En su informe sobre la consulta pública, el BERD subraya que "se toma en serio las cuestiones relacionadas con los principios políticos del artículo 1" y reitera que [...] "el artículo 1 (...) permite al Banco responder con rapidez a los cambios importantes en la situación política de los países en los que opera, de acuerdo con un razonamiento de aportar más a quién más se esfuerza y viceversa. De conformidad con este principio, instamos al Banco a abordar públicamente el deterioro de la situación de los derechos humanos al que se refiere en su Evaluación Política de 2022, en el marco de la aplicación de esta nueva Estrategia.
Del mismo modo, debemos observar que continúan existiendo varios motivos de preocupación. Lamentamos que el Diagnóstico del Sector Privado para Egipto de 2022 elaborado por el BERD no se encuentre disponible en la página web de "Estrategias y Políticas" en el momento de redactar este documento. Creemos que es necesario revisar el anterior Diagnóstico publicado en 2017 de modo que tenga en cuenta la nueva Estrategia que reconoce acertadamente la importancia de abordar el aumento de la presencia en la economía de Egipto de las empresas estatales y de las entidades vinculadas al ejército. La parte de la Evaluación Política sobre la lucha contra la corrupción también menciona "las dificultades relativas a la aplicación de la legislación actual, a la participación del sector privado en las decisiones que afectan al marco empresarial y a los procesos de contratación", así como "las preocupaciones relacionadas con el cumplimiento de los contratos".
Agradecemos al BERD el hecho de que reconozca los problemas de gobernanza y transparencia de Egipto. Al mismo tiempo, el BERD debería mencionar públicamente si estas deficiencias contribuyen directamente a que Egipto no alcance los objetivos económicos claves acordados en 2017.
Sin embargo, nos preocupa que el lenguaje que se utiliza para describir la crisis de los derechos humanos y del Estado de derecho siga siendo excesivamente diplomático. El lenguaje de la evaluación debería ajustarse en mayor medida a los documentos y las declaraciones publicadas por los organismos de la ONU sobre las mismas cuestiones y, aunque acogemos con satisfacción las múltiples referencias a las declaraciones de las personas expertas en derechos de la ONU, habría sido necesario reflejar con mayor precisión sus conclusiones.
Es lamentable que el BERD no haya realizado una evaluación de cuestiones de derechos fundamentales como el derecho a la vida, los derechos de la población cristiana y de otras minorías religiosas, la libertad de expresión y los derechos de las mujeres y de las personas LGTBQI+. La Metodología Política del Banco tampoco parece aportar criterios objetivos y concretos para evaluar la evolución del Estado de derecho, la independencia judicial y la situación de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en Egipto.
Por otra parte, debemos reiterar nuestro pesar por el hecho de que el BERD no haya hecho referencia a las graves violaciones ocurridas en el marco de las elecciones presidenciales de Egipto de 2018 en la Evaluación Política de 2022, teniendo en cuenta especialmente la concentración de poder en el poder ejecutivo egipcio. Recordamos que en la Evaluación Política de Egipto de 2017 sí se mencionaron todos los procesos electorales y referendos desde 2011. El Banco, en su respuesta a las preocupaciones manifestadas por la sociedad civil, declaró que, a la hora de abordar los problemas de transparencia y gobernanza que expone en la evaluación política. se basará principalmente en el "refuerzo de la gobernanza". El Banco subraya lo siguiente: "De cara al futuro, el Banco continuará acompañando sus inversiones con un sólido compromiso político en todos los sectores para contribuir a facilitar, entre otras cosas, una mayor participación del sector privado en la economía y una mayor igualdad de condiciones, una mejor gobernanza empresarial y económica en el sector público, [...] y la apertura de nuevas vías de oportunidades económicas que beneficien a toda la población de Egipto."
Aunque acogemos con satisfacción este esfuerzo, no estamos aún convencidos de que estas medidas sean suficientes. Insistimos en que la estrategia debe incluir las reformas necesarias de la legislación represiva, protecciones contra el acoso a las personas defensoras de los derechos humanos y políticas que promuevan la existencia de una sociedad civil egipcia independiente.
Las declaraciones del BERD sobre su intención de "continuar supervisando la situación en relación con los principios políticos del artículo 1 y podrá seguir colaborando con las autoridades en estas cuestiones, cuando proceda" son ciertamente alentadoras. Sin embargo, no estamos de acuerdo en que "prescribir prioridades, acciones o indicadores específicos en la esfera política" exceda las competencias del Banco. Por último, reiteramos nuestra firme opinión de que el Banco debe declarar públicamente el modo en que abordará el claro retroceso en la situación de los derechos humanos en Egipto, tal como se indica en su propia evaluación política, para que el BERD respete su propio mandato político.