Declaración de Ales Bialiatski ante el Consejo de Derechos Humanos - 28º periodo de sesiones

Consejo de Derechos Humanos – 28º periodo de sesiones Sesión de carácter general - 5 de marzo 2015

Declaración oral de Aliaksandr Bialiatski

Sr. Presidente, Alto Comisionado:
Señoras y señores:

Me llamo Ales Bialiatski. Soy el presidente del Centro de Derechos Humanos Viasna de Belarús y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Durante tres años, como ha reconocido el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, permanecí en detención arbitraría en mi país debido a mis actividades en relación con los derechos humanos. La opinión pública internacional, así como las múltiples peticiones para mi liberación se hicieron eco en esta sala y lograron ejercer una presión que permitió mi puesta en libertad.

En muchos países, los defensores y defensoras de los derechos humanos carecen de la oportunidad de actuar o hablar abiertamente. Se sofoca su voz y nadie la escucha. El Consejo de Derechos Humanos es único por el espacio que ofrece a la sociedad civil, que se permite realizar declaraciones públicas sobre los problemas de nuestras regiones. Los defensores, las defensoras y las ONG de derechos humanos que participan en el trabajo del Consejo son actores de cambio y de progreso en su propia sociedad.

Más allá de las voces de la sociedad civil, las declaraciones de la ONU y las disposiciones sobre derechos humanos en países concretos ofrecen el impulso político necesario para apoyar a los ciudadanos y ciudadanas en los países donde puedan ser perseguidos por ejercer sus derechos y libertades. Los mandatos concretos para un país han demostrado su utilidad en situaciones de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Debemos proteger y cuidar este espacio así como el trabajo de los relatores especiales de las Naciones Unidas.

Sr. Presidente:
Los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan a múltiples obstáculos y riesgos, desde amenazas a su integridad física, ataques, malos tratos, matanzas y desapariciones forzadas hasta calumnias, vigilancia ilegal y detención arbitraria. Son objeto de leyes que definen sus actividades legítimas como “antiestado” y se les coloca la humillante y falsa etiqueta de “agente extranjero” (en inglés), como ocurre en Rusia, o se les procesa penalmente por sus actividades dentro de las organizaciones no inscritas, como sucede en Belarús. Se restringe o bloquea su acceso a financiación y se criminalizan sus actividades permitidas. A pesar de la Resolución 22/6, que fue adoptada por este Consejo hace dos años, de las normas internacionales y de la cada vez más abundante jurisprudencia, el espacio para la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos está amenazado o se están reduciendo a escala global.

Los regímenes represivos encarcelan a los activistas pacíficos con acusaciones inventadas para poder silenciarlos. En mi propio caso, el Comité de Derechos Humanos reconoció que mi detención era la consecuencia directa de la violación de mi derecho a la libertad de asociación. Al hacer esto, el Comité dejó claro que ninguna manipulación de la legislación interna por los estados puede ocultar a la comunidad internacional las graves violaciones de los derechos humanos.

En muchas partes del mundo, los defensores y defensoras de los derechos a la tierra y medioambientales también pagan un alto precio, a veces el más alto precio, por enfrentarse al desarrollo y al uso incontrolado de la tierra, que es perjudicial para la subsistencia y viola los derechos humanos.

Sr. Presidente:
Los ataques a la sociedad civil van de la mano de los ataques a la universalidad de los derechos humanos que se realizan con el pretexto de “tradición”, “religión” o “valores”. Al apoyar el derecho al desarrollo que tienen las culturas humanas únicas, también nos pronunciamos contra el uso de estos conceptos como instrumentos de control y represión social y como armas para minar las normas internacionales sobre libertad de expresión, libertad de religión, derechos de las mujeres, igualdad de género y no discriminación de las personas por su orientación sexual e identidad de género.

Señoras y señores:
En este Consejo, las múltiples cuestiones de orden presentadas contra reconocidas ONG se hacen eco de la persecución de la sociedad civil a escala nacional. No se puede permitir que esto continúe. El Consejo debe defender el espacio de la sociedad civil y, a través de las diversas herramientas a su disposición, debe ejercer toda la presión que pueda para reducir los abusos de poder y exigir responsabilidades. No es solo el mandato del Consejo (según el párrafo 3 de la resolución 60/251 (en inglés) de la Asamblea General de la ONU), sino que también es una obligación moral.

Estamos conmocionados por el asesinato de Boris Nemtsov, la famosa figura pública rusa, y exigimos una investigación profunda e independiente de este crimen. Para terminar, desearía formular un sencillo deseo: que los defensores y defensoras de los derechos humanos a quienes actualmente se impide acudir a esta asamblea, como Nabeel Rajab, Mazen Darwish, Hani Al-Zitani, Hussein Gharir, Razan Zeitouneh, Yara Sallam, Mahienour El-Massry, Alaa Abdel Fattah, Raif Badawi, Waleed Abu Al-Khair, Nasrin Sotoudeh, Nargess Mohammadi, Leyla y Arif Yunus, Rasul Jafarov, Intigam Aliyev, Hilal Mammadov, Azimjan Askarov y muchos otros que han sido objeto de acusaciones falsas, que están en prisión o han sido secuestrados, puedan dar su testimonio en esta misma sala.

Gracias por su atención.

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