Además de sentar un precedente histórico, la indiferencia es una falta de consideración hacia los cientos de hombres, mujeres y niños sepultados en fosas comunes anónimas tras caer bajo los disparos indiscriminados del ejército. Esta indiferencia también les niega justicia, como ya hizo en su día el simulacro de juicio organizado por las autoridades uzbekas.
Esta masacre es la mayor tragedia de la nación uzbeka desde su independencia en el año 1991 y ha contribuido a empeorar la situación de los derechos humanos en un país que cuenta en la actualidad con miles de prisioneros políticos. "La tragedia de la masacre de Andiyán continúa en la actualidad, puesto que todo el mundo, incluso las víctimas, prefieren guardar silencio por miedo al acoso, a la persecución, a la prisión o a la tortura," ha deplorado Mutabar Tadjibaeva, presidenta de la organización internacional de derechos humanos Club de los Corazones Ardientes, asociación uzbeka miembro de la FIDH.
En mayo de 2005, el mundo quedó consternado por esta masacre de civiles sin precedente cometida en Andiyán, ciudad del este de Uzbekistán Ese día, miles de personas se concentraron en las calles y plazas más importantes de la ciudad y horas más tarde los soldados abrieron fuego, lo que causó cientos de muertos. El número total de víctimas mortales nunca ha podido ser verificada por fuentes independientes. Las autoridades de Uzbekistán hacen un balance de 187 muertos, pero otras estimaciones hablan de 500 y hasta de 1 000 víctimas.
Diez años después de la sangrienta represión de una manifestación pacífica que reclamaba reformas y mayor libertad, el Gobierno aún no ha autorizado ninguna investigación independiente y quienes se han atrevido a plantear la cuestión de la masacre perpetrada por el Gobierno están en prisión o se han visto forzados al exilio.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos calculan que en Uzbekistán hoy en día hay entre 10 000 y 12 000 personas detenidas por motivos políticos. La represión estatal imposibilita a las organizaciones de defensa de los derechos humanos toda actividad eficaz de supervisión, por lo que resulta difícil estimar el número exacto de presos y la información sobre las detenciones sigue siendo limitada. "No podemos investigar de forma independiente las denuncias por tortura y tratamiento inhumano durante la detención, aún cuando nuestro último informe muestra que la tortura sigue siendo sistemática y que impera la impunidad de los autores de actos de tortura a los que nunca se castiga" , ha declarado Christine Laroque, responsable de la organización ACAT para Asia y Asia Central.
"Inmediatamente después de la masacre se prohibieron los pocos medios de comunicación independientes y extranjeros que quedaban todavía en el país. Se han cerrado sus oficinas, expulsado a los corresponsales extranjeros y los sitios web de información más importantes están bloqueados desde entonces," ha recordado Johann Bihr, responsable para Europa del Este y Asia Central de la organización RSF.
La dura represión de la sociedad por parte del régimen elimina toda voz crítica que pueda exponer públicamente las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país: sigue existiendo trabajo forzado y esclavitud infantil en los campos de algodón, esterilización forzada de mujeres, ausencia de medios de comunicación independientes y de participación política, detenciones arbitrarias y tortura.
Hoy, diez años después de la masacre, las sanciones de la comunidad internacional y el embargo han terminado hace tiempo y, sin embargo, la situación de los derechos humanos es más grave que nunca. Tanto la FIDH, la ACAT, RSF y Club de los Corazones Ardientes denuncian el silencio y el olvido que reinan en torno a la masacre de Anduyán y urgen a los Estados a que condicionen su colaboración con Uzbekistán a una mejora verificable de la situación de los derechos humanos en el país.