Lanzamiento de la campaña "Justice is Everybody’s Business" en Bruselas

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No más explotación, no más destrucción del medio ambiente, no más prácticas empresariales perjudiciales e injustas por parte de las empresas europeas. Estas son las exigencias de la campaña Justice is Everybody’s Business, lanzada el 6 de septiembre de 2022 en Bruselas por más de 100 organizaciones sindicales y de la sociedad civil, entre ellas la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). Piden a la Unión Europea (UE) que promulgue una ley de diligencia debida sólida que prevenga y exija responsabilidades de forma eficaz a las empresas de las violaciones del medio ambiente y los derechos humanos.

Bruselas – 6 de septiembre de 2022. Más de 100 organizaciones, entre las que se encuentra la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), unen sus fuerzas para pedir una directiva más estricta sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas y recuerdan que ¡la justicia es cosa de todas las personas!

Maddalena Neglia, responsable de la sección de globalización y derechos humanos de la FIDH: "Ante las múltiples violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente relacionadas con las actividades de las empresas, ¡debemos actuar!" "Exigir una directiva fuerte a la UE es solo una parte de nuestra lucha para que se respeten los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales y que las personas afectadas tengan un acceso efectivo a la justicia", explica.

"El modelo empresarial dominante donde impera el máximo beneficio está acabando con nuestro presente y nuestro futuro", afirmó Claudia Saller, directora de la Coalición Europea por la Justicia Corporativa (ECCJ). "Cuando la gente se une para hacer presión podemos inclinar la balanza del poder. De lo contrario, las autoridades de la UE solo escuchan la voz de los grandes grupos de presión empresariales", añadió.

Una acción pública en Bruselas

La campaña "Justice is everybody’s business" arranca el 6 de septiembre de 2022 con una acción pública en Bruselas en la que a través de una "balanza de la justicia" de tres metros de altura se muestran los desequilibrios actuales entre los beneficios de las empresas, por un lado, y los derechos humanos y la justicia medioambiental y climática, por otro.Es evidente que la presión pública puede inclinar la balanza.

"Nuestra campaña comienza en el centro mismo de la toma de decisiones europea, pero no acaba aquí. La UE debe asumir su responsabilidad y establecer futuras normas mundiales para una mayor rendición de cuentas por parte de las empresas, una conducta empresarial responsable y un acceso mejor y más libre a la justicia, incluso para los sindicatos", explica Isabelle Schömann, secretaria confederal de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC). "Apoyaremos todas las acciones en toda Europa destinadas a acabar con las violaciones de los derechos humanos, entre ellos, los derechos sindicales".

Una respuesta jurídica incompleta

Aunque países como Francia y Alemania se encuentran a la vanguardia mundial en cuanto a su legislación nacional sobre diligencia debida en materia de derechos humanos, no protegen suficientemente ni a las personas ni al planeta del impacto de las actividades de las empresas europeas. En febrero de 2022, la Comisión Europea dio a conocer su propuesta de ley de la UE, que exige a las grandes empresas la realización de controles en sus inversiones y cadenas de suministro para identificar, prevenir y abordar los riesgos e impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente dentro y fuera de la UE. Sin embargo, la propuesta presenta peligrosas lagunas que supondrán que no se logrará hacer justicia.

La propuesta actual no logrará prevenir los daños más allá del primer nivel de la cadena de suministro: una propuesta incapaz de prevenir eficazmente los abusos de los derechos humanos que suelen producirse al principio de las cadenas de suministro, varios pasos más allá y a varios subcontratistas de distancia de las empresas europeas. Tampoco permite que quienes sufren las malas prácticas empresariales obtengan justicia en los tribunales de la UE. En lugar de eliminar algunos serios obstáculos jurídicos para la presentación de demandas contra las empresas, la propuesta actual sigue facilitando que las empresas eludan su responsabilidad.

Este proyecto de ley tampoco obliga a las empresas a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero ni exige responsabilidades por no hacerlo, a pesar de su enorme impacto en la crisis climática. "Tras un verano de sequías, olas de calor e incendios, estamos aquí para decir a las personas que lideran la UE que ningún tipo de greenwashing puede ocultar la nueva realidad cotidiana de la crisis climática", declaró Jill McArdle, responsable de la campaña sobre rendición de cuentas corporativa de Amigos de la Tierra Europa. "Las empresas son grandes contaminantes y, como tal, se las debe obligar a reducir sus emisiones y, si no lo hacen, debe ser posible llevarlas ante los tribunales".

Una encuesta realizada en nueve países de la UE en 2021 indicó que más del 80% de la ciudadanía europea quiere una legislación fuerte que exija responsabilidades a las empresas por las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente que cometan en el extranjero. En una petición realizada en 2021, más de medio millón de personas y 700 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo expresaron su apoyo a dicha ley de la UE.

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