El 14 de agosto el Tribunal Primero de Control en materia de terrorismo imputó siete cargos al diputado Juan Requesens y dictó medida privativa de libertad en su contra. Durante la audiencia, Juan Requesens se declaró inocente.
El diputado es acusado de estar vinculado con el presunto atentado cometido contra el Presidente de la República el pasado 4 de agosto. El 8 de agosto, el diputado fue brutalmente detenido sin orden judicial en su domicilio en Caracas por 14 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), junto con su hermana, lideresa estudiantil. Si ella fue liberada a las pocas horas, Juan Requesens estuvo detenido incomunicado durante más de cuatro días en el Helicoide, sede del SEBIN en la ciudad de Caracas, donde permanece recluido hasta el momento.
La detención de Juan Requesens, además de ser arbitraria e irregular, violó la inmunidad parlamentaria contemplada en la Constitución venezolana, según la cual un diputado solo puede ser detenido en caso de delito flagrante y debe ser trasladado a su residencia y no a una prisión. No obstante, en un proceso expédito, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó su detención y remitió el caso a la Asamblea Nacional Constituyente, que allanó su inmunidad parlamentaria para que pudiera ser juzgado en la justicia ordinaria en lugar del Tribunal Supremo de Justicia, única instancia competente para juzgar a altos funcionarios frente a presuntos delitos políticos.
« Condenamos la detención arbitraria e irregular del diputado Juan Requesens y el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Estamos frente a una grave violación del derecho al debido proceso. Además, tememos que haya sido sometido a actos de tortura e instamos al gobierno venezolano a garantizar su integridad física y psicológica »
El 10 de agosto, con el propósito de probar la supuesta responsabilidad de Juan Requesens en el atentado, el gobierno difundió un video en el que el diputado se señaló a sí mismo de haber ayudado, a solicitud del ex-Presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, a trasladar a una persona desde Colombia. Sin embargo, Juan Requesens afirma no recordar ningún video, por lo que podría haber estado bajo el efecto de alguna sustancia estupefaciente. Además, las condiciones de la privación de libertad del diputado: detención arbitraria, proceso sumario en el que se allanó su inmunidad parlamentaria e incomunicación, dejan serias dudas sobre la veracidad de estas declaraciones, teniendo también en cuenta que un video difundido por redes sociales sugiere que pudo haber sido sometido a actos de tortura.
Es importante destacar que PROVEA ha podido constatar que en el primer semestre de 2018, un total de 85 personas estuvieron detenidas sin haber sido acusadas de algún delito, sin que existiera una orden judicial en su contra o pese a que contaran con una boleta de excarcelación. Algunas de estas personas han sido sometidas a tratos crueles y torturas, patrón de actuación policial que pareciera estar consolidándose.
La FIDH y PROVEA recuerdan que Venezuela es un Estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual establece que las declaraciones hechas como resultado de tortura no pueden ser invocadas como prueba en ningún procedimiento. Venezuela también es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, y que toda persona acusada tiene derecho a garantías judiciales mínimas, incluyendo el derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
Venezuela se encuentra bajo examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en el que ésta analiza, entre otros crímenes que serían de competencia de la Corte, los tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos al menos desde abril de 2017 en el marco de las detenciones arbitrarias.
La FIDH y PROVEA instan a las autoridades venezolanas a respetar, de acuerdo con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado venezolano, los derechos a un juicio justo y al debido proceso, así como a llevar una investigación inmediata, independiente e imparcial en torno a los presuntos actos de tortura cometidos contra el diputado Juan Requesens. Nuestras organizaciones también urgen a que se realice una investigación seria, exhaustiva y transparente frente al atentado contra el jefe de Estado, y se respeten los principios de separación de poderes y de independencia del poder judicial, pilares fundamentales de toda sociedad democrática.