Ginebra, 8 de julio de 2025. El Consejo adoptó seis resoluciones relacionadas con el género, entre ellas una sobre la aceleración de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, con especial atención al papel de los derechos económicos, sociales y culturales. En este contexto, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) celebra el rechazo de las enmiendas hostiles que atentan contra la autonomía corporal y la educación sexual integral, aunque lamenta que persistan los debates en torno a conceptos fundamentales como el "género". La FIDH también celebra la renovación del mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, aunque lamenta que un mandato centrado en principios fundamentales como el derecho a vivir sin violencia y discriminación siga siendo objeto de votación.
Estos resultados se hacen eco de varias demandas presentadas por la Alliance Féministe Francophone (AFF), que participó en la segunda semana del periodo de sesiones. Su delegación, integrada por ocho activistas, dio voz a los llamamientos para que se adopten medidas más enérgicas en materia de igualdad de género, no se realicen concesiones en los derechos adquiridos, se garantice una participación más inclusiva en la toma de decisiones y se mejore el acceso a una financiación feminista sostenible.
La FIDH acoge además con satisfacción la adopción de la resolución sobre el espacio de la sociedad civil, que reafirma el papel fundamental que desempeña la sociedad civil a todos los niveles, incluso en situaciones de conflicto y posconflicto. Esta resolución reconoce el uso creciente de legislación represiva para criminalizar y silenciar a la sociedad civil, lo que por primera vez incluye las leyes sobre financiación extranjera. Aunque la FIDH aprecia las nuevas adiciones que denuncian las represalias y la vigilancia en el extranjero, lamenta que no se haya incluido una referencia explícita a la "represión transnacional" Reconocer este concepto supondría un importante paso hacia el establecimiento de medidas adecuadas contra esta práctica cada vez más extendida.
En cuanto a la situación en los países, la FIDH celebra la adopción por consenso de la resolución sobre la situación de los derechos humanos de las personas musulmanas rohinyás y otras minorías en Myanmar. En el texto se reconoce el empeoramiento de la crisis humanitaria y se destaca la importancia de la no devolución, la protección transfronteriza, la rendición de cuentas y las reparaciones.
El Consejo renovó asimismo hasta 2026 el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su función de supervisión y apoyo en Ucrania. La FIDH acoge con satisfacción el texto, que subraya la necesidad de continuar la labor de documentación y asistencia mientras Rusia continúe llevando a cabo agresiones y violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados.
Se presentó un proyecto de resolución para poner fin al mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, aunque finalmente se rechazó. Este intento, el primero de este tipo, se inscribe en el marco de una tendencia más amplia cuya intención es desmantelar los mecanismos específicos por país. El voto decisivo del Consejo en contra de que se termine este mando garantiza que se continúa llevando a cabo una supervisión independiente en un contexto de violaciones graves y persistentes. Constituye una señal clara del Consejo de que prevalece la rendición de cuentas.
Por otra parte, la FIDH siguió de cerca las adopciones del Examen Periódico Universal, en particular las de Kazajstán, Irán y Egipto. En lo que respecta a Irán, la FIDH lamenta que las autoridades rechazaran más de la mitad de las recomendaciones recibidas, entre otras, las relativas a la pena de muerte, la discriminación por motivos de género y el espacio cívico. Del mismo modo, el Gobierno egipcio negó la existencia de personas encarceladas por motivos políticos y desestimó las recomendaciones sobre el espacio cívico y la pena de muerte. Kazajstán, por su parte, no abordó las principales preocupaciones sobre las leyes represivas contra la sociedad civil.
En todos los ámbitos, la persistente crisis financiera y de liquidez de las Naciones Unidas eclipsó numerosos debates. El incumplimiento por parte de los Estados de su obligación de pagar íntegra y puntualmente sus contribuciones al presupuesto de las Naciones Unidas ha socavado gravemente la capacidad del ACNUDH para cumplir sus mandatos más importantes. En una decisión adoptada al final del periodo de sesiones se citan 18 mandatos que actualmente no pueden ejecutarse. Entre ellos, es especialmente alarmante la restricción de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre la República Democrática del Congo, habida cuenta de las graves violaciones de los derechos humanos que siguen cometiéndose en el país. En un momento en que tanto las Naciones Unidas como la sociedad civil de todo el mundo se enfrentan a graves restricciones financieras, los Estados deben cumplir sus compromisos financieros y garantizar un apoyo previsible y sostenible a los derechos humanos.
La FIDH también se unió a otras organizaciones asociadas en una declaración conjunta (en inglés) al término de la sesión, en la que se presentaba un resumen detallado de las principales conclusiones de la sociedad civil sobre el 59.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.