15 de octubre de 2025. Tras una votación no competitiva, Angola, Ecuador, Egipto, Estonia, India, Iraq, Italia, Mauricio, Pakistán, Eslovenia y el Reino Unido fueron elegidos nuevos miembros del consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unida y Chile, Sudáfrica y Viet Nam han sido reelegidos para un segundo mandato consecutivo. En enero de 2026, estos Estados se sumarán a los demás miembros que actualmente forman parte del consejo, formado por 47 integrantes y es el principal órgano de derechos humanos de la ONU, responsable de la celebración de debates sobre las crisis de derechos humanos, la elaboración de normas a través de resoluciones e informes y el establecimiento de mandatos especializados para situaciones y cuestiones de derechos humanos que sean motivo de preocupación.
A pesar del requisito de que los miembros del consejo deben "aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos" y "cooperar plenamente con el consejo", según lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU por la que se creó este organismo, en el proceso de elección de este año se ha premiado a varios Estados con sólidos antecedentes de represión, lo que pone de manifiesto la necesidad de supervisar rigurosamente la conducta de los nuevos miembros durante su mandato 2026-2028.
Si se analiza su historial en materia de derechos humanos dentro de sus propias fronteras, varios de los nuevos miembros comparten una preocupante tendencia hacia la reducción del espacio cívico y la comisión de ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Egipto, la India y Ecuador han aplicado leyes y políticas regresivas que imponen cargas administrativas y financieras indebidas a las organizaciones de la sociedad civil. Estas medidas han sofocado de forma efectiva la actividad cívica y limitado la labor de las personas defensoras.
El uso indebido de la legislación antiterrorista y de seguridad nacional para perseguir a las personas defensoras de los derechos humanos y activistas es otra tendencia preocupante y se trata de una práctica firmemente arraigada en la India y Egipto, así como en la reciente designación en el Reino Unido del grupo de protesta Palestine Action como organización terrorista. Aunque no existe ningún Estado con un historial perfecto en derechos humanos, los miembros elegidos para formar parte del CDH deben realizar esfuerzos auténticos y demostrables para abordar las preocupaciones nacionales en la materia y reforzar la protección de la sociedad civil. Todos los miembros deberían adquirir una serie de compromisos voluntarios al inicio de su mandato en el consejo y, a lo largo del transcurso del mismo, se debería evaluar periódicamente la aplicación de estos compromisos, así como el cumplimiento general de los criterios de adhesión por parte de cada Estado.
Los miembros del consejo deben cumplir su compromiso de cooperar con el CDH y sus mecanismos conexos, como los órganos creados en virtud de tratados y los procedimientos especiales, así como de permitir la participación de su sociedad civil nacional. Existen varios indicadores sencillos que pueden utilizarse para evaluar esta cooperación o su ausencia. Así, desde 2017 se ha incluido a Egipto en todos los informes anuales del Secretario General sobre los casos de represalias contra partes interesadas de la sociedad civil que colaboran con las Naciones Unidas, mientras que Viet Nam figura en nueve de los once informes. En cuanto a la cooperación con los procedimientos especiales, la mayoría de los nuevos miembros han cursado una invitación permanente a los mandatos de los procedimientos especiales para que realicen visitas al país (todos excepto Angola, Egipto, Mauricio, Pakistán y Viet Nam). Sin embargo, en la práctica, varios Estados continúan sin colaborar de forma constructiva, como la India, que no ha aceptado ninguna visita al país desde 2017, y Pakistán, que ha hecho lo mismo desde 2012.
Este resultado pone asimismo de relieve las deficiencias del procedimiento del sistema de elección, especialmente la tendencia de los distintos bloques regionales a coordinarse para celebrar elecciones no competitivas, es decir, proponer un número de candidaturas igual al de vacantes. Este año, por primera vez desde 2021, todos los bloques regionales presentaron una lista limpia, de modo que se celebra una elección no competitiva, lo que socava la credibilidad del propio proceso. Es fundamental que los Estados participen en un proceso verdaderamente competitivo con el fin de mejorar los criterios de selección de los miembros, como quedó demostrado con éxito en las elecciones de 2024, cuando Arabia Saudita quedó en último lugar en una lista competitiva presentada por el Grupo Asia-Pacífico y no consiguió un puesto en el consejo.
La pertenencia al consejo no debe considerarse una función simbólica o política, sino una responsabilidad fundamental para aplicar las normas más estrictas en materia de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. La FIDH insta a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros a que garanticen la celebración de unas elecciones verdaderamente competitivas y den prioridad a las candidaturas con un historial demostrable de cooperación y respeto de los derechos humanos. Es fundamental para preservar la legitimidad del consejo respetar un escrutinio y una transparencia constantes.
La FIDH y sus organizaciones miembros seguirán supervisando la conducta de los miembros del CDH y abogando por una mayor rendición de cuentas y protección de las personas defensoras de los derechos humanos que colaboran con el consejo.