Estimado/a diputado/a del Parlamento Europeo:
Nos dirigimos a usted para manifestar nuestra preocupación por la propuesta de la Unión Europea de Reglamento sobre el tratamiento de la difusión de contenidos terroristas en línea.
Instamos a los miembros del Parlamento Europeo a votar en contra de la aprobación de esta propuesta. Desde 2018, las organizaciones de derechos humanos, así como las asociaciones de periodistas y de investigación abajo firmantes venimos advirtiendo de las graves amenazas a los derechos y libertades fundamentales de esta propuesta legislativa, especialmente para la libertad de expresión y opinión, la libertad de acceso a la información, el derecho a la intimidad y el Estado de derecho. Gracias a la labor del equipo negociador del Parlamento Europeo, a un amplio debate y a la participación de la sociedad civil, durante las negociaciones tripartitas entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea se han abordado diversas cuestiones problemáticas en relación con esta propuesta.
Sin embargo, a pesar del resultado de la última ronda de negociación tripartita, el texto final de la propuesta de Reglamento todavía contiene medidas peligrosas que, en última instancia, debilitarían la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Tiene asimismo el potencial de sentar un peligroso precedente para la regulación de los contenidos en línea en todo el mundo. La propuesta de Reglamento se encamina hacia su votación final en el pleno del Parlamento Europeo en abril de 2021.
Instamos a los miembros del Parlamento Europeo a votar en contra de la adopción de la propuesta por los siguientes motivos:
1. La propuesta continúa incentivando a las plataformas en línea para que utilicen herramientas automáticas de moderación de contenidos, como los filtros de carga
El reducido plazo que la propuesta impone a los proveedores para eliminar los contenidos considerados terroristas alienta en gran medida a las plataformas a desplegar herramientas automáticas de moderación de contenidos con el fin de eliminar los de índole terrorista, como los filtros de carga. Las prácticas actuales de moderación de contenidos se caracterizan por una profunda falta de transparencia y precisión en la toma de decisiones automatizada. Dado que es imposibles que las herramientas automatizadas puedan diferenciar sistemáticamente el activismo, el contradiscurso y la sátira sobre el terrorismo de aquellos contenidos considerados terroristas como tales, el aumento de la automatización acabará provocando la eliminación de contenidos legales, como noticias, y de contenidos sobre el trato discriminatorio a las minorías y a los grupos infrarrepresentados. Las plataformas ya suprimen cantidades masivas de contenidos que documentan la violencia en las zonas de guerra, subidos por supervivientes, civiles o periodistas, como confirman los archivos de Siria y Yemen, algo que puede dificultar la rendición de cuentas. La propuesta de Reglamento, que no ofrece salvaguardias para prevenir dichas prácticas cuando se emplean herramientas automatizadas, no hará sino reforzar esta tendencia. Además, los filtros de carga pueden tener un efecto adverso en Internet, especialmente en lo que respecta a su arquitectura abierta y a sus componentes interactivos.
2. Existe una grave falta de supervisión judicial independiente
En la propuesta se pide a los Estados miembros que designen, a su discreción, "autoridades nacionales competentes" facultadas para aplicar las medidas del Reglamento, en particular, la emisión de órdenes de expulsión. Aunque la propuesta establece que estas autoridades deben ser objetivas, no discriminatorias y respetuosas con los derechos, creemos que solo los tribunales o las autoridades administrativas independientes sujetas a control judicial deberían tener el mandato de emitir órdenes de expulsión. La falta de control judicial supone un grave riesgo para la libertad de expresión, reunión, asociación, religión y de acceso a la información. También atenta contra la Carta de Derechos Fundamentales, que protege la libertad de recibir y difundir información y afirma que la expresión lícita está protegida y solo se debería a posteriori por decisión un tribunal y mediante una petición legítima.
3. Los Estados miembros emitirán órdenes de expulsión transfronterizas sin control alguno
Según el resultado de las negociaciones tripartitas, cualquier autoridad competente tendrá la facultad de ordenar la eliminación de contenidos en línea, alojados en cualquier lugar de la Unión Europea, en el plazo de una hora. Esto significa que un Estado miembro puede extender su jurisdicción de ejecución más allá de su territorio sin un control judicial previo y sin tener en cuenta los derechos de las personas en las jurisdicciones afectadas. Ante las graves amenazas para el Estado de derecho en algunos Estados miembros de la Unión Europea, la confianza mutua sobre la que se sustenta la cooperación judicial europea puede verse gravemente perjudicada. Además, el procedimiento de notificación mínima y verificación por el Estado afectado que se contempla en el texto actual carece de salvaguardias suficientes contra la extralimitación y el abuso de poder del Estado, y no resolverá los desacuerdos entre Estados miembros sobre lo que constituye terrorismo, ironía, arte o información periodística. Instamos al Parlamento Europeo a que rechace esta propuesta, ya que supone una grave amenaza para la libertad de expresión y opinión, la libertad de acceso a la información, el derecho a la intimidad y el Estado de derecho. Además, sentará un peligroso precedente para cualquier legislación futura de la Unión Europea que regule el ecosistema digital, al distorsionar el marco de aplicación de la ley bajo el pretexto de reforzar el mercado único digital. Por lo tanto, la propuesta de Reglamento para abordar la difusión de contenidos terroristas en línea, tal y como se plantea actualmente, no tiene cabida en la legislación de la Unión Europea.
Ver documento original en inglés:
civil society organisations say no to online Terrorism Regulation by FIDH on Scribd