“El levantamiento de la moratoria de la pena de muerte sería una mancha terrible en la historia de los derechos humanos de Pakistán,” declaró Karim Lahidji, presidente de la FIDH. “La pena de muerte es cruel, inhumana y degradante, y debe ser completamente abolida.”
El Ministerio del Interior de Pakistán envió instrucciones a todas las secretarías de asuntos interiores de las provincias para que aplicasen las penas de muerte de los prisioneros condenados a muerte que hayan agotado todas las vías jurídicas de apelación o de indulto. A raíz de un ataque de los talibanes contra una escuela en Peshawar en diciembre de 2014, Pakistán anunció que iba a reanudar la aplicación de las condenas a la pena de muerte para los convictos de terrorismo, levantando así la moratoria sobre las ejecuciones, que ha durado seis años. 24 personas habrían sido supuestamente ejecutadas en Pakistán desde entonces. Este reciente anuncio del Gobierno podría ampliar la reanudación de la aplicación de la pena de muerte a todos los delitos, por lo que pondría a cientos de prisioneros en Pakistán en riesgo de una ejecución inminente.
"Nuestras organizaciones están consternadas al ver cómo se está utilizando el sentimiento público de impunidad ante los terroristas para reactivar las ejecuciones,” afirmó Zohra Yusuf, vicepresidenta de la FIDH y presidenta del HRCP. “Creemos que las autoridades buscan venganza en vez de justicia e instamos al Gobierno a que tenga en cuenta el costo humano de esta decisión.”
El sistema de justicia penal de Pakistán está plagado de numerosos defectos e irregularidades y se caracteriza por las detenciones arbitrarias, los escasos requisitos en materia de pruebas para condenar a sospechosos y la poca protección que brinda a los abogados y jueces ante amenazas y presiones políticas. En este contexto, la reanudación de las ejecuciones supondría una clara violación de las obligaciones internacionales contraídas por Pakistán para proteger el derecho a la vida y el derecho de las personas a tener un juicio justo y un tratamiento digno.
La FIDH y el HRCP reiteran su firme oposición a la pena de muerte para cualquier delito y en todas las circunstancias ya que la consideran un tratamiento inhumano y una violación al derecho inalienable a la vida. La FIDH y el HRCP instan a las autoridades pakistaníes a que anulen la decisión de reanudar las ejecuciones y restablezclan la moratoria de las ejecuciones por todos los delitos, con objeto de abolir completamente la pena de muerte.