Unas 15 000 personas residentes en Mariupol han sido deportadas a Rusia, según informó el 28 de marzo el CCL, organización miembro de la FIDH sobre el terreno. Los militares rusos obligan a la población civil a subir a los autobuses, separan a las familias sin miramiento alguno y les quitan los pasaportes ucranios y los teléfonos. Las envían a Crimea y a las regiones ocupadas de Donetsk y Lugansk, o bien a los llamados campos de filtración, desde donde se las "redistribuye" a diversas ciudades alejadas de Rusia. Mientras unas 100 000 personas civiles permanecen atrapadas en la ciudad sin acceso al agua ni a la energía, las fuerzas rusas han intensificado el bombardeo de Mariupol y no permiten que la población civil circule por los corredores humanitarios hacia las zonas no ocupadas de Ucrania. Según el CCL, las fuerzas rusas han abierto fuego contra la población civil que huye de las zonas de guerra para dirigirse hacia zonas más seguras que se encuentran bajo control del gobierno ucranio.
Sin embargo, la población de Mariupol no es la única que está siendo trasladada a la fuerza. Según las autoridades ucranias, Rusia ha comenzado a realizar traslados desde las ciudades de Sumy y Járkov (Ucrania) hasta una ciudad fronteriza rusa, Belgorod. Varios cientos de residentes de Kiev y sus alrededores acabaron en Belarús cuando el ejército ruso les bloqueó el paso hacia la región de Cernigov, situada al oeste. Desde principios de febrero de 2022, han sido trasladadas a territorio ruso unas 100 000 personas ucranias residentes en las regiones ocupadas de Donetsk y Lugansk.
La FIDH y el CCL deploran el traslado forzoso de la población ucrania por parte de Rusia, mientras continúa saboteando la evacuación de civiles a las partes no ocupadas de Ucrania. El traslado forzoso de la población civil a otras zonas en contra de su voluntad puede constituir un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario y el derecho internacional consuetudinario, ya que se lleva a cabo sin una finalidad humanitaria visible. Si se demuestra que estas violaciones se cometen en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, el traslado forzoso puede constituir asimismo un crimen contra la humanidad punible en virtud del Estatuto de la Corte Penal Internacional. La FIDH y sus organizaciones miembros han condenado repetidamente la agresión de Rusia contra Ucrania y siguen denunciando las numerosas violaciones del derecho humanitario y de los derechos humanos cometidas por el ejército ruso en Ucrania.
La FIDH y su organización miembro en Ucrania hacen un llamamiento a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, al Consejo Permanente de la OSCE en Viena, a la Comisaria Europea de Derechos Humanos, a los mecanismos de supervisión del Consejo Europeo, a las iniciativas regionales pertinentes y a los mecanismos de las Naciones Unidas (ONU), incluidos el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja para que utilicen todos los mecanismos y recursos disponibles con el fin de velar por que se lleve a cabo una supervisión internacional sobre el terreno de la situación en Ucrania, que es vital para hacer que Rusia cumpla las normas del derecho internacional humanitario, incluido el establecimiento de corredores humanitarios y la protección de las personas trasladadas por la fuerza en Rusia.