Washington, 20 de marzo de 2024. En América Latina existe una notable falta de implementación de las leyes que deberían regular los impactos de las actividades económicas en el medio ambiente y en los derechos fundamentales de millones de personas y sus comunidades. Así lo reconoció la FIDH y las organizaciones defensoras de derechos humanos en una enérgica presentación ante la Audiencia Pública Regional “Impactos de empresas en los derechos humanos y el medio ambiente”.
Entre las principales causas de esta situación se encuentra “la captura corporativa del Estado, la debilidad de las instituciones para hacer cumplir la ley, la gran asimetría de poder entre empresas y personas afectadas por sus actividades y la corrupción”, afirmó Jimena Reyes, directora de las Américas de la FIDH.
Según insistieron las y los representantes, se requieren legislaciones acerca del deber empresarial de respeto de los derechos humanos, y de prevención de abusos. Pues hay un terrible desfase entre el impacto negativo de empresas en los derechos humanos, el medio ambiente, el cambio climático y el carácter embrionario de estas normas a nivel mundial.
Asimismo, el grupo presentó, a través de los casos de Perú, Chile, Brasil y Colombia, los retos y oportunidades que afronta en común la región. Por un lado, Javier Mujica, de Perú EQUIDAD, hizo énfasis en las causas de los impactos de las actividades empresariales sobre los derechos de comunidades y personas en Perú, los cuales ocurren “en un contexto en el que, para promover las inversiones, se flexibiliza la regulación ambiental y laboral para favorecer al sector empresarial o se reforman los organismos de fiscalización debilitando sus funciones y el alcance de sus sanciones”.
En el caso de Brasil, la situación empeoró de manera drástica a partir de 2018, año en el que el país empezó a sufrir “un desmantelamiento deliberado de políticas públicas, marcos regulatorios, espacios de participación social y agencias públicas vinculadas a la agenda ambiental y climática”, explicó Melisanda Trentin, de Justiça Global. Sin embargo, más allá de una cuestión coyuntural, el modelo económico de Brasil en las últimas décadas ha supuesto un relajamiento sustancial de las normas que ha profundizado las violaciones de derechos humanos debido a la actividad empresarial.
Por otro lado, desde Chile, José Aylwin, de Observatorio Ciudadano, recalcó que existe una falta de consulta o consentimiento de los pueblos, así como en la participación en los beneficios, en la explotación de cobre y litio, entre otras materias primas, en ese país. Las actividades de empresas con capitales nacionales y extranjeros han causado desde hace décadas graves impactos a sus derechos, los cuales, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), incluyen el medio ambiente, el agua, y los derechos de pueblos indígenas. Los marcos normativos y políticas públicas impulsados desde el Estado han sido absolutamente ineficaces para poner freno a esta realidad, lo que ha facilitado la impunidad de las empresas en relación a sus actuaciones lesivas de derechos humanos.
Por su parte, Alejandra Escobar, de CAJAR, señaló que en Colombia “el acceso a la justicia es uno de los pilares más complejos y difíciles de alcanzar en el marco de conflictos ambientales; situación que está atravesada por un contexto de conflicto armado, muchas veces alimentado e instrumentalizado por las empresas, en el cual existen enormes abusos de poder y captura corporativa”. Debido a esto, los avances del sistema interamericano se perciben como una esperanza por parte de las comunidades para la valoración de los abusos que se siguen cometiendo.
La FIDH, junto a sus organizaciones miembro, le solicitó a la CIDH hacer un informe sobre los desafíos en la implementación de las leyes ya vigentes. También le recomendó a los Estados usar los estándares interamericanos para la regulación de empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente y:
– Abordar tanto el rol del Estado en el contexto de la actividad empresarial, en su carácter de garante o “guardián” de derechos, como la responsabilidad empresarial.
– Imponer un deber empresarial de respeto de los derechos humanos, y de prevención de abusos,
– Asegurar que este deber de respeto y prevención esté respaldado por sanciones administrativas, penales, y responsabilidad civil por daños en caso de incumplimiento.
En este video se puede ver las preguntas y los comentarios de los comisionados de la CIDH y las intervenciones de los ponentes de la FIDH y los colegas de Cejil y del Business and Human Right Center