París, Nairobi, Kinshasa, 19 de junio de 2023. La población civil y, en especial las mujeres y los niños y niñas, están pagando el precio de la debilidad de la comunidad internacional. Hace ya décadas que se suceden episodios de violencia sin precedentes, sin que la comunidad internacional salga de su apatía. Las potencias regionales apoyan a las milicias que cometen atrocidades, y el gobierno central ha sido incapaz de garantizar una paz duradera.
“Asesinan a los padres delante de sus hijos e hijas, mientras que otras familias los ven morir ante sus propios ojos, en un ambiente de caos general”, recuerda Dismas Kitenge, del Grupo Lotus, organización miembro de la FIDH en la RDC. “¿En qué otra parte del mundo aceptaríamos esta situación? La población congoleña del este merece vivir en paz, como el resto de la humanidad. La magnitud de la violencia obliga a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional a actuar rápido, mejor y, sobre todo, de forma concreta.”
Varias razones explican estos ciclos de violencia, pero el motivo que la comunidad internacional podría ayudar a resolver es la impunidad. El este de la República Democrática del Congo (RDC) reúne todos los elementos para que se dé una situación insostenible, llevada al extremo. La justicia nacional e internacional pueden desempeñar aquí un papel clave.
Karim Khan, fiscal de la CPI, en la RDC: una visita bien recibida, pero que tiene que ir seguida de la toma de medidas
Al término de una visita de cuatro días, el fiscal de la CPI y el gobierno de la RDC firmaron el 1 de junio un Memorando de Entendimiento para reforzar su cooperación en la lucha contra la impunidad por los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos en la RDC. El 15 de junio, el fiscal declaró que había notificado a la judicatura que las autoridades congoleñas habían remitido el asunto a la Fiscalía para la apertura de una investigación sobre los crímenes cometidos en Kivu Norte desde el 1 de enero de 2022.
“Tenemos pruebas de todos estos crímenes perpetrados contra la población congoleña y estamos dispuestos a colaborar con la CPI en el marco de la justicia penal internacional”, ha declarado Paul Nsapu, presidente de la Liga de Electores y coordinador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El Memorando de Entendimiento es una manifestación del principio de “complementariedad positiva” entre la CPI y los Estados partes: un enfoque complementario y no competitivo. De este modo, la Fiscalía podrá respaldar a las autoridades nacionales reforzando la capacidad de las instituciones encargadas de tratar los casos de crímenes internacionales, que a menudo son complejos.
Diecinueve años después de que la CPI abriera una investigación en la RDC que condujo a la condena definitiva de Thomas Lubanga Dyilo, Germain Katanga y Bosco Ntaganda, el gobierno congoleño ha remitido a la CPI los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kishishe, al este de la RDC, desde 2022. Las Naciones Unidas han condenado los ataques del M23 y la Unión Europea ha instado a Rwanda a dejar de apoyar al movimiento rebelde y el fiscal de la CPI ha anunciado que va a abrir un examen preliminar de la situación.
Durante muchos años, estas masacres han sido documentadas tanto por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que han trabajado en difíciles condiciones de seguridad, así como por organismos de las Naciones Unidas y por las autoridades nacionales.
Con una sociedad civil dispuesta a colaborar con la CPI, un Protocolo firmado con el Estado y un fiscal de la CPI que parece querer ayudar a poner fin a este interminable ciclo de violencia, ¿es posible tener esperanza para el este de la RDC?
La FIDH, junto con sus organizaciones miembros, alienta a la Fiscalía de la CPI y al gobierno de la RDC a pasar de las palabras a los hechos y a tomar medidas. Haremos todo lo posible para apoyar las iniciativas de las personas afectadas: la impunidad debe cesar, la paz debe volver.