13 de abril de 2026. Tras la Segunda Guerra Mundial se estableció el sistema europeo de derechos humanos, en un contexto caracterizado por la devastación y los desplazamientos masivos de población. El centro de este sistema está constituido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (el Tribunal), con sede en Estrasburgo: se trata de un último recurso para las personas que pretenden obtener justicia cuando su propio Estado vulnera sus derechos. Desde hace 75 años, este Tribunal hace lo que corresponde a los tribunales: aplicar el derecho, interpretarlo para reflejar las nuevas realidades y exigir responsabilidades a los gobiernos que lo infringen.
En la actualidad, diversos gobiernos de toda Europa intentan limitar su alcance.
Este proceso comenzó el año pasado con una carta a iniciativa de Italia y Dinamarca, firmada por nueve Estados que acusaban al Tribunal de proteger a las "personas equivocadas", es decir, a migrantes, y actualmente ya la suscriben una coalición de 27 Estados miembros del Consejo de Europa. El pasado mes de diciembre, estos Estados publicaron una declaración conjunta reiterando las acusaciones de "exceder sus competencias" judiciales y pusieron en marcha un proceso para que se reflejara en una posición oficial. Está previsto que mañana y el viernes, durante una conferencia ministerial que se celebrará en Chisinau, Moldavia, los ministros y ministras de Europa allí reunidos adopten una declaración política inspirada en estas reivindicaciones. Por primera vez desde la ratificación del Convenio, Europa podría lanzarse oficialmente por una senda hacia la debilitación de la protección de los derechos humanos, en contradicción con sus obligaciones internacionales.
No se ajusta a ninguna realidad jurídica. De hecho, los asuntos relacionados con la inmigración suponen tan solo una ínfima parte del trabajo del Tribunal. La afirmación de que Estrasburgo impediría a los gobiernos "gestionar" eficazmente la inmigración es pura ficción política. De hecho, algunos de los países europeos que acogen a más personas refugiadas –Francia, Alemania, España, Turquía– son precisamente los que se han pronunciado a favor del Convenio.
Sin embargo, existen varios gobiernos que han optado por dar crédito a esta ficción, considerando, al parecer, que si apoyan este proceso podrían neutralizar las críticas y, en determinados casos, como en el Reino Unido, acallar las voces de quienes piden pura y simplemente una retirada del Convenio. Sin embargo, se trata de un grave error. Cuando los gobiernos validan el argumento de que el Tribunal supone un problema, no solo no logran contener el populismo, sino que lo refuerzan. Confirman así la falsa idea de que la legislación en materia de derechos humanos constituye un obstáculo para la seguridad nacional, que el Convenio impone restricciones extranjeras a la soberanía de los Estados y que el Tribunal es un enemigo al que hay que controlar o eliminar. Además, una vez que se admite este argumento, rara vez las cosas terminan donde se pretendía.
Es posible que ahora el objetivo inmediato sean las personas migrantes, pero se pone en juego un principio universal. La cuestión es saber si Europa aceptará proteger a las personas de manera selectiva según un sistema de categorías. Se trata también de determinar si el Tribunal continúa manteniendo una competencia exclusiva para aplicar e interpretar el Convenio o si, por el contrario, los gobiernos pueden redefinir los derechos a su voluntad.
Uno de los derechos cuya interpretación algunos Estados desean hoy "ajustar" es el artículo 3 de la Convención: la prohibición absoluta de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. Los derechos absolutos existen precisamente para los casos más complicados, ya que cuando se acepta hacer excepciones, la línea divisoria jurídica y moral empieza a trasladarse. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ya ha expresado su preocupación en su reciente informe sobre Italia, uno de los nueve Estados que han impulsado la iniciativa, al considerar que este enfoque conllevaba el riesgo de sugerir que la prohibición absoluta de la tortura debería someterse a una especie de evaluación de proporcionalidad. Otro ejemplo es el Reino Unido, donde cualquier debilitamiento del artículo 3 podría tener consecuencias que irían mucho más allá de la migración, ya que afectaría especialmente a los casos procedentes del conflicto de Irlanda del Norte y a la capacidad de las víctimas de tortura para obtener justicia en virtud del Acuerdo del Viernes Santo de 1998.
Este ataque contra el Convenio se produce en un momento en que las instituciones multilaterales están sometidas a una gran presión en todo el mundo. Estados Unidos socava a las Naciones Unidas y se opone abiertamente a la Corte Penal Internacional. En toda Europa y más allá de sus fronteras, los gobiernos cuestionan cada vez más sus obligaciones internacionales y los mecanismos destinados a hacerlas cumplir. El ataque contra el TEDH se inscribe en este contexto de desintegración generalizada y rompe un tabú de casi ocho décadas: el consenso de la posguerra según el cual la paz y la estabilidad en Europa dependen de un derecho capaz de limitar el poder.
Los Estados impulsores de este proceso afirman que la migración constituye un "nuevo" desafío imposible de prever en 1950. Sin embargo, ¿qué era Europa en 1950? Un continente devastado por la guerra con 40 millones de personas desplazadas. Ciudades en ruinas y un sistema de racionamiento de alimentos aún vigente. La Convención no se redactó en una época de prosperidad sino que se redactó a la sombra de una catástrofe y se concibió específicamente para evitar que la historia se repitiera.
Hoy en día, Europa continúa siendo, a escala mundial, una región próspera y estable. Las verdaderas crisis a las que se enfrenta su ciudadanía –la inseguridad económica, el aumento del coste de la vida, la pérdida de confianza en las instituciones– no se pueden resolver debilitando la protección de los derechos humanos. Por el contrario, el estado de derecho refuerza el orden público, no lo amenaza. Las naciones europeas deberían recordar las razones que impulsaron a redactar este Convenio y reafirmar su compromiso de respetarlo y defenderlo, en lugar de abrir la vía a excepciones que pueden socavar todo el sistema, ya expuesto a múltiples amenazas tanto fuera como dentro de la propia Europa. En Chisinau, durante los dos próximos días, los Estados europeos deben decidir lo que quieren defender: un orden jurídico construido sobre las cenizas de los años más oscuros de Europa o la peligrosa ilusión de que los derechos pueden debilitarse para algunas personas sin que se pierdan para todas.