El 12 de abril del 2015, 400 personas que huían de Libia murieron ahogadas cuando la embarcación en la que se dirigían a Italia volcó cerca de la costa de Libia. Una semana más tarde, el 19 de abril, alrededor de 800 personas murieron ahogadas mientras realizaban la misma ruta. Los nombres de las víctimas se añaden a la creciente lista criminal de muertos en las fronteras de Europa.
Estas muertes no son inevitables y la responsabilidad no puede tampoco recaer únicamente en los traficantes sin escrúpulos. Ha llegado el momento de que la UE reconozca que dichas muertes son resultado de decisiones políticas. La UE y sus Estados miembros no pueden seguir insistiendo en aplicar políticas destinadas a cerrar las fronteras, que obligan de este modo a los migrantes y solicitantes de asilo a tomar rutas cada vez más peligrosas y a que surja un mercado para las redes de contrabando. Los Estados miembros de la UE no pueden seguir pidiendo a los países del sur del Mediterráneo que asuman la responsabilidad de hacerse cargo de los refugiados mientras ellos mismos se niegan a hacerlo. Mientras dichas políticas continúen, los cadáveres seguirán llegando a las costas europeas.
Mañana, cuando el Consejo Europeo se reúna para definir el futuro de su política, debe aprovechar la oportunidad para evitar más pérdidas de vidas humanas en el mar.
Sin embargo, la FIDH y la AEDH expresan su profunda preocupación de que el plan de diez puntos presentado en la reunión de emergencia del Consejo conjunto de Asuntos Exteriores y de Interior del 20 de abril, no aborde dichas tragedias humanas. En su lugar, anunció aún más medidas orientadas a proteger las fronteras de la UE, reforzando la vigilancia e incrementando los obstáculos con el objetivo de disuadir a las personas de intentar entrar a la Unión Europea. Estas medidas también incluyen el aumento de recursos y el número de activos asignados a la agencia de control de fronteras Frontex, así como la ampliación de su área de operaciones, para capturar y destruir los buques utilizados por los contrabandistas y establecer un nuevo programa de retorno para los migrantes irregulares que alcancen el territorio de la UE. Es seriamente preocupante la propuesta de reforzar la cooperación con países no miembros de la UE, inclusive con aquellos en los que los derechos humanos se vulneran sistemáticamente, para impedir que los migrantes salgan de ellos y lleguen a las costas europeas. La creación de nuevos obstáculos solo provocan una alteración en las rutas y al contribuir a impedir que las personas salgan de países como Libia, donde se detiene indefinidamente y de forma arbitraria a los migrantes y refugiados (en inglés), la UE y sus Estados miembros están violando sus propias obligaciones en materia de derecho internacional y europeo y se convierten, ellos mismos, en cómplices de graves violaciones de los derechos humanos.
Demostrar su compromiso para "evitar que estas tragedias humanas vuelvan a ocurrir"[1], requiere un enfoque radicalmente diferente. Como primera medida, los Estados miembros deberían establecer de forma inmediata una operación de búsqueda y rescate de alcance europeo, siguiendo el modelo de la operación italiana Mare Nostrum que finalizó en noviembre de 2014. No se puede permitir que toda la responsabilidad de salvar vidas recaiga únicamente en los Estados de la UE con frontera marítima, como Italia y Grecia. Se ha señalado en numerosas ocasiones, incluso por parte de la propia Frontex, que la recién creada Operación Tritón no puede reemplazar a una operación de búsqueda y rescate de ese tipo, dado que su mandato se centra en el control y la vigilancia y no en salvar vidas.
Pero la UE debe ir más lejos ya que una operación así no sería más que un parche en una herida abierta provocada por la propia UE. Como han señalado en numerosas ocasiones la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (en inglés) y el Relator de la ONU sobre los derechos de los migrantes, una de las razones por las que se pierden tantas vidas es que resulta demasiado difícil que las personas que buscan protección logren entrar en la Unión Europea a través de vías legales. Las políticas destinadas a reforzar las barreras contra la movilidad, mediante el aumento de la vigilancia de las fronteras y las operaciones de control, inclusive a través de la agencia de la UE Frontex, a la vez que se limitan los visados, han eliminado las oportunidades que tienen los refugiados que buscan protección internacional de acceder a la UE de forma segura.
La mayoría de los que se embarcan en el peligroso viaje a través del mar de Libia a Italia son refugiados de Siria, Eritrea, Somalia y Afganistán, que huyen del conflicto y la persecución y que tienen derecho a buscar y obtener asilo, según establece el Convenio de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados de 1951 y el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Deben poder reclamar sus derechos sin tener que arriesgar su vida.
La UE debe abrir canales legales que permitan a los migrantes entrar en territorio de la UE de forma legal y segura. La FIDH pide a los Estados miembros que faciliten la expedición de visados por motivos humanitarios y de asilo y que inviertan en políticas para acoger a los refugiados, inclusive mediante demostraciones de solidaridad y la reforma del Reglamento Dublín II, que responsabiliza de forma desproporcionada a los estados fronterizos en materia de acogida de solicitantes de asilo. Es intolerable que mientras que 4 millones de personas han huido de Siria hacia países vecinos desde el 2011, menos del 3% ha recibido asilo en el conjunto de los 28 países de la UE.
Además, como señalan los Relatores especiales de la ONU sobre los derechos de los migrantes y sobre la trata de personas (en inglés), la UE solo logrará luchar contra las redes de trata de personas y evitar la explotación si se facilita a los migrantes y refugiados que alcancen su territorio de forma legal.
Este ciclo infernal de muertes, seguido de manifestaciones de dolor e indignación, vacías promesas de reforma y después más muertes, no puede continuar. Abril de 2015 debe constituir el punto de inicio de una nueva forma de política europea y el fin de las tragedias en el mar.
El mundo os estará observando el jueves con la esperanza de que haya muestras concretas de los valores fundadores de la UE y el reconocimiento de la humanidad de aquellos que buscan llegar a sus costas.