La anexión rusa de Crimea y el posterior conflicto militar en el sudeste de Ucrania han generado el clima cívico y político actual en Rusia, que ha derivado en el aumento del hostigamiento y la represión generalizada contra activistas y organizaciones de derechos humanos en el país. El análisis de la situación en Rusia realizado por la ONU en el marco del 113º periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, celebrado el 17 de marzo de 2015, ofrece una oportunidad excepcional para abordar la actual ofensiva contra los derechos en ese país.
Durante los últimos meses, las autoridades rusas han demostrado estar decididas a intimidar a las voces disidentes, concretamente mediante el establecimiento de un marco jurídico represivo que ha permitido al Gobierno limitar las libertades fundamentales.
Se han reprimido de forma continua y violenta las protestas contra la guerra en Ucrania y contra la anexión del territorio de Crimea. En ese contexto, el asesinato de la figura de la oposición política, Boris Nemtsov, el 28 de febrero de 2015, poco antes de que publicara un informe sobre la guerra de Ucrania, indica hasta qué punto el acceso a la información y la libertad de expresión están amenazados. Las autoridades rusas deberían velar por que se realice una investigación transparente e imparcial sobre la muerte de Boris Nemtsov. Se deben investigar de manera exhaustiva y sin demora las pruebas que apuntan al empleo de la tortura contra sospechosos arrestados durante la investigación del asesinato de Nemtsov.
La ley de ONG adoptada en 2012 ha obstaculizado la actividad de muchas organizaciones de derechos humanos, obligándolas a cerrar o a ser objeto de hostigamiento y persecución por parte de las autoridades. Más de cuarenta organizaciones han sido registradas como "agentes extranjeros", lo que indica que sus actividades se consideran una amenaza para la nación. Por otra parte, conforme a una nueva ley adoptada en 2014, se procesará penalmente a las personas acusadas de cometer el delito menor de participar en más de dos manifestaciones no autorizadas en un periodo de 180 días. Vladimir Ionov y Mark Galperin fueron los primeros activistas civiles condenados en virtud de esta ley.
Cada vez más, los grupos vulnerables están bajo la amenaza de la violencia y los derechos de las minorías se vulneran de manera flagrante. La ley anti LGBTI de 2013 legaliza la homofobia (en inglés) y fomenta los actos de violencia contra los miembros de la comunidad LGTBI.
Al mismo tiempo, no se procesa por vandalismo ni por delitos de odio a quienes instigan a la violencia, como, por ejemplo, quienes atacan comercios y coches de migrantes o causan heridas a personas o destrozan sus bienes.
De conformidad con una ley adoptada en 2014, se requirió a las personas rusas con doble nacionalidad o que hubieran obtenido un permiso de residencia permanente en otro país que informaran de su situación al Servicio Federal de Migración antes del 4 de octubre de 2014. El mismo requisito se aplica a los padres de los niños que, por nacimiento, son ciudadanos de dos o más países. No proporcionar dicha información conlleva una sanción penal. En sí mismo, el hecho de poseer doble nacionalidad no ocasiona ningún perjuicio ni supone una amenaza, de modo que la penalización de este hecho carece de toda lógica. Al mismo tiempo, la ley permite que se estigmatice a las personas consideradas "potencialmente desleales" a la Federación Rusa y puede utilizarse para tomar medidas represivas contra ellas en cualquier momento.
Las condiciones de reclusión de los ciudadanos extranjeros y de las personas apátridas recluidas en centros de deportación (aunque resulte imposible deportar a las personas apátridas) son inhumanas. Además, no existe una supervisión judicial periódica de sus condiciones de reclusión y no tienen acceso a asistencia letrada. Lo mismo sucede con los refugiados ucranianos, a pesar de las declaraciones de altos cargos públicos y de la afirmación de que se habían establecido procedimientos simplificados.
La situación de las minorías también suscita preocupación. A raíz del desmantelamiento del Ministerio de Desarrollo Regional, se suspendió un plan estatal cuya finalidad era mejorar la situación económica y social de la comunidad romaní en Rusia.
Las personas refugiadas romaníes provenientes del este de Ucrania a menudo son objeto de discriminación en la Federación Rusa. La mayoría no ha seguido los procedimientos necesarios para obtener el estatus de refugiado o el asilo temporal, que les daría derecho a permanecer en el país durante más de 90 días, por lo que sus tarjetas de migración expiran y están en peligro constante de detención, multa y deportación, con la prohibición de regresar a Rusia por un periodo de hasta diez años. La gran mayoría de romaníes provenientes de Ucrania vive en condiciones de extrema pobreza y necesita ayuda para obtener comida y cubrir sus necesidades diarias, como ropa y vivienda adecuada. El hecho de carecer de un estatus legal les impide acceder a estos bienes básicos.
Las personas tártaras de Crimea, que a diario son objeto de acoso y de ataques violentos, tienen prohibido manifestarse pacíficamente y se les niega el derecho a la propiedad. También se han denunciado muchos casos de desaparición forzada.
Con el apoyo de la FIDH, ADC Memorial remitió un informe (en inglés) a ACNUR para poner de manifiesto las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en la Federación Rusa, y para solicitar que el Comité de Derechos Humanos comparta su preocupación y respalde sus recomendaciones.