Desde principios del 2014, el Gobierno de Azerbaiyán ha orquestado una campaña sin precedentes para reprimir las voces disidentes en el país. Esto ha supuesto un duro golpe para los derechos humanos y las libertades fundamentales, con el encarcelamiento de docenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, incluyendo blogueros, periodistas y activistas políticos pacíficos, entre otros. Además, muchos medios de comunicación independientes y OSC del país se han visto obligados a cesar sus actividades y son objeto de persecución judicial o por parte del Gobierno.
Las medidas legislativas y de otra índole que el Gobierno de Azerbaiyán ha tomado con el fin de restringir el trabajo legítimo de las OSC, de los DDH y de los medios de comunicación independientes incumplen las obligaciones internacionales de Azerbaiyán en materia de derechos humanos. Dadas las pocas opciones de las que dispone la disidencia popular que exige responsabilidades a escala nacional es imperativo que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adopte medidas concertadas para exigir al Gobierno de Azerbaiyán el fin de la represión de los agentes de la sociedad civil del país. Por todo ello, instamos a su delegación a que movilice al Consejo y plantee una declaración conjunta en relación al punto 4 del orden del día del próximo periodo de sesiones.
Persecución de los defensores y defensoras de los derechos humanos
Solo en 2014, las autoridades azerbaiyanas condenaron o encarcelaron a 34 defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos y cívicos y periodistas. Algunos fueron encarcelados en aparente represalia por su compromiso con los mecanismos internacionales de derechos humanos como el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchas otras personas han huido del país o se han ocultado para no ser detenidas.
Entre las personas encarceladas están algunos de los defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas más consolidados. Entre julio y agosto de 2014, Leyla Yunus, directora del Instituto para la Paz y la Democracia, y su marido, Arif Yunus, fueron detenidos y acusados de los delitos de traición al Estado, fraude a gran escala, falsificación, evasión fiscal y prácticas empresariales ilegales, en virtud del Código Penal de la República de Azerbaiyán. En agosto, Rasul Jafarov, defensor de los derechos humanos e impulsor del movimiento Canta por la Democracia, e Intigam Aliyev, presidente de la Legal Education Society, que ha ayudado a llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 130 casos, fueron acusados de evasión fiscal, prácticas empresariales ilegales y abuso de autoridad. Varias de las personas detenidas en los últimos meses, entre ellos Intigam Aliyven, Leyla Yunus y Arif Yunus, padecen graves problemas de salud que podrían requerir asistencia sanitaria fuera del sistema penitenciario y que las autoridades no les están proporcionando.
Restricciones de la libertad de expresión
A pesar de las disposiciones legales nacionales e internacionales de salvaguarda de la libertad de expresión, el Gobierno de Azerbaiyán ha aumentado el uso de las acusaciones penales y la legislación restrictiva para silenciar a periodistas y medios de comunicación independientes de su país. Como consecuencia, hoy en día prácticamente ningún medio de comunicación impreso, de radio o televisión puede desarrollar sus actividades libremente en el país.
Al menos doce periodistas siguen en prisión en Azerbaiyán. Recientemente, el 29 de enero de 2015, un conocido periodista, Seymour Hazi, fue condenado a cinco años de cárcel por una falsa acusación por vandalismo, después de pasar cinco meses en prisión preventiva. Hazi, que trabaja como reportero para el diario opositor Azadlig, es uno de los críticos más activos de la represión de la sociedad civil por parte del Gobierno. Dos días antes, el 27 de enero de 2015, la detención preventiva ordenada para la galardonada periodista de investigación Khadija Ismayilova se amplió en dos meses más. El cinco de diciembre de 2014 las autoridades habían detenido a Ismayilova con dudosas acusaciones de incitación al suicidio y el 13 de febrero de 2015 se le imputaron los cargos de evasión fiscal, prácticas empresariales ilegales y abuso de autoridad.
El Gobierno de Azerbaiyán también ha aumentado la presión sobre las agencias de noticias para acabar con cualquier vestigio de medio independiente en el país. El 27 de diciembre de 2014, la policía llevó a cabo una redada en las oficinas de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) en Bakú, retuvo por un corto periodo de tiempo a docenas de empleados e interrogó a muchos de ellos. Desde entonces, la emisora se ha visto obligada a suspender su actividad en Azerbaiyán y está siendo investigada por las autoridades. Además, el 3 de febrero de 2015, el presidente Ilham Aliyev, aprobó algunas enmiendas de gran transcendencia que modifican la ley sobre los medios de información de masas y que permiten al Ministerio de Justicia elevar una petición a los tribunales para cerrar cualquier medio de comunicación que se financie con fondos extranjeros o que haya sido condenado por difamación en al menos dos ocasiones.
Limitación de la libertad de asociación
Recientemente, los cambios legislativos de Azerbaiyán en la regulación de la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, junto con la persecución de los defensores y defensoras de los derechos humanos más importantes, han hecho que muchos activistas independientes del país abandonen su trabajo. Desde mayo de 2014, las autoridades han congelado las cuentas bancarias de al menos cincuenta organizaciones independientes y, en muchos casos, de sus empleados, al mismo tiempo que interrogaban a muchos otros o les sometían a otro tipo de acoso para obligarles a suspender su actividad. Además, algunas organizaciones internacionales de la sociedad civil que operaban en Azerbaiyán, asociadas durante años a OSC locales, también se han visto obligadas a salir del país o a interrumpir su actividad.
Asimismo, se han aprobado enmiendas de carácter restrictivo a la Ley de Donaciones, a la Ley sobre Organizaciones no Gubernamentales, a la Ley de Registro de Entidades Jurídicas y al Registro Estatal así como al Código de Infracciones Administrativas. Todas estas enmiendas impiden automáticamente la financiación nacional o extranjera ya que los donantes extranjeros deben solicitar un permiso al Gobierno y este, a su vez, tiene que aprobar todo proyecto que requiera financiación, lo que deja fuera de juego a cualquier proyecto de financiación de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para depurar responsabilidades en el Gobierno. Las enmiendas también otorgan amplias competencias al Gobierno para disolver, imponer multas pecuniarias o congelar los activos de las organizaciones de la sociedad civil por cualquier infracción, por leve que sea, de las leyes vigentes. Suponen una preocupación especial las disposiciones que prohíben a las organizaciones nacionales recibir donaciones locales en metálico y que autorizan al Gobierno a congelar o prohibir la financiación internacional de las OSC del país si se establece que su actividad "puede comprometer los intereses del Estado".
De esta manera, cualquier mecanismo local para abordar la grave situación de los derechos humanos en Azerbaiyán se ha visto muy restringido por el uso continuado de los instrumentos legislativos restrictivos por parte del Gobierno y por la persecución de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Además, numerosos mecanismos e instituciones de derechos humanos, entre ellos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa y los Relatores Especiales de la ONU, han apelado en reiteradas ocasiones a las autoridades de Azerbaiyán para que proporcionen a la sociedad civil un entorno seguro que le permita actuar. Nosotros instamos a su delegación a que reitere la preocupación de estos y otros organismos internacionales mediante la presentación de una declaración conjunta en relación al punto 4 del orden del día del 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Atentamente,