La Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI) celebra este año con gran preocupación el Día Europeo contra la Impunidad, en un momento en el que la justicia internacional y la rendición de cuentas se enfrentan cada vez a más amenazas y ataques directos. Los conflictos armados, la violencia ejercida por el Estado y las atrocidades masivas están aumentando en todo el mundo, mientras muchos gobiernos e instituciones internacionales permanecen en silencio ante la impunidad generalizada y la creciente aplicación de dobles raseros. Esta falta de acción selectiva socava los derechos de las víctimas y refuerza las narrativas que deshumanizan a las personas supervivientes de los crímenes más graves.
Instamos a la UE y sus Estados miembros a tomar medidas firmes, decididas y concertadas para defender los derechos humanos y proteger los mecanismos de justicia internacional. Esta labor debe estar impulsada por un compromiso renovado con las víctimas y las personas supervivientes. Debemos garantizar la asistencia quienes reclaman justicia y velar por que sus derechos, sus voces y sus necesidades sigan siendo fundamentales en todos los procesos de justicia y rendición de cuentas.
Los países europeos y sus aliados conmemoraron recientemente el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero la actual agitación mundial y el alarmante aumento de los conflictos armados ensombrecen estas celebraciones. La población civil, en especial las mujeres, los niños y las niñas,1 es quien se ve más afectada por la violencia. Las numerosas víctimas y el derrumbe del orden basado en normas no son simples daños colaterales, sino que son el resultado de fallos políticos deliberados y de la falta de acción jurídica que exigen una corrección urgente. A lo largo de casi un año, diversas organizaciones de la sociedad civil han dado la voz de alarma sobre las sanciones y amenazas sin precedentes contra la Corte Penal Internacional (ICC) que han puesto en peligro la importante labor del tribunal en favor de las víctimas y las personas supervivientes en todo el mundo. En un clima de creciente presión para que se rindan cuentas, el incumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones jurídicas y su falta de respeto de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) socavan aún más los esfuerzos que se llevan a cabo para llevar la justicia allí donde más se necesita.
La credibilidad y la eficacia del sistema de justicia internacional dependen de un apoyo y un cumplimiento constantes. El Parlamento Europeo se ha hecho eco de estas preocupaciones y ha instado a la Unión Europea en varias ocasiones a responder a los ataques contra la justicia internacional, lo que incluye activa los mecanismos de protección como el estatuto de bloqueo. Todavía no se ha producido una respuesta firma y unida, teniendo en cuenta que ni Italia ni Hungría han ejecutado las órdenes de detención de la CPI y Hungríaha anunciado su retirada del Estatuto de Roma de la CPI, lo que erosiona los valores fundamentales de la UE. Se han producido otros acontecimientos que han debilitado el derecho internacional humanitario, como la reciente intención que ha manifestado Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia de retirarse de la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales– fundamental para prevenir crímenes de guerra y proteger a la población civil – que suponen otros fracasos en la lucha contra la impunidad. Esta peligrosa tendencia socava el marco jurídico internacional y amenaza la vida y el bienestar psicológico de millones de personas al conceder a los regímenes autoritarios libertad para continuar perpetrando los abusos o intensificarlos.
Al mismo tiempo,las organizaciones de la sociedad civil operan en condiciones cada vez más hostiles, incluso dentro de la propia Unión Europea. Las libertades civiles se han deteriorado en todo el mundo y se han visto gravemente limitadas en Europa en el curso de los últimos cinco años, lo que ha llevado a la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y los movimientos de solidaridad que prestan asistencia a las víctimas de los crímenes internacionales. Además, la retirada de fuentes de ayuda esenciales, como los programas de USAID y los recortes de financiación de numerosos gobiernos europeos, amenazan la asistencia que se presta a las personas que más lo necesitan, en particular a las mujeres y las minorías, así como el trabajo en curso para mejorar la rendición de cuentas.
La repercusión acumulada de las amenazas continuadas exige una solidaridad renovada y un compromiso colectivo más firme para apoyar a las víctimas, las personas supervivientes y sus comunidades en su demanda de justicia, verdad, reparación y no repetición de todos los crímenes.
“No somos personas que necesitan ser alimentadas. Tenemos hambre, pero no porque no tengamos comida. Tenemos hambre porque estamos bajo ocupación, nos están sitiando, estamos sufriendo un genocidio. Esto no es lo que quiere la gente de Gaza. No solo queremos comer. Queremos libertad. Eso es lo que queremos.” Mosab Abu Toha, escritor, poeta, académico de Gaza y ganador del Premio Pulitzer 2025 al mejor comentario por su descripción de la guerra de Gaza en la revista New Yorker, en declaraciones realizadas el 6 de mayo de 2025 en Democracy Now!
