Vigilantes de nuestro bienestar colectivo: Los defensores y defensoras de derechos humanos, clave para luchar contra las desigualdades

10/12/2019
Declaración
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Alice Mogwe, Presidenta de la FIDH

En todas las regiones del mundo se están produciendo levantamientos populares. Aunque en apariencia puedan parecer distintos y sin conexión entre ellos, estos movimientos tienen un mismo telón de fondo: el rechazo a un modelo socioeconómico elitista que favorece las desigualdades, la corrupción, la discriminación, los abusos de poder y las violaciones de los derechos humanos. En respuesta a ello, se hace un llamamiento para que construyamos sociedades más resilientes, más inclusivas, más respetuosas y más equitativas a fin de que las comunidades y las personas puedan desarrollarse plenamente. Y esto tiene lugar en un mundo marcado por el racismo, los discursos de odio, la intimidación y la amenaza existencial del cambio climático.

Estos levantamientos populares son manifestaciones que nacen de experiencias vividas de exclusión. Por lo general, no se articulan en torno a una ideología o un partido político y trascienden los movimientos políticos existentes. Son la voz de las personas que se sienten reducidas al silencio y excluidas de los sistemas de gobernanza. Debemos aquí rendir homenaje al valor de las mujeres, los hombres y las demás personas, jóvenes y menos jóvenes, que se han lanzado a las calles, a menudo en países en los que se vulnera y se reprime el derecho a manifestarse o a reivindicar los derechos.

Este 10 de diciembre, día del aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, podemos apreciar hasta qué punto este texto permite medir los logros alcanzados y los desafíos pendientes en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural y en materia de desarrollo.

Asimismo, la Declaración Universal proporciona las orientaciones necesarias para resolver estas crisis, gracias al respeto y a la protección, sobre todo, del derecho a manifestarse; del derecho a la libertad de expresión; del derecho a una igual protección de la ley; del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona; del derecho a la educación, a la atención sanitaria, a la alimentación, a la vivienda y a la seguridad social; a la igualdad entre mujeres, hombres y otras personas; del derecho a no ser objeto de ninguna forma de discriminación; del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; del derecho a un juicio justo; del derecho a no ser objeto de torturas ni arresto o detención ilegal o arbitraria.

Hoy en día, las organizaciones de defensa de los derechos humanos de todo el mundo trabajan activamente para cuestionar este statu quo recurriendo a los tribunales e instituciones democráticas eficientes, denunciando las violaciones de los derechos humanos, informando en mayor medida al público a través de los medios de comunicación, recurriendo a los mecanismos regionales e internacionales, siempre con el objetivo de reparar injusticias, hacer cumplir la ley y alentar a los Estados a proteger a su ciudadanía.

Sin embargo, debido al trabajo que realizan, cada vez con más frecuencia los defensores y defensoras de derechos humanos sufren amenazas, campañas de difamación, intimidación, acoso y desaparición forzada. En 2018, se asesinó al menos a 318 defensores y defensoras por haber defendido los derechos humanos. Se tomaron represalias contra defensores y defensoras de derechos humanos en Turquía, por ejemplo, donde se han cerrado organizaciones humanitarias y de defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos y se ha encarcelado a defensores y defensoras. En Honduras, a principios de año, habían sufrido ataques más de 200 defensores y defensoras de derechos humanos.

En diciembre de 2018, presenté, en nombre de cientos de defensores y defensoras de derechos humanos que se reunieron en la Cumbre Mundial de Defensores de Derechos Humanos en París en 2018, la declaración surgida de dicha cumbre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella denunciamos el modo en que, en todo el mundo, se intimida, acosa, ataca, encarcela e incluso asesina a quienes defienden los derechos de todas las personas. Instamos a los Estados a "reconocer el papel fundamental que desempeñan los defensores y defensoras de derechos humanos, a proteger a las personas en peligro y a tomar medidas concretas para promover un entorno seguro y favorable, especialmente mediante la adopción de planes de acción nacionales para la protección de quienes defienden los derechos humanos".

Durante el último año, a medida que se han ido multiplicando los levantamientos populares, la represión contra los defensores y defensoras no ha dejado de aumentar, en particular en aquellos casos en los que se ha exigido justicia social, económica o ambiental. Sin embargo, estos defensores y defensoras son los agentes del cambio de nuestras sociedades. Son quienes observan, denuncian y guardan nuestro bienestar colectivo.

Sin embargo, debido al control que ejercen los Estados sobre los mecanismos de investigación y las instituciones judiciales regionales e internacionales independientes, la capacidad de los defensores y defensoras para proteger los derechos humanos es limitada. Organismos como la Corte Penal Internacional, los procedimientos especiales y los órganos convencionales de las Naciones Unidas, e incluso los mecanismos regionales de derechos humanos, se ven amenazados debido a su dependencia presupuestaria de los Estados miembros. Corren asimismo el riesgo de quedar inermes cuando los Estados miembros no respetan o aplican sus recomendaciones, con el pretexto de su soberanía nacional.

El populismo y el nacionalismo cobran auge, al ser utilizados como grito de guerra por dirigentes políticos incapaces de responder a las necesidades de sus sociedades, que de este modo se ven desgarradas por desigualdades socioeconómicas extremas.

Con motivo del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) y de la Declaración Internacional de los Defensores de los Derechos Humanos (9 de diciembre de 1998), unámonos –movimientos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil– para consolidar los tres pilares fundamentales de un orden público mundial basado en los derechos humanos: la defensa de las normas universales de derechos humanos, la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones independientes que garantizan el respeto de los derechos humanos. Estos tres elementos constituyen la brújula que nos orienta y nos guía hacia sociedades prósperas en las que se defiende y se respeta la dignidad de todas las personas.

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