10 de febrero de 2017
Excelencia:
Habida cuenta del grave deterioro de la ya de por sí pobre situación de los derechos humanos en Bahrein y como acción colectiva mínima necesaria, instamos a su delegación a que apoye la declaración conjunta ante el 34.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que expresa nuestra preocupación al respecto y hace un llamamiento para la mejora de la situación de los derechos humanos en Bahrein.
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) en buena medida ha guardado silencio sobre la situación en Bahrein hasta que 35 Estados presentaron una declaración conjunta sobre Bahrein en el 30.º periodo de sesiones del CDH celebrado en septiembre de 2015. Durante este periodo, y especialmente desde la mitad del año 2016, la situación ha empeorado de forma significativa. Creemos que es sumamente importante que los miembros del CDH y los Estados observadores dejen constancia de su profunda preocupación por la situación.
Casos de ejecuciones ilegales y corredor de la muerte
En enero de 2017, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su consternación por la ejecución de Sami Mushaima, Ali al Singace y Abbas al Sameea, acusado de asesinato de tres agentes de policía, mencionando su supuesta tortura mientras se encontraba detenido y el hecho de que “no se permitió a su abogados acceder a todas las audiencias contra ellos ni interrogar a los testigos durante las vistas judiciales”. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias calificó las ejecuciones de “asesinatos extrajudiciales”.
Estas ejecuciones han despertado inquietud porque el rey Hamad bin Isa Al Khalifa apruebe la ejecución de dos ciudadanos de Bahrein, Mohamed Ramadan y Husain Ali Moosa, cuya condena se basada casi exclusivamente en confesiones que el Sr. Ramadan y el Sr. Husain Ali Moosa alegan fueron obtenidas por coacción mediante tortura y posteriormente ambos se retractaron. Además, estamos profundamente preocupados por el hecho de que los supuestos investigadores independientes sobre la tortura de Bahrein, es decir, la Unidad Especial de Investigación y el Defensor de los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, no han investigado las acusaciones de tortura en algunos de estos casos, lo que ha permitido la celebración de los juicios contra estos cinco hombres basados en confesiones supuestamente obtenidas mediante tortura.
Importante deterioro de la situación de los derechos humanos hasta junio de 2016
Estos casos son algunos de los acontecimientos más preocupantes que se han producido en los últimos doce meses, periodo durante el que se ha llevado a cabo una represión orquestada del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación que ha debilitado profundamente las perspectivas de una solución política a los conflictos internos de Bahrein. En junio de 2016, las autoridades del país disolvieron el principal grupo político de oposición, al Wifaq; encarceló al principal líder defensor de los derechos humanos, Nabeel Rajab; acusó a un destacado abogado de derechos humanos, Mohamed al Tajer, de delitos que violan su derecho a la libertad de expresión; y se hostigó y persiguió a clérigos chiitas que protestaron pacíficamente contra la suspensión arbitraria de la nacionalidad del líder espiritual de al Wifaq, Sheikh Isa Qasim. La justicia de Bahrein continúa desempeñando un papel fundamental en el sistema de represión y ha concedido a las autoridades amplia discrecionalidad a la hora de suspender la ciudadanía bahreiní. Las autoridades han continuado de una manera arbitraria retirando la nacionalidad a quienes se muestren críticos con el Gobierno, en algunos casos dejándoles en una situación de apátridas.
Tortura y rendición de cuentas
En la declaración de septiembre de 2015, los miembros y observadores del CDH instaron a Bahrein a “abordar de forma adecuada todos los informes de tortura y malos tratos de los detenidos y a garantizar que se investiga y persiguen estos casos hasta el final”. Por desgracia, siguen surgiendo informes creíbles de Bahrein sobre casos de tortura y malos tratos de los detenidos y las autoridades han avanzado muy poco para que la policía y las fuerzas de seguridad rindan cuentas. En enero de 2017, Bahrein devolvió la atribución de llevar a cabo detenciones y de investigar a la Agencia de Seguridad Nacional de Bahrein (NSA), que en 2011 llevó a cabo redadas domiciliarias y torturó a los detenidos, sembrando el terror, según el informe de la Comisión de Investigación Independiente de Bahrein (BICI). La decisión de otorgar a la NSA el poder de arrestar y detener deja sin efecto una de las pocas recomendaciones que el Gobierno había aplicado según las recomendaciones del informe de la BICI de 2011.
Prohibición de viajar
Las autoridades de Bahrein han obstaculizado de manera sistemática a los activistas del país en su labor de información a los representantes de los Estados miembros y observadores del CDH. En junio y en septiembre de 2016, se impusieron prohibiciones arbitrarias de viajar a numerosos activistas de los derechos humanos, lo que les impidió participar en el 32.º y 33.º periodo de sesiones del CDH. Estas prohibiciones de viajar se aplicaron, entre otros, a los activistas de derechos humanos Nedal al Salman y Abdulnabi al Ekry; Mohamed al Tajer, un abogado de derechos humanos; Jalila al Salman, antigua vicepresidente de la disuelta Asociación de Profesores de Bahrein; Rula al Saffar, activista de derechos humanos; Mohamed Sharaf, presidente del capítulo bahreiní de Transparencia Internacional y Ebrahim al Demistani, médico y activista de los derechos humanos, anteriormente detenido. El Gobierno se niega a permitir que Human Rights Watch y otras organizaciones de supervisión de los derechos humanos visiten el país.
Conclusión y recomendaciones
La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas creó el CDH como órgano encargado de la promoción y protección de los derechos humanos y subrayó la importancia de las organizaciones no gubernamentales para la consecución de este fin. Bahrein no solo viola abiertamente los derechos humanos fundamentales, sino que obstaculiza los esfuerzos del CDH por promover y proteger estos derechos.
Instamos a su delegación a que reanude sus esfuerzos para que se aborde la situación de los derechos humanos en Bahrein en el próximo 34.º periodo de sesiones del Consejo y promueva y apoye una resolución en la que se pida al Gobierno de Bahrein, como mínimo, lo siguiente:
– Poner en libertad a los manifestantes, activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados o condenados únicamente por ejercer los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.
– Garantizar que se llevan a cabo investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales sobre todas las alegaciones de tortura y malos tratos.
– Demostrar la efectividad, imparcialidad e independencia de las instituciones de derechos humanos, entre ellas la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Investigaciones Especiales y la Comisión de Derechos de los Prisioneros y Detenidos.
– Conmutar las penas de muerte de Mohammed Ramadan y Husain Ali Moosa.
– Revisar o derogar las leyes que limitan indebidamente la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica y de asociación.
– Iniciar una reforma completa del sistema judicial para garantizar la independencia efectiva del poder judicial.
– Garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante y después de las protestas de 2011, entre las que se incluyen las documentadas en el informe de la BICI, sin limitarse a ellas.
– Cooperar con los Procedimientos Especiales del CDH y, entre otras cosas, permitir que los Relatores Especiales con solicitudes pendientes para visitar Bahrein puedan acceder rápidamente al país, como es el caso del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sobre la tortura.
Instamos a su delegación a que exija al Gobierno de Bahrein que adopte las medidas urgentes necesarias para poner fin al grave deterioro de la situación en materia de derechos humanos en el país. Pedimos a su delegación que suscriba esta declaración conjunta como un primer paso para avanzar hacia este objetivo.
Esperamos que continúen colaborando en estas cuestiones y estamos a su disposición para proporcionarles más información en caso necesario.
Aprovechamos la ocasión para reiterarle el testimonio de nuestra más alta consideración.
Atentamente,