El Marco de Sostenibilidad Ambiental y Social del BEI (MSAS) es la referencia que debe servir de orientación en todas las operaciones del banco para que este "contribuya activamente al desarrollo sostenible y al crecimiento inclusivo". *
A pesar de que ha declarado su compromiso de aumentar el impacto positivo de sus actividades, el borrador del Marco propuesto por el BEI resulta insuficiente, según las observaciones que varios grupos de la sociedad civil han transmitido a la institución. Concretamente, las OSC destacan la escasa integración de las consideraciones de derechos humanos en el marco propuesto por el BEI.
En 2020, un estudio de CEE Bankwatch Network y Counter Balance (ES) puso de manifiesto las numerosas violaciones de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente relacionadas con proyectos financiados por el BEI, desde Kenya hasta Georgia y Bosnia-Herzegovina. En Nepal, una reciente investigación demostró que el BEI aportó fondos para un proyecto de línea de transmisión a pesar de que esta operación incumplía claramente sus propias normas ambientales y sociales y de que conocía las quejas formuladas por las comunidades locales afectadas por el proyecto.
El mes pasado, haciéndose eco de las demandas de la sociedad civil, el Parlamento Europeo instó al BEI a "aumentar la supervisión y la presentación de informes sobre sus proyectos fuera de la Unión Europea" y a "reforzar la diligencia debida en materia de derechos humanos". Los dos informes parlamentarios también instaban al BEI a aumentar su presencia sobre el terreno y a contar con más personal centrado en cuestiones de desarrollo, con objeto de que el banco respete realmente el principio de "no causar un daño significativo" en todas sus actividades.
Sin embargo, el banco no ha atendido ninguna de estas demandas. Así, el BEI continúa negándose a llevar a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos y ha desestimado las demandas de las OSC (EN) que solicitan un proceso de consulta más abierto y significativo.
Si el borrador de la propuesta se adopta en su estado actual, socavaría los compromisos sociales y medioambientales del BEI y el banco estaría muy por detrás de otras instituciones homólogas. Sin una estricta diligencia debida y unas líneas claras de responsabilidad, la actuación del BEI podría terminar siendo similar a la de un banco comercial medio, según advierten las OSC. El banco de la Unión Europea no debe perder de vista su misión pública de repercutir positivamente en los territorios y las personas afectadas por sus actividades.
El BEI es el brazo financiero de la Unión Europea y actualmente se está transformando en el "Banco del Clima de la UE". Además, está analizando diversos planes para aumentar sus operaciones de desarrollo fuera de Europa. Su poder macroeconómico es cada vez más importante, ya que la institución se encuentra en el núcleo de la financiación del Green Deal europeo y de los planes de recuperación de la Unión para hacer frente a las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19.
Xavier Sol, director de Counter Balance, afirmó: "En los últimos años, el BEI ha asumido valiosos compromisos en materia de clima y se ha convertido en una importante institución financiera. Sin embargo, no cumple con lo que dice. Ahora propone un débil conjunto de normas medioambientales y sociales, que estipulan que el BEI delegaría en gran medida su responsabilidad en sus clientes. Es urgente que el presidente del BEI, Hoyer, y su accionariado inviertan esta tendencia y velen por que el BEI se convierta en un prestamista responsable y aplique la diligencia debida".
Aleksandra Antonowicz-Cyglicka, coordinadora de Derechos Humanos y Apoyo a la Comunidad de la Red CEE Bankwatch, dijo: "En su calidad de organismo de la Unión Europea, el BEI debe defender los derechos humanos. No puede participar en proyectos que violen los derechos fundamentales, pues de lo contrario socavaría la reputación mundial de la Unión. Tal como se ha propuesto, el Marco de Sostenibilidad Ambiental y Social no salvaguarda los derechos humanos. Esperamos que la dirección del BEI mejore su diligencia debida en materia de derechos humanos y endurezca los requisitos para los promotores de proyectos".
Gaëlle Dusepulchre, representante permanente de la FIDH ante la Unión Europea, afirmó: "Los derechos humanos y el principio de desarrollo dirigido por la comunidad deberían constituir los principios básicos de las actividades del BEI. La falta de responsabilidades claras por parte del BEI y de sus clientes en cuanto al respeto de los derechos humanos resulta realmente preocupante. Instamos al Banco a que desarrolle una política global en materia de derechos humanos, que suponga el ajuste de las políticas y operaciones del Banco con sus obligaciones en materia de derechos humanos, de modo que las operaciones del BEI puedan beneficiar realmente a quien se supone que deben beneficiar: la población".
Catherine Gatundu, responsable de medios de vida resilientes y clima en Action Aid, afirmó: "Teniendo en cuenta las ambiciones climáticas y de desarrollo del BEI, es absolutamente fundamental que se escuche a las mujeres y las comunidades en las decisiones que afectan a sus vidas y su entorno. Es necesario adoptar medidas urgentes para que este proceso de revisión, así como toda decisión de inversión siguiente, sea inclusivo y significativo, también para las personas que viven en el Sur Global."
Ouafa Haddioui, coordinadora de programas de la Coalición Arab Watch, dijo "En un momento en el que muchos países en los que se desarrollan las actividades del BEI se enfrentan a una crisis de derechos humanos, la propuesta del banco sigue sin avanzar sustancialmente en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos. Esto puede abrir el camino para que se produzcan consecuencias perjudiciales para las condiciones de vida de las personas. Resultó igualmente decepcionante que la consulta pública excluyera en gran medida a las comunidades locales, al llevarse a cabo únicamente en las lenguas oficiales de la Unión Europea".
— Notas para los/as editores/as —
* El Marco se compone de un documento de política general y de 11 normas que abarcan una amplia variedad de temas como la participación pública, los derechos de los pueblos indígenas o la protección de la biodiversidad.
Existen varias contribuciones conjuntas de OSC:
• Sobre la política ambiental y social del BEI
• Sobre el tema transversal de los derechos humanos
• Sobre la norma relativa a la participación de las partes interesadas
• Sobre la norma relativa a los impactos y riesgos ambientales y sociales
• Sobre la norma relativa a la biodiversidad y los ecosistemas
• Sobre la norma relativa a los intermediarios financieros