La FIDH y sus organizaciones miembros, ICT y HRIC, abogaron por que la Unión Europea adoptara una posición más firme y condenaron el Acuerdo Global de Inversiones (CAI) negociado entre la Unión Europea y China, por no garantizar que las inversiones fomentadas por el acuerdo se ajustaran al derecho internacional. En el marco de su extensa labor de denuncia de la discriminación sistemática hacia la población uigur y el trabajo forzoso a la que se la somete, así como la falta de resultados de la política de la UE de no injerencia, que se basa principalmente en un diálogo ineficaz, la FIDH empezó una campaña coordinada de varias ONG para lograr la inclusión de cláusulas obligatorias de derechos humanos en el Acuerdo Global de Inversiones UE-China y celebró reuniones informativas con los Estados miembros de la UE, los miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea.
En una comparecencia ante el Parlamento Europeo, la organización miembro de la FIDH, HRIC, explicó que la UE no podía firmar un acuerdo de esas características en el contexto actual, ante la falta de garantías para los derechos humanos. La resolución del Parlamento Europeo que ha logrado bloquear el CAI se produce tras la adopción de sanciones por parte de la UE contra cuatro personas y una entidad chinas en el marco del régimen general de sanciones de la UE en materia de derechos humanos por su papel en las graves violaciones de los derechos humanos contra la población uigur y otras minorías étnicas musulmanas en la región china de Xinjiang.