8 de junio de 2026. Hoy comienza la conferencia climática de los órganos subsidiarios (SB64) en la secretaría climática de las Naciones Unidas en Alemania, lo que da inicio al proceso formal de negociación que conducirá a la Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en noviembre en Turquía. Estas conversaciones se producen en un momento en el que existe una demanda creciente por una política climática basada en los derechos humanos.
En la COP30, la sociedad civil logró una decisión pionera para desarrollar un Mecanismo de Transición Justa que acelere y coordine una acción climática favorable a la justicia social y los derechos humanos para todas las personas. Hace tan solo unas semanas la Asamblea General de la ONU votó a favor de respaldar la opinión consultiva sobre el clima de la Corte Internacional de Justicia, reafirmando la importancia de las obligaciones legales vinculantes—incluidas las de derechos humanos— para la cooperación climática.
Mientras tanto, una "coalición de partes dispuestas" formada por 57 Estados y miles de grupos de la sociedad civil se reunió en abril en Colombia para debatir soluciones prácticas en sus contextos nacionales con el fin de eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, la Presidencia brasileña de la COP30 espera abordar las mismas cuestiones a través de una "hoja de ruta hacia Antalya".
Ninguno de estos planes puede responder al reto que se nos plantea sin situar la protección de los derechos humanos en el centro de las negociaciones y la aplicación. La FIDH colabora con sus socios del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Cambio Climático para informar a las partes negociadoras sobre estas cuestiones y garantizar que el trabajo en Bonn esté a la altura en lo que respecta a los principios de derechos humanos y el espacio cívico.
La transición para abandonar los combustibles fósiles exige la participación efectiva de las personas y comunidades afectadas, así como las personas defensoras, para alcanzar una economía respetuosa con los derechos humanos que no extraiga recursos, ni siquiera los que se denominan "recursos críticos" o "verdes", y que respete la dignidad.
Esta transición requiere igualmente contar con un espacio civil sólido para que las personas defensoras puedan proponer soluciones reales con el fin de reducir las emisiones y denunciar las violaciones ocasionadas por proyectos y políticas que no tienen en cuenta los derechos humanos.
La FIDH continuará presionando para que la justicia y los derechos humanos sean parte integral de la solución a la crisis climática.