La FIDH cree que los derechos humanos deben convertirse en una prioridad fundamental del debate sobre las nuevas tecnologías. Es mucho lo que está en juego. Actualmente, la tecnología digital, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están inextricablemente ligadas a nuestras vidas, tanto en forma de herramientas de comunicación como de racionalización económica, climática o médica. Al lanzarnos hacia la competencia globalizada sin reflexionar primero en sus fundamentos, hacemos que nuestro futuro sea aún más incierto. Sin embargo, los derechos humanos todavía no se han incorporado debidamente a las consideraciones y debates sobre el uso de estas nuevas tecnologías.
La presidenta de la FIDH, Alice Mogwe inauguró el evento junto a Michelle Bachelet, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y Eamon Gilmore, la representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos.
La señora Mogwe hizo hincapié en la urgencia de abordar esta cuestión con un enfoque de derechos humanos. La apropiación tecnológica, en un contexto de creciente influencia de los regímenes iliberales y de las actividades empresariales no reguladas, de una falta general de conocimiento y concienciación, así como la inadecuación de los marcos existentes, sirve de advertencia colectiva sobre los riesgos para los derechos humanos, el acceso de todas las personas a los productos comunes y la preservación de nuestra autodeterminación. A partir de la experiencia de las personas defensoras de los derechos humanos de todo el mundo, Mogwe cuestionó el modo en que se abordan los problemas tecnológicos y su impacto, desde las ciudades inteligentes al control de Internet y la vigilancia y manipulación de la información.
Sharon Hom, directora de Derechos Humanos en China, una organización miembro de la FIDH, presentó el debate junto con Heidi Hautala (vicepresidenta del Parlamento Europeo), Giuseppe Abbamonte (director de la Comisión Europea, DG Connect), Michael O’Flaherty (director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea), Marie Arena, (presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo) y Eliska Pirkova (analista de Access Now).
La señora Hom comparó la rapidez con la que podría surgir el control algorítmico de nuestras vidas con la lentitud de nuestros procesos de adaptación. Especialista en China, considera que el régimen de Pekín es un caso paradigmático del potencial autoritario de las nuevas tecnologías, al tiempo que recuerda que las autoridades chinas pretenden exportar su modelo y posicionarse como líderes mundiales. El problema no radica únicamente en el riesgo de que regímenes o personas perjudiciales secuestren las tecnologías, sino también en el modelo de negocio que rige su desarrollo.
Hom analizó con brillantez los medios disponibles para velar por que la tecnología esté más centrada en el ser humano y se desarrolle de acuerdo con las necesidades de dignidad, autonomía y elecciones informadas. (Véase "Between a Rock and a Hard Place: Human Rights Defenders in China," [Entre la espada y la pared: las personas defensoras de los derechos humanos en China] una versión ampliada de las observaciones de Hom).
Por último, Penelope Faulkner, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de Vietnam (VCHR), una organización miembro de la FIDH, habló de las obligaciones de los Estados y del sector privado en materia de gobernanza tecnológica.
A partir de su experiencia en Vietnam, la señora Faulkner habló de la implicación de Facebook en las políticas represivas del régimen en el poder. De forma general, documentó la incoherencia de los gobiernos de todo el mundo, que no solo realizan prácticas comerciales que no respetan los derechos humanos, sino que llevan a cabo lo que podría describirse como la “subcontratación tecnológica” para defender la democracia. Confiar en la buena voluntad de los gigantes tecnológicos es realmente incoherente. Los marcos legislativos nacionales son insuficientes y los conceptos de ética y seguridad continúan siendo ambiguos. Es necesario reforzar el marco internacional de los derechos humanos y garantizar su eficacia.