Dos miembros del ahora desaparecido grupo de teatro Prakai Fai (Fuego Chispeante), Pornthip Munkong, conocida como Golf, y Patiwat Saraiyaem, conocido como Bank, serán condenados a penas de cárcel de acuerdo con lo establecido por el riguroso y cruel artículo 112 del Código Penal tailandés. Este artículo impone condenas de cárcel para quienes difaman, insultan o amenazan la figura del rey, la reina, el heredero al trono o el regente. Las personas consideradas culpables de infringir el artículo 112 se enfrentan a penas de prisión que pueden ir de los tres a los quince años.
Pero ¿qué delito han cometido Golf y Bank? Actuaron en una obra de teatro con trasfondo político llamada Jao Sao Maa Paa (La novia lobo). La obra se representó en la Universidad Thammasat de Bangkok el 13 de octubre de 2013 y formaba parte de una serie de actos conmemorativos del 40 aniversario de la revuelta estudiantil del 14 de octubre de 1973 contra la dictadura militar del mariscal Thanom Kittikachorn. Las autoridades consideran que la obra, cuyo argumento gira en torno a una monarquía ficticia, insulta de alguna manera al venerado rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej. No existen más detalles sobre los delitos supuestamente cometidos por estos dos jóvenes. Esto se debe a que la inflexible aplicación del artículo 112 hace que el relato de las alegaciones de lesa majestad se considere, en sí mismo, una violación del mencionado artículo.
Golf y Bank ya se han declarado culpables de los cargos de lesa majestad, lo que no debería interpretarse como una aceptación de responsabilidad penal. Por desgracia, declararse culpable es una decisión estratégica a la que recurren los imputados por este tipo de cargos para conseguir una reducción de condena significativa.
A Golf, una activista social de 26 años, y a Bank, un estudiante universitario de 23, se les detuvo a mediados de agosto del año pasado. Desde entonces, han estado confinados en la cárcel central de mujeres y en el centro de prisión preventiva de Bangkok, respectivamente. Como suele ser habitual en los casos de detenciones por delitos de lesa majestad, el tribunal ha rechazado las numerosas peticiones de dejar en libertad bajo fianza a los jóvenes a la espera de juicio. Su encarcelamiento ha significado que Golf no pueda ver cumplidos sus planes de marcharse a trabajar al extranjero y que Bank se haya visto obligado a aplazar sus estudios en la Universidad Khon Kaen. Las autoridades carcelarias han impuesto fuertes restricciones a sus actividades culturales, se les han confiscado los libros y se vigila hasta el más mínimo detalle de todas las conversaciones que mantienen con sus visitantes.
Mientras tanto, las autoridades persiguen con empeño al resto de personas involucradas en la representación de la controvertida obra. Algunas de ellas, por miedo a ser detenidas y acusadas de haber cometido algún delito contra el artículo 112, ya han salido del país, uniéndose así a los cientos de estudiantes, activistas, académicos y artistas que abandonaron Tailandia después del golpe de Estado del 22 de mayo de 2014.
Desde que llegó al poder la junta militar gobernante, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden (CNPO), una de sus principales prioridades es detener y juzgar a los sospechosos de haber cometido algún delito de lesa majestad. A partir del golpe de Estado, al menos 40 personas han sido detenidas, acusadas de haber infringido el artículo 112. Siete de ellas ya han sido condenadas a penas de prisión de entre tres y quince años.
La mayoría de estos casos presenta elementos relacionados con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la participación en la vida cultural de la comunidad. Ambos derechos están garantizados tanto en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), respectivamente. Tailandia ratificó ambos tratados en su momento y, en consecuencia, tiene la obligación de cumplir sus disposiciones. Los legisladores deben asegurarse de que las disposiciones del PIDCP y del PIDESC se han incorporado al derecho tailandés y los jueces, por su parte, deberían invocar las cláusulas de estos pactos en sus veredictos. Incluso el artículo 4 de la constitución provisional aprobada unilateralmente por el CNPO establece que Tailandia debe seguir respetando los acuerdos y tratados de los que es Estado parte, como el PIDCP y el PIDESC.
La caza de brujas que actualmente está llevando a cabo el CNPO con la detención de los sospechosos de haber cometido algún delito de lesa majestad supone una vulneración de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y un incumplimiento de su deber de respetar, proteger y cumplir estos derechos fundamentales. La junta gobernante ha bloqueado páginas web y ha prohibido cualquier libro que haga referencia a la familia real tailandesa. Los militares hostigaron a los miembros del grupo de teatro B-Floor porque su obra Bang-la-merd (Distrito de violaciones) contenía referencias al artículo 112. Siraphop Komarut permanece entre rejas y se enfrenta a cargos de lesa majestad por haber escrito un poema que mencionaba a la monarquía tailandesa. En muchos casos, se imputan estos cargos a personas que han compartido a través de Facebook opiniones y contenidos relacionados con la monarquía.
El lunes, mientras Hollywood celebra los logros más significativos del mundo cinematográfico, Tailandia será noticia una vez más por castigar la libertad artística y la libertad de expresión. Es hora de que la junta acabe con el mal uso y el abuso del artículo 112, para que el país asiático no siga ocupando titulares por este motivo. La ONU ha manifestado en numerosas ocasiones su preocupación acerca de la persecución y las duras condenas que se dictan en Tailandia por delitos de lesa majestad. Para lograr la reconciliación, el CNPO debe aceptar y cumplir los tratados internacionales de los que Tailandia es Estado parte. Además, la junta debe reconocer el talento de la juventud tailandesa a la hora de abordar los problemas sociales de una manera creativa, sin violencia ni amenazas. Al hacerlo, el CNPO debería aceptar las recomendaciones de la ONU e iniciar un proceso constructivo para reformar la aplicación del artículo 112, con objeto de que sea acorde con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos internacionales.
Andrea Giorgetta es el director en el Sudeste asiático de la FIDH
Se ha publicado una versión revisada de este artículo de opinión en el Bangkok Post del 21 de febrero de 2015 (en inglés).