Señora Presidenta, señoras Comisarias, señores Comisarios:
La FIDH celebra los importantes avances en favor de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que están teniendo lugar en el continente, como en Gambia, donde finalmente se ha respetado la elección de los votantes al iniciar la vía hacia una transición democrática esperada desde hace tiempo o la sentencia en apelación de las Salas Extraordinarias Africanas que confirma la condena a cadena perpetua de Hissène Habré por los crímenes cometidos en el Chad entre 1982 y 1990.
Sin embargo, los derechos humanos en África siguen exigiendo que la Comisión tome medidas firmes. Se trata sobre todo del desafío que supone una lucha contra el terrorismo respetuosa de los derechos humanos, que debe constituir una prioridad para la Comisión y nuestros Estados. Desde 2015, aquí en Níger, los sangrientos ataques de Boko Haram han provocado el desplazamiento de 200 000 personas, aunque la lucha contra el grupo terrorista también se ha llevado a cabo con violaciones de los derechos humanos, a pesar que el Gobierno lleva ya un año intentando ponerles fin. En el país vecino, Malí, dos años después de la firma del Acuerdo de Paz los grupos armados multiplican los ataques e instrumentalizan el retraso en su aplicación. Tan solo en 2016, se han registrado 385 ataques que han costado la vida a 332 personas, entre ellas 207 civiles, por un conflicto que se está extendiendo al centro del país. Más allá del Sahel, todo el continente se encuentra confrontado a la cuestión terrorista. Frente a esta amenaza, nuestros Estados refuerzan a menudo su retórica en defensa de la seguridad para legitimar una contraofensiva que en demasiadas ocasiones se lleva a cabo al margen del derecho internacional e instrumentaliza las leyes antiterroristas para reprimir a los opositores y a la sociedad civil, como ocurre en RDC, Burundi, Zimbabwe, Etiopía o Kenya. En estos momentos, nuestros Estados deben dar prioridad a una lucha contra el terrorismo que respeto los derechos humanos, basada, entre otras cosas, en los principios y las directrices de la Comisión, puesto que la victoria contra ese flagelo no se podrá obtener a través de la violación de los derechos humanos.
La FIDH invita también a la Comisión a reforzar las medidas en relación a las crisis graves. En Sudán del Sur, el alcance y la naturaleza de los crímenes cometidos por las fuerzas gubernamentales, las de la oposición y sus milicias afines, exigen una acción coordinada y urgente. Los crímenes sexuales generalizados cometidos por los beligerantes constituyen estrategias de guerra que requieren la adopción por parte de la Comisión Africana de una resolución que obligue a las autoridades a ofrecer a las víctimas garantías de protección, justicia y reparación.
En Burundi, estos dos años de crisis han ocasionado al menos 2 000 muertes, entre 400 y 900 desapariciones, cientos de personas víctimas de tortura, más de 10 000 han sufrido o sufren detención arbitraria y 420 000 burundeses se han refugiado en países vecinos para huir de la violencia política. En dos años, toda la oposición política independiente ha sido silenciada y las organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos han sido suspendidas e incluso eliminadas definitivamente, como la Liga ITEKA.
La Comisión debe mantenerse especialmente vigilante y movilizada ante el desafío que suponen los futuros procesos electorales, como en República Democrática del Congo, donde la incertidumbre sobre la organización de las elecciones presidenciales ha reavivado ya el recrudecimiento de los conflictos y las violaciones de los derechos humanos, tanto en el este como en el sur del país. Las Naciones Unidas han confirmado la existencia en la región de Kasai de 40 fosas comunes, resultado de la sangrienta represión perpetrada por las FARDC contra la milicia Kamuina Nsapu. A esos crímenes se añade la constante represión de las voces opositoras y la creciente reducción del espacio democrático, que contribuyen a agravar la crisis electoral. Al mismo tiempo, Kenya se prepara para unos comicios decisivos después de unas elecciones primarias donde se han registrado actos de violencia e irregularidades. En ese contexto de tensión, las defensoras y defensores de los derechos humanos, pilares de la democracia en este país, se enfrentan amenazas, actos de intimidación y detenciones y arrestos y arbitrarios.
En estos momentos en que se debate la nueva arquitectura de la Unión Africana, estos ejemplos recuerdan la necesidad de reforzar la coordinación de la gestión de las crisis, incorporando en mayor medida la cuestión de los derechos humanos en la toma de decisiones y, sobre todo, con la puesta en práctica de sus medidas, mediante hojas de ruta concretas en materia de protección de los derechos humanos. La Comisión debería así abrir esta vía y adoptar resoluciones que establezcan esas hojas de ruta para Sudán del Sur, Burundi, Kenya y la RDC.
Señora Presidenta:
En este contexto, la justicia y la lucha contra la impunidad deben ser objetivos prioritarios, puesto que es una manera de evitar los crímenes más graves y de contribuir a las reformas institucionales necesarias para reforzar el Estado de derecho y evitar que se repitan crisis como las que se indican. El proceso judicial que se está llevando a cabo contra Haya Sanogo en Malí, y la detención y extradición de Toumba Diakité por la masacre del 28 de septiembre en Guinea son señales alentadoras, así como la puesta en marcha progresiva del Tribunal Penal Especial en República Centroafricana. Sin embargo, el fracaso del proceso contra Simone Gbagbo en Côte d´Ivoire o los obstáculos en la creación del tribunal mixto para Sudán del Sur muestran que la lucha contra la impunidad necesita el impulso de una voluntad política fuerte y constante, que la Comisión debe seguir promoviendo. Alentamos también a la Comisión a que utilice los instrumentos a su disposición para luchar contra la impunidad de los crímenes. A ese respecto, le instamos a que recurra, cuando reúna las condiciones, a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos respecto de las situaciones de violaciones graves o generalizadas de los derechos humanos como en Burundi.
Muchas gracias.