Ginebra, 16 de octubre de 2025. Cuando el Consejo de Derechos Humanos adoptó en septiembre su resolución semestral sobre la cooperación con las Naciones Unidas (ONU), quedó confirmada una vez más una realidad profundamente preocupante: las personas defensoras de los derechos humanos que colaboran con la ONU continúan siendo objeto de represalias, que van desde la intimidación y vigilancia hasta la imposición de restricciones de viaje y la denegación de la entrada en su propio país. La FIDH acoge con satisfacción la adopción de la resolución de 2025, que reitera el compromiso de la ONU con una cooperación segura y sin obstáculos. Sin embargo, la persistencia y la evolución de las represalias demuestran que se necesitan urgentemente mecanismos de protección más sólidos.
A pesar de los compromisos persisten las represalias
Este problema está sobradamente documentado. El informe de 2025 del Secretario General de la ONU muestra que las represalias siguen siendo una práctica generalizada cada vez más sofisticada. Las personas defensoras se enfrentan a intimidación, vigilancia, acoso judicial y presión ejercida a través de sus familias simplemente por colaborar con los mecanismos de la ONU. Se observa asimismo un aumento de las denuncias anónimas, lo que refleja una creciente autocensura por el miedo imperante. En muchos contextos, las personas defensoras llegan a sufrir represalias incluso cuando se encuentran fuera de su país de origen, lo que demuestra que pueden ser de naturaleza transnacional. Estas prácticas no solo silencian las voces, sino que socavan la eficacia de todo el sistema de derechos humanos de la ONU.
En este contexto, el Consejo de Derechos Humanos planteó el contenido de su resolución semestral sobre la cooperación con la ONU, una de las pocas oportunidades formales para reforzar el compromiso contra las represalias en este marco. La FIDH acoge con satisfacción la adopción por consenso de la resolución de 2025 y el hecho de que mantenga un lenguaje firme sobre la autocensura y el uso indebido de la legislación en materia de seguridad, al tiempo que aporta aclaraciones útiles, como una referencia más clara a los actos que se producen fuera de las fronteras nacionales y la necesidad de contar con una mejor coordinación dentro de las Naciones Unidas.
Sin embargo, los Estados miembros deberían haber ido más allá. En esta resolución no se establece ningún procedimientos de seguimiento más estricto, lo que indica que los casos de represalias que no se resuelven se toleran en lugar de abordarlas. Por otra parte, el texto tampoco refleja plenamente la creciente tendencia a la represión transnacional y no incluye medidas de protección concretas, como visados de emergencia o reubicación temporal para las personas defensoras en situación de riesgo. Por último, no reconoce explícitamente el derecho a regresar al país de origen, un elemento esencial de la libertad de circulación, lo que deja un vacío de protección que ha quedado dolorosamente patente en casos recientes, como el de Nassera Dutour.
El caso de Nassera Dutour
Nassera Dutour es la presidenta del Colectivo de Personas Desaparecidas en Argelia (CFDA) y ha dedicado su vida a la búsqueda de la verdad y la justicia para su familia y para otras miles de familias afectadas por las desapariciones forzadas en Argelia. Durante casi tres décadas, ha cooperado constantemente con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. El 30 de julio de 2025, poco después de una misión al Consejo, se le impidió entrar en Argelia y fue expulsada por la fuerza a Francia, lo que contraviene el artículo 12 del PIDCP y la propia Constitución argelina. Aunque las autoridades no dieron explicación alguna de la decisión, al parecer, le dijeron: “Señora, usted trabaja para una ONG”. Después de décadas de cooperación con las Naciones Unidas, este acto constituye claramente una represalia. En lugar de permanecer en silencio, regresó a Ginebra el mes pasado para plantear su caso ante los mecanismos de las Naciones Unidas y los Estados miembros.
Cuando a una defensora que ha cooperado con las Naciones Unidas durante casi treinta años se le prohíbe el acceso a su propio país después de intervenir en el Consejo de Derechos Humanos, el sistema debe responder con firmeza. Esta cuestión reviste aún más gravedad si se tiene en cuenta que Argelia es miembro del Consejo. Los miembros del Consejo deben aplicar las normas más estrictas en materia de derechos humanos, abstenerse de tomar represalias y garantizar que la cooperación con la ONU esté protegida tanto en la ley como en la práctica. Para que el Consejo mantenga su credibilidad, no solo debe condenar las represalias, sino también garantizar que sus consecuencias sean significativas.
Llamamiento de la FIDH a la acción
La FIDH insta a los Estados miembros, los mecanismos y los organismos de las Naciones Unidas a que vayan más allá del consenso político y adopten medidas prácticas para garantizar la seguridad de quienes colaboran con las Naciones Unidas, lo que supone un seguimiento público y periódico de los casos de represalias sin resolver hasta que se logren soluciones, el reconocimiento explícito de las formas transfronterizas de represión, la inclusión de medidas de protección como visados de emergencia o reubicación temporal segura, y una mayor rendición de cuentas por parte de los miembros del Consejo que no respeten las normas más estrictas en materia de derechos humanos. Cuando se castiga a las personas defensoras por cooperar con la ONU, como se ha visto en Argelia, Egipto, China y muchos otros contextos, se pone en peligro la credibilidad de todo el sistema. La FIDH continuará apoyando a las personas defensoras de los derechos humanos que sufren represalias y abogando por el establecimiento de marcos de protección más sólidos dentro de la ONU.
La participación significativa, inclusiva y segura de la sociedad civil no solo es un derecho fundamental, sino que es esencial para la legitimidad y la eficacia del sistema internacional de derechos humanos.