París, Bruselas, 24 de junio de 2025. Esta posición dista mucho de ser un compromiso entre la simplificación y el mantenimiento de una regulación efectiva de las empresas y propone vaciar por completo de sentido el objetivo de la obligación de vigilancia europea (en inglés, Corporate Sustainability Due Diligence Directive o CSDDD): prevenir y reparar las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente cometidas por las multinacionales.
El acuerdo, que establece la posición del Consejo en el marco de las futuras negociaciones con el Parlamento Europeo, confirma la actitud de mantener el statu quo que promueven los grupos de presión económicos y la extrema derecha, con la complicidad de algunos Estados miembros, entre ellos Francia.
A pesar de que numerosos actores de la (sociedad civil, sindicatos, empresas, economistas, el Banco Central Europeo) habían alertado sobre las consecuencias negativas de la Ómnibus I, el Consejo de la Unión Europea ha decidido encerrarse en una visión errónea de la simplificación de la vida de las empresas.
El Consejo ha decidido ir más allá de la ya de por sí poco ambiciosa propuesta de la Comisión Europea y propone elevar los umbrales de aplicación del deber de vigilancia europeo.
– Retomando la línea argumental de Francia, el Consejo quiere que el deber de diligencia europeo únicamente se aplique a las empresas de más de 5 000 trabajadores/as que facturen más de 1500 millones de euros. El número de empresas afectadas se reduciría así a una mínima expresión..
– Al proponer limitar la obligación de diligencia debida a los socios comerciales directos (aunque siga supuestamente un "enfoque basado en los riesgos"), el Consejo condena la eficacia del dispositivo. Esta limitación tendría consecuencias catastróficas sobre el terreno, ya que las violaciones de los derechos humanos y los daños ambientales más graves suelen producirse más allá de los socios comerciales de primera línea.
– La responsabilidad civil, pilar fundamental del deber de diligencia, tampoco sale bien parada. Lejos de simplificar, el Consejo se alinea con la propuesta de la Comisión de no armonizar el régimen de responsabilidad civil, lo que conduciría a una fragmentación de los regímenes jurídicos según los Estados miembros, en detrimento tanto de las víctimas como de las empresas.
– Por último, los Estados miembros se han tomado la libertad de debilitar aún más el aspecto climático de la Directiva sobre el deber de vigilancia europeo. Frente a la Directiva, que obligaba a las empresas a adoptar y aplicar planes de transición climática, la posición del Consejo reduce claramente el nivel de ambición de dichos planes. Las empresas seguirían siendo libres de no cumplir sus compromisos si el esfuerzo que se exige no les parece razonable.
Por otra parte, el Consejo ha dado su visto bueno a reducir considerablemente el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad (en inglés, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Esta posición supondría la exclusión de miles de empresas europeas de este dispositivo y favorecería el lavado de imagen verde.
Toda esta secuencia de hechos remite a una constatación igualmente inquietante: la política se aleja de la ciudadanía y se concreta el giro de las instancias europeas hacia la extrema derecha.
Una vez más, el Consejo ha cedido a la presión de los lobbys – Mouvement des entreprises de France (Medef), Fédération bancaire française (FBF) ) y otros— que aprovechan la inestabilidad actual para imponer su agenda de desregulación. Los intereses privados prevalecen sobre los derechos fundamentales y el futuro del planeta..
Más allá de sus repercusiones ambientales y sociales, esta secuencia se inscribe en un contexto en el que la extrema derecha gana terreno en Europa y se felicita abiertamente por esta ofensiva contra el Pacto Verde.
Nuestra organizaciones denuncian igualmente el silencio deliberado de las autoridades francesas ante la opinión de la gran mayoría de la ciudadanía y las demandas de las organizaciones de la sociedad civil. Ni Emmanuel Macron ni François Bayrou han aceptado entablar un diálogo sobre este tema con la sociedad civil.
Ante este panorama desolador, nuestras organizaciones hacen un llamamiento al Parlamento Europeo y a todos los actores de la sociedad que se han posicionado en contra de la Ómnibus I para que se unan en la lucha contra este enfoque reaccionario.