El mundo atraviesa un momento decisivo e histórico que requiere que la Unión Europea utilice plenamente los diversos mecanismos e instrumentos de los que dispone para preservar el derecho internacional y promover la paz, la estabilidad y la justicia para las generaciones futuras. Por ello, en el Día Europeo contra la Impunidad, la GIAI pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que lideren con determinación, salvaguarden las instituciones de justicia y se mantengan firmes al lado de las víctimas, las personas supervivientes y sus comunidades en la lucha mundial contra la impunidad. En particular, instamos a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que:
1. Reorienten sus estrategias de seguridad para dar prioridad a la seguridad de las personas por encima de cualquier enfoque militarizado, abordando los determinantes estructurales de la impunidad, como la corrupción, la discriminación, la debilidad del Estado de derecho y las masculinidades militarizadas. Esto supone, entre otras cosas, establecer mecanismos de rendición de cuentas para las exportaciones de armas, velando por que no contribuyan a violaciones del derecho internacional humanitario;
2. Impidan la comisión de cualquier crimen internacional en toda situación, incluso a través del cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la CIJ, como las que exigen a los Estados que impidan los actos de genocidio, faciliten la prestación de asistencia humanitaria y reparadora cuando sea necesario y preserven las pruebas relacionadas con todos los presuntos crímenes internacionales;
3. Cooperen con la CPI, en particular ejecutando las órdenes de detención, entregando a las personas sospechosas a la Corte y suspendiendo las relaciones diplomáticas con quienes han cometido los crímenes más graves;
4. Adopten y apliquen medidas de protección nacionales y regionales, como el estatuto de bloqueo de la Unión Europea, con el fin de respaldar las operaciones de la Corte Penal Internacional y proteger a las personas que cooperan con ella;
5. Garanticen los derechos de las víctimas de crímenes internacionales, concretamente facilitando su participación y su acceso efectivo a la justicia, incluso mediante la prestación de apoyo psicosocial, servicios de traducción y protección integral de los/as testigos;
6. Apoyen los mecanismos de rendición de cuentas y a las personas expertas de las Naciones Unidas en sus esfuerzos por acceder a las víctimas, investigar, proteger, defender los derechos humanos y hacer justicia por los crímenes internacionales;
7. Investiguen y enjuicien los crímenes internacionales a nivel nacional, mediante la adopción de la legislación necesaria y reforzando la capacidad de las autoridades nacionales para garantizar procedimientos creíbles, independientes y eficaces, incluso recurriendo al uso de la jurisdicción universal y extraterritorial;
8. Promuevan el acceso de las personas supervivientes a la reparación, entre otras cosas promoviendo el uso de sanciones selectivas y medidas de recuperación de activos contra las personas autoras de crímenes internacionales como forma de promover la justicia reparadora para las comunidades de víctimas;
9. Garanticen que se presta un apoyo financiero adecuado y sostenible a los sistemas de justicia internacional, entre otros, a la CPI, el Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones locales, que trabajan para mejorar la justicia y la rendición de cuentas;
10. Garanticen la transparencia en toda la labor realizada en ámbito nacional para combatir la impunidad, ya que es fundamental para coordinar el trabajo, identificar los ángulos ciegos y proporcionar evaluaciones significativas del compromiso de los Estados, mediante la publicación de datos desglosados anuales sobre los procedimientos penales en curso o pasados por crímenes internacionales.
Acerca de la Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI)
La Iniciativa Global contra la Impunidad de los crímenes internacionales: haciendo que la Justicia Funcione (GIAI) es un Consorcio de ocho ONG internacionales y la Coaliciones por la CPI, cofinanciada por la Unión Europea, cuyo objetivo es contribuir a la lucha contra la impunidad apoyando un enfoque completo, integrado e inclusivo de la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes internacionales.
En línea con este compromiso, lanzamos hoy la Plataforma de Gestión de Conocimiento de la GIAI, un centro de coordinación digital inclusivo y multilingüe para la colaboración, el aprendizaje y el intercambio de información.
“En este Día Europeo contra la Impunidad, insto a la UE a cumplir con sus obligaciones legales y morales implementando leyes y políticas de gestión de fronteras que respeten los derechos y protejan la vida de las personas migrantes y refugiadas. Las prácticas actuales las exponen al riesgo de tortura, esclavitud y naufragios, que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, a la vez que brindan refugio a los criminales buscados por la CPI. Las víctimas desean ser escuchadas, tener un espacio seguro para expresar sus opiniones e inquietudes, y sentir que el sistema de justicia sigue siendo algo en lo que pueden confiar. Incluyamos las voces de las sobrevivientes en nuestra lucha por la dignidad, la justicia y la rendición de cuentas.” David Yambio, defensor comunitario, defensor de los derechos humanos y portavoz de Refugees in Libya.