"En el contexto actual, la participación de los representantes de los Gobiernos europeos en la ceremonia de apertura supondría una afronta para todos los activistas detenidos en Azerbaiyán y para los valores universales que defienden arriesgando su vida y su seguridad," declaró Karim Lahidji, presidente de la FIDH.
La FIDH denuncia la represión sin precedentes de la sociedad civil azerbaiyana a manos de las autoridades. Nuestra organización recuerda que la mayoría de los líderes de las ONG independientes han sido detenidos el año pasado, antes de los Juegos de Bakú. Se hostiga a y encarcela a sus abogados, con el fin de negar a los activistas su derecho a una defensa legal. El Gobierno ha promulgado nuevas políticas que restringen gravemente los derechos de la ciudadanía y, concretamente, ha aprobado una legislación que hace que resulte virtualmente imposible que las organizaciones independientes se inscriban y funcionen de forma legítima. Se han congelado las cuentas bancarias de las ONG independientes y se ha declarado ilícita la financiación extranjera, salvo aprobación expresa por parte del Gobierno. Los Juegos Europeos pueden agravar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, teniendo en cuenta la intención del régimen de usarlos para mejorar la imagen del país.
Como anfitrión de este gran evento internacional, el régimen se ha vuelto más intolerante que nunca ante cualquier crítica.
Véase el reciente informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos: Azerbaiyán: La represión se intensifica a medida que se acercan los Juegos Europeos, [en inglés]
En abril de 2015, dos meses antes de los juegos, dos destacados defensores de los derechos humanos, Rasul Jafarov e Intigam Aliyev, fueron condenados a seis años y medio y siete años y medio de cárcel respectivamente, por su trabajo en defensa de derechos tan básicos como la libertad de expresión, a la libertad de asociación y el derecho a un juicio justo. Otros defensores y defensoras de los derechos humanos fueron encarcelados en 2014; entre ellos se encuentran Leyla y Arif Yunus, conocidos por su defensa de los derechos de las minorías y por su trabajo en favor de la reconciliación entre Azerbaiyán y Armenia. Los periodistas independientes Khadija Ismailova, Rauf Mirqadirov y Seymur Haziyev también están detenidos. El presidente de una ONG de observación electoral, Anar Mammadli, y el defensor de los derechos de la minoría talysh, Hilal Mammadov, cumplen largas condenas de prisión, mientras que Emin Huseynov está refugiado en la Embajada de Suiza desde agosto de 2014 y se enfrenta a detención preventiva por acusaciones falsas, debido a su trabajo en defensa de la libertad de los periodistas.
Las autoridades continúa su feroz represión contra la oposición política. Se niega a los partidos de la oposición que se registren oficialmente y sus miembro son enviados a prisión con regularidad. También en 2014, los políticos de la oposición Ilgar Mammadov y Tofig Yagublu fueron condenados a siete y cinco años de prisión respectivamente por criticar al Gobierno. Recientemente, dos miembros del partido de la oposición Partido del Frente Popular, Murad Adilov (condenado el 14 de mayo de 2015) y Elvin Abdullayev (condenado el 1 de junio de 2015) fueron sentenciados a seis años de prisión cada uno, por acusaciones basadas en motivos políticos.
Los obstáculos legislativos establecidos por las autoridades azerbaiyanas para prohibir cualquier actividad independiente de la sociedad civil, el hostigamiento judicial al que se ven sometidos los activistas y sus abogados, así como la detención de todas las voces críticas, vulneran la letra y el espíritu de la Carta Olímpica. Las autoridades azerbaiyanas han depositado grandes esperanzas en los próximos Juegos Europeos, que perciben como una forma que la imagen del país gane prestigio en el panorama internacional. Los juegos, por tanto, son la oportunidad ideal para que los Gobiernos europeos provoquen un cambio positivo en la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán. Para ello, la FIDH insta a los Gobiernos europeos a que condicionen su presencia en la ceremonia de apertura de los Juegos a la puesta en libertad de todos los y las activistas de la sociedad civil detenidos.