Comisión de Derechos Humanos
61 sesión, 14 de marzo-22 de avril 2005
Intervención escrita de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Organización no-gubernamental con estatuto consultativo especial
Punto 3 del orden del día
Colombia
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), expresa su preocupación ante la Comisión de Derechos Humanos por la persistencia de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario durante el 2004 en Colombia por parte de todos los actores del conflicto - grupos paramilitares en connivencia con las fuerzas armadas, de policía y guerrillas- en forma principalmente de masacres, asesinatos, desapariciones forzosas y secuestros.
La FIDH se encuentra especialmente preocupada por:
el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, realizado en ausencia de un verdadero marco legal, pudiendo dar cabida a una puerta a la impunidad sin contar con los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.
la situación de permanente amenaza y acoso a la acción y personas de los defensores de Derechos Humanos
la creciente desafección del gobierno colombiano ante la acción de las Naciones Unidas para los derechos humanos y la resolución pacífica del conflicto, ilustrada en la salida del Sr. Lemoyne, representante del Secretario General de Naciones Unidas como resultado al desentendimiento de las autoridades colombianas.
Persistencia de violaciones a los derechos humanos en 2004 e infracciones al DIH.
En 2004, como en los años precedentes, la población civil colombiana ha sido víctima de violaciones de los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y amenazas. La responsabilidad principal de estos actos recae sobre los grupos paramilitares, que actúan bajo la connivencia de las fuerzas públicas colombianas y la impunidad que le prodiga el proceso de negociación en curso con dichos grupos.
Igualmente ha de destacarse los ataques sufridos por parte de la población civil en modo de atentados y de secuestros a manos de las fuerzas de la guerrilla (FARC, ELN) y de grupos paramilitares.
Inquietud ante un proceso de desmovilización carente de un marco jurídico definido que pueda tornarse una puerta abierta a la impunidad
En 2004, el gobierno continuó las negociaciones de paz con los grupos paramilitares a pesar de que estos han violado sistemáticamente el cese fuego. La Defensoría del Pueblo de Colombia anunciaba en un informe en septiembre de 2004 que en los primeros ocho meses de 2004 había recibido 342 denuncias referidas a violaciones del cese al fuego por parte de grupos paramilitares. Desde la fecha de la declaración de cese al fuego hasta agosto de 2004, los paramilitares han asesinado o ejecutado desapariciones forzosas de 1899 personas.
La FIDH desea expresar su preocupación respecto del proyecto de desmovilización de los grupos paramilitares. La FIDH subraya la necesidad de que tal proceso, para ser realmente eficaz exige que dicho proceso de desmovilización se realice bajo un plan global de paz luego de un verdadero cese de las hostilidades por parte de las fuerzas paramilitares y bajo un sólido marco jurídico que garantice que el proceso de desmovilización no es una puerta abierta a la impunidad, teniendo en cuenta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación por las violaciones de los derechos humanos cometidas por estos grupos armados. El proceso actual no respeta ninguna de estas condiciones. El gobierno no ha levantado la salvaguardia del articulo 124 de los Estatutos de Roma permitiendo que sean juzgados los crímenes de guerra. Al contrario les prometio a los paramilitares, en el curso de las negociaciones con ellos que no serian juzgados por la Corte Penal Internacional.
Grave situación de acoso y amenaza a los Defensores de Derechos Humanos y preocupación respecto de la política de « Seguridad Democrática » como conculcadora de derechos y libertades esenciales1.
La FIDH se encuentra profundamente preocupadas por la utilización de la violencia contra los defensores de derechos humanos, tales como abogados, sindicalistas, lideres comunitarios, grupos campesinos e indígenas y periodistas. Esta situación de permanente amenaza y acoso hacia los grupos comprometidos en la defensa y promoción de los derechos humanos se enmarca en la estrategia llamada de « Seguridad democrática » por parte del gobierno colombiano que bajo la rúbrica de la lucha contra el terrorismo, equipara a los defensores de los derechos humanos con terroristas o voceros de éstos. La FIDH expresa su más honda preocupación ante una tal equiparación, la cual en el contexto de abierta violencia en Colombia supone una grave amenaza para los defensores de derechos humanos al situarlos directamente como objetivos de grupos armados.
Es probable que en el 2005 el gobierno vuelva a presentar la reforma legislativa Anti-terrorista que la Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible por vicios de procedimiento en agosto el 31 de agosto de 2004 y que dotaba al ejército de poderes judiciales, le permitía detener personas, interceptar comunicaciones, hacer allanamientos sin orden judicial y proceder al levantamiento de cadáveres en zonas de conflicto. A finales del 2004 las detenciones masivas disminuyeron, reemplazadas por las detenciones arbitrarias que constituyen una estrategia cada vez más utilizada por las autoridades públicas para sancionar el trabajo de los defensores de Derechos Humanos. Acusados de rebelión o de pertenecer a grupos terroristas, los defensores de Derechos Humanos son así judicializados y sometidos en muchas ocasiones a largas penas de prisión. La ausencia de pruebas es encubierta por las redes de informantes invitados, presionados o pagados para mentir.
Preocupación por la desafección del gobierno colombiano ante la acción de Naciones Unidas respecto a los Derechos Humanos y a una resolución pacífica del conflicto.
La FIDH desea igualmente expresar su más honda preocupación respecto de la política de no cooperación seguida por el Estado colombiano con las Naciones Unidas para la consecución de la paz y la justicia en Colombia. Este hecho se pone de relevancia con la salida confirmada del Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas para Colombia, el Sr. James Lemoyne, motivada por la desafección del gobierno colombiano a esta iniciativa de buenos oficios, como queda demostrado tras la salida del Sr. Lemoyne sin que el gobierno prevea ninguna sucesión en este puesto. Igualmente, la FIDH subraya su preocupación por el incumplimiento por parte del gobierno colombiano de las recomendaciones de las Naciones Unidas en materia de promoción y defensa de los Derechos Humanos.
La FIDH considera preocupante la actitud del gobierno colombiano ante las Naciones Unidas, erosionando la labor del representante del Secretario General y cercenando una vía más para la resolución pacífica y negociada del conflicto que se vive en Colombia. Igualmente, la FIDH muestra su preocupación ante las consecuencias futuras que puede conllevar el alejamiento iniciado por el gobierno colombiano de cara al bienestar y derechos de la población, en caso de hacerse extensiva esta desafección a otras agencias de la ONU, como por ejemplo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) al negarse el gobierno colombiano al reconocimiento del conflicto armado existente en Colombia. La FIDH desea así expresar su rotundo apoyo a las iniciativas desplegadas por las Naciones Unidas y muy especialmente por el Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas, como esfuerzos para la resolución pacífica y negociada del conflicto.
Tenida cuenta de estas razones, la FIDH y sus organizaciones miembro en Colombia urgen a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas a adoptar una Resolución sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia en la que:
Exprese su grave preocupación respecto de la situación de los Derechos Humanos en Colombia y urja al gobierno colombiano y a todos los actores del conflicto a respetar los Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario.
Exhorte a las autoridades colombianas a garantizar la integridad y libertad de acción de los defensores de derechos humanos como actores clave para la defensa de las libertades y derechos en Colombia.
Convoque a los actores del conflicto a retomar el diálogo en aras a concluir un Acuerdo Humanitario que vele por el bienestar y los derechos de la población civil afectada.
Afirme la necesidad de que el proceso de desmovilización se realice conforme a un marco jurídico riguroso que garantice que tal proceso no es una puerta abierta a la impunidad, teniendo en cuenta los derechos de las víctimas, y procediendo efectivamente a una desmovilización real con un verdadero cese de hostilidades por parte de los grupos armados, entrega de las armas y confiscación de los bienes adquiridos de modo ilícito.
Llame al gobierno colombiano a depurar las fuerzas de seguridad y del Estado en general de todo funcionario público que haya tenido o tenga aun vínculos con grupos paramilitares o armados.
Inste el gobierno a levantar la reserva del articulo 124 del Estatuto de Roma
Se abstenga de impulsar medidas legislativas y reformas institucionales que restrinjan los derechos y libertades de las poblaciones afectadas.
Exprese su inquietud por la desafección del gobierno colombiano ante los buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas, especialmente en la persona del Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas para Colombia, el Sr. James Lemoyne, llamando al gobierno de Colombia a cooperar estrechamente con el Secretario General en la resolución pacífica y negociada del conflicto.