidas entre el Gobierno español y el Gobierno chino por la orden de detención emitida por la Audiencia Nacional contra cinco dirigentes del Partido Comunista, en relación a la investigación sobre el genocidio en el Tíbet. La nueva legislación ha provocado un debate a escala internacional y ha sido duramente criticada por organizaciones no gubernamentales, juristas y representantes del mundo académico.
En un comunicado publicado el mes pasado, la FIDH y otras 121 ONG de Europa, África, Asia y América condenaron firmemente esta reforma que cierra las puertas de los tribunales españoles a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, al tiempo que ofrece a quienes las perpetran claras posibilidades de impunidad. [1]
Además de suponer una clara violación de las leyes internacionales, esta reforma plantea problemas de incompatibilidad con respecto a la Constitución Española, tanto en lo que se refiere a su contenido y como al procedimiento. “El modo en que el Gobierno ha tratado de impulsar la reforma, a través de un procedimiento de urgencia que evita el debate público y el trámite habitual de consulta a órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado, es muy preocupante y plantea cuestiones con respecto a su compatilibidad con la legalidad vigente”, indica Jacinto Lara, presidente de la APDHE. Por otro lado, el carácter retroactivo de la reforma, es decir, el hecho de que la nueva ley pueda aplicarse a procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor, despierta también gran inquietud por la falta de observancia del principio de irretroactividad, según el cual no pueden aplicarse medidas de forma retroactiva a procedimientos en curso cuando estas limiten los derechos de las víctimas.
“La decisión del Grupo Parlamentario Socialista de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, tras la gran movilización internacional contra la misma, es un paso positivo y es, para las víctimas, los juristas y para todos aquellos que apoyan la causa de la justicia, la última esperanza de que esta ley pueda ser retirada" , afirmó el presidente de la FIDH Karim Lahijdi en respuesta al anuncio de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez. "Confiamos en que el Tribunal Constitucional analice a fondo esta ley y evite así cualquier intento de eludir las obligaciones contraídas por España en cuanto a derecho constitucional e internacional, al garantizar que no se apruebe ninguna reforma que incumpla dichas obligaciones”.