Ha transcurrido un año entero. Las imágenes de la guerra civil en las calles de Kiev están todavía vivas en nuestra memoria. Recordamos las barricadas erigidas en la ahora infame Plaza de la Independencia, donde los y las manifestantes se enfrentaron a la represión violenta oponiéndose a las políticas diplomáticas y económicas de quienes estaban en el poder, para exigir su dimisión. El uso de munición real, las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos causaron más de cien muertes. Los medios de comunicación difundían ampliamente los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad ucranianas al tiempo que observaron también la presencia de elementos violentos y radicales en las filas de la oposición a Yanukóvich. Sin embargo, las elecciones presidenciales y legislativas de mayo y octubre de 2014 demostraron claramente que estas facciones radicales, algunas de las cuales defienden una ideología de extrema derecha que contradice las aspiraciones prodemocráticas de la mayoría de los manifestantes del Euromaidán, representan solo a una pequeña minoría.
El 22 de febrero, el presidente Yanukóvich huyó dejando tras de sí un país totalmente dividido, que ya mostraba los primeros signos de un enfrentamiento cada vez más grave entre el sur y el este. Ucrania se vio rápidamente envuelta en uno de los periodos más difíciles de su historia desde su independencia. Los y las ucranianas se encontraron luchando contra sus propios hermanos y hermanas, en medio de crecientes tensiones internacionales que recordaban los momentos más oscuros de la Guerra Fría.
La ausencia de una investigación a fondo
La falta de procedimientos judiciales efectivos que sirvan para establecer claramente las responsabilidades por los actos criminales cometidos en la Plaza de la Independencia y en otras ciudades, como el incendio mortal sucedido en Odesa, ha contribuido a que surjan nuevos actos de violencia y a la escalada del conflicto en Crimea y en el este del país, donde la parte beligerante continua cometiendo graves crímenes. Una vez más, esto significa que la impunidad constituye un terreno fértil para que crezcan la violencia y la guerra. La cifra de muertos ha aumentado de unos cientos a más de 5.300. Nadie, ni siquiera quienes se sentaron en la mesa de negociación, cree que la actual tregua, inestable y frágil, pueda ser sostenible. La impunidad es un cheque en blanco para los autores de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, que llevan a cabo bombardeos indiscriminados, secuestros y torturas, independientemente del campo al que pertenezcan.
Hemos enviado varias delegaciones a Kiev en el último año. Estas misiones nos han permitido determinar que los tribunales nacionales carecen de la voluntad y la capacidad para juzgar a los autores de los crímenes más graves que se están cometiendo en el país. Hemos solicitado a las autoridades que lleven a cabo una reforma del poder judicial, ratifiquen el Estatuto de Roma y reconozcan la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), que es el único modo de investigar los crímenes internacionales cometidos en Ucrania.
Las desastrosas consecuencias de una amnistía
Aunque el nuevo Gobierno ucraniano trasladó la situación a la Corte Penal Internacional en La Haya, esta tuvo un mandato temporal muy limitado. La Fiscalía de la CPI inició una investigación preliminar de la causa, pero solo para analizar los acontecimientos ocurridos entre el 21 de noviembre de 2013 y el 22 de febrero de 2014, ciñéndose únicamente a los hechos relacionados con lo ocurrido en el Euromaidán. Según su mandato actual, la investigación de la CPI no puede incluir los crímenes cometidos en Crimea o en Donetsk, que también constituyen crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.
Hacemos por tanto un llamamiento urgente dirigido a ambas partes intervinientes en el conflicto, para que respeten el acuerdo de alto el fuego con el fin de garantizar la protección de la población civil. No obstante, es especialmente importante que se permita a la CPI analizar y exigir responsabilidades por los crímenes que se están cometiendo sin importar el bando culpable, incluyendo a Rusia, cuya participación directa en el conflicto no puede negarse. Las conversaciones de paz no deben restar importancia a la necesidad de luchar eficazmente contra la impunidad y garantizar el derecho de las víctimas a obtener justicia. La amnistía propuesta tendría consecuencias desastrosas para el futuro del país, añadiendo una sensación de injusticia al resentimiento existente.
El Gobierno de Ucrania debe dejar clara su posición ampliando la competencia de la Corte Penal Internacional desde el 22 de febrero en adelante. El 4 de febrero de 2015, el Parlamento ucraniano aprobó una resolución a tal efecto. Sr. Poroshenko, le pedimos que incluya estos temas en el programa de las futuras reuniones de su Gobierno para dar una oportunidad a una paz sostenible